Cuba y la unificación monetaria
Existen altas probabilidades de que, comenzando 2015, se den los primeros pasos para eliminar la dualidad cambiaria y de monedas en Cuba.El nombramiento de Marino Murillo como nuevo ministro de Economía y Planificación de Cuba puede haber tenido, entre una de sus motivaciones, darle la responsabilidad de ocuparse directamente de este complejo proceso.
Ello requiere un efectivo diseño de política económica para manejar los impactos, y también un gran esfuerzo en la organización operacional.
El país lleva más de 20 años funcionando con circulación simultánea de varias monedas y con tasas de cambio múltiples. En un inicio predominaban en la circulación el peso cubano y el dólar estadounidense, y actualmente el peso cubano y el peso convertible. Esta última moneda está llamada a extinguirse en el camino a la unificación monetaria para que así se restablezca el peso como único signo monetario nacional.
Por otra parte, debe solucionarse la distancia entre la tasa de cambio oficial empleada para las transacciones empresariales y del presupuesto estatal y la tasa de cambio vigente para las operaciones de las familias y los turistas, que actualmente es de 24 veces.
Desmontar la dualidad de monedas y el sistema de tasas de cambio múltiples no es sencillo, implica cambiar la manera en que las empresas, familias y gobierno se han acostumbrado a asignar los recursos y tomar las decisiones. Involucra, igualmente, un cambio de perspectiva hacia los problemas económicos que han prevalecido en todos estos años y, en gran medida, han quedado ocultos o borrosos por las distorsiones monetarias y cambiarias.
La devaluación de la tasa de cambio oficial, anclada en un peso cubano a un dólar estadounidense, constituye la acción indispensable para desencadenar los procesos que conllevan a la unificación monetaria. La devaluación se transmitirá a los mercados y variables comerciales y financieras mediante diversos canales. La política económica que
acompañe a la devaluación definirá cuáles de estos mecanismos de transmisión tendrán mayor preponderancia o incluso cuáles quedarán anulados.
Tales decisiones se han venido conciliando desde hace varios años en el Banco Central, el Ministerio de Economía y Planificación y el Ministerio de Finanzas y Precios, junto a otras entidades del gobierno involucradas. Al parecer ya se ha llegado a un consenso y,
próximamente, se pondrá en marcha la tan anunciada y esperada reforma monetaria.
Uno de los principales canales mediante el cual la devaluación se trasmitirá a toda la economía es el de la inflación. Las tasas de cambios múltiples y la sobrevaloración oficial del peso cubano han mantenido distorsionados los precios relativos de los bienes y
servicios, el cálculo de los costos de producción, la medición de la rentabilidad y la competitividad empresarial, los salarios reales y el presupuesto del Estado. En realidad, la devaluación de la tasa de cambio solo es un medio para corregir finalmente todas estas
distorsiones, que impiden un mejor aprovechamiento de las capacidades productivas de la economía.
Por tanto, para que la devaluación cumpla su fin, esta debe afectar los precios relativos. El éxito de la política económica es que haya una corrección de los precios y salarios tras la devaluación, pero que se evite la creación de una espiral inflacionaria, es decir, que se
evite caer en un círculo vicioso donde el incremento de los precios genere más aumento de precios de manera incontrolada en el tiempo. En otras palabras, la inflación no debería evitarse, sino manejarse.
La política económica no debe anular los efectos de la devaluación, sino guiarlos hacia los mercados donde más distorsiones existen, amortiguando los impactos allí donde menos capacidad de reacción inmediata se identifique y donde se prevean mayores costos sociales.
Sería deseable que la devaluación tenga efectos reales en la economía y no solo nominales. Más técnicamente, los economistas diríamos que sería deseable no solo una devaluación de la tasa de cambio nominal, sino también de la tasa de cambio real. Por ejemplo, se esperaría que quiebren las empresas estatales que demuestren su insostenibilidad
financiera en el nuevo escenario monetario, que el presupuesto del Estado y el Plan de la Economía cambien su estructura de gastos y subsidios, y que no existan límites burocráticos para que las empresas favorecidas con la devaluación incrementen el salario real de sus trabajadores.
Hasta el momento, se cuenta con muy poca información sobre la política económica que acompañará al proceso de eliminación de la dualidad monetaria. Solo se han publicado algunas regulaciones que estarán vigentes el “día cero”, esto es, a partir del momento en que la economía trabaje con el peso cubano como único signo monetario. Analicemos estas regulaciones y sus posibles impactos en la inflación.
Los cambios para la política salarial
Los trabajadores públicos cubanos no son compensados anualmente por el costo de la inflación en sus salarios reales; no existe ningún procedimiento de indexación ni para los salarios ni para las pensiones. Las empresas y entidades públicas no tienen autonomía para modificar los salarios pagados a sus empleados. A través de procedimientos burocráticos, asociados al plan central de la economía, el gobierno ha venido regulando que cada año los salarios estatales no crezcan más que la productividad.
Ello ha sido un factor determinante en el control de la inflación desde la pasada década del noventa, sin embargo, no se ha logrado transitar a un esquema de garantía de la estabilidad monetaria en un contexto de salarios más flexibles. Lo que podría denominarse como una “meta intermedia” de la política monetaria cubana (el ajuste de los
salarios estatales a la productividad) ha funcionado muy bien para garantizar una baja inflación, pero no ha dejado espacio para que el salario incentive la productividad, más bien ha encadenado un círculo vicioso de baja productividad y bajos salarios.
La política económica no tiene pensado cambiar dicha meta intermedia por el momento, se seguirá apoyando en ella como una de las vías principales para conservar los equilibrios monetarios. Lo que parece que sucederá con la anunciada reforma de la empresa estatal es una flexibilización en la manera en que se controla dicha meta, una vez que las empresas puedan decidir con mayor autonomía sus niveles salariales.
La reforma de las empresas estatales implica que estas podrán decidir su sistema salarial e incrementar los niveles salariales de acuerdo a sus capacidades financieras. Se le permitirá destinar parte del 50 por ciento de las utilidades al final del año para otorgar incentivos monetarios a los trabajadores. De cumplirse a cabalidad dicho anuncio
y no colocarse otras trabas a través del plan central, estarían las empresas estatales en una posición más favorable para responder a las oportunidades que crean la devaluación de la tasa de cambio y la unificación de las monedas.
Igualmente, para los empleados en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y para los trabajadores vinculados a las empresas extranjeras están previstos incrementos salariales. Para el sector estatal no empresarial sí se han descartado los aumentos generalizados de salarios, más allá del reciente incremento realizado en el sector de
la salud, con lo cual podrían convertirse en el grupo de trabajadores más vulnerable a los costos sociales de la unificación monetaria.
Flexibilización en los mecanismos de formación de precios
En el mes de marzo de este año tres resoluciones (19, 20 y 21) del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) fueron publicadas en la Gaceta Oficial extraordinaria No. 12. Las resoluciones van dirigidas a regular la formación de los precios y las prácticas contables en la economía cubana, una vez que se elimine el peso convertible (CUC) y se restablezca el peso cubano como única moneda para las transacciones económicas en el sector empresarial.
La resolución 19 está referida a las normas contables que debe aplicar el sistema empresarial tras la devaluación de la tasa de cambio oficial y la eliminación del CUC. La resolución 20 regula los precios mayoristas, tarifas de servicios y las tasas de margen comercial de las empresas estatales. La resolución 21, en cambio, se refiere a los precios minoristas y a las tarifas de los servicios de las empresas estatales en su relación con la población. No se dice la fecha en que entrarán en vigor las resoluciones, se habla del “día cero” sin mencionarse el momento en que se procederá con la sustitución de monedas.
En específico, la resolución 20 lleva a una flexibilización de los mecanismos de formación de precios y tarifas en el sistema empresarial cubano, pero que será controlada y/o auditada por un grupo de instancias tales como el propio MFP y las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), entre otras.
La resolución propone dos métodos para la formación de precios: a) por correlación o b) por el método de gastos. La primacía la tendrá el método de correlación, es decir, siempre que sea posible, las autoridades indican que las empresas estatales deben aplicar el primer
método, el cual de hecho es el que otorga mayor autonomía a la empresa.
Según el método de correlación, las empresas definirán sus precios tomando como referencia los precios de productos y servicios equivalentes en el mercado interno o externo. Textualmente, la resolución 20 especifica que: “Cuando se utiliza el método de
correlación no se establece tope para los precios. Debe mantenerse un permanente sistema de monitoreo sobre la aceptación de los precios por el mercado y de ser necesario, se realizan reducciones o incrementos…
El método de correlación, además de garantizar la competitividad, debe mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda.”
Las empresas que empleen el método de correlación solamente requieren elaborar un procedimiento interno (en la propia empresa), aprobado por el MFP u otra autoridad, pero tendrán autonomía para mover los precios de acuerdo con la coyuntura económica.
Por su parte, el segundo método (método de gastos) se empleará en la formación de los precios mayoristas, por ejemplo, si el producto que se vende no tiene equivalentes en el mercado doméstico o internacional, o cuando se trate de productos importados, entre otros
casos.
El método de gastos lo que propone es sumar a los costos totales una tasa de utilidad o un margen comercial aprobado por el MFP, según sea la empresa productora o comercializadora. El MFP destaca que los precios mayoristas aprobados deben garantizar la recuperación total de los costos de la empresa. Tanto los precios como las tasas de márgenes comerciales aprobados por el método de gastos tienen un carácter de máximo. Es decir, la empresa puede decidir hacer rebajas de precios.
La resolución 21 extiende los mismos principios y métodos para la formación de los precios minoristas, tanto para los mercados liberados como los normados (libreta de racionamiento). Se expresa que “los precios minoristas no reciben subsidios del Presupuesto del Estado.”
Se añade que solo se subsidiarán algunos productos y servicios de consumo masivo, de manera excepcional. Esta declaración en el texto de la resolución 21 contradice anuncios recientes del gobierno sobre la intención de no afectar los precios minoristas tras la devaluación, pues la única manera de lograrlo sería aumentando los subsidios.
En resumen, se percibe en las nuevas resoluciones el espíritu de flexibilizar los precios para conectarlos más con los hechos económicos, lo cual estaría creando un contexto más favorable para observar impactos reales de la unificación de las tasas de cambio y
las monedas.
Implicaciones en el presupuesto del Estado
Con la devaluación de la tasa de cambio oficial del peso cubano mutarán los resultados financieros de las empresas, bancos y otras organizaciones. El equilibrio entre activos y pasivos de las empresas cambiará, al multiplicarse por una tasa de cambio distinta. Los
perjudicados serían los balances financieros que presenten deudas en pesos convertibles y divisas superiores a sus activos en esas monedas. Las instituciones que dispongan de una situación contraria a la anterior en sus balances serán favorecidas con la medida.
La devaluación creará traumas en la situación financiera de las empresas, pero dirigidos a promover balances contables más transparentes y que reflejen de manera más precisa los hechos económicos. Este sería uno de los equilibrios más difíciles a conseguir por la política económica. Por un lado, es necesario lograr que la devaluación tenga impacto (que sea una devaluación real y no solo nominal), que cambie la situación financiera de las empresas y que conduzca a una mejor asignación de recursos. Pero, por otro lado,
tampoco puede ser este un shock inmanejable para las empresas, de manera que provoque un colapso de la actividad económica.
Evidentemente, la devaluación tiene asociada estrés financiero y costos sobre el sector empresarial, pero también generará beneficios. Toda la producción nacional del sector transable apreciará una mejora relativa de su competitividad frente a los bienes y servicios importados. Los exportadores verán incrementada su rentabilidad y
competitividad.
Para que estos beneficios se materialicen, las empresas estatales deberán contar con mayor autonomía. Por eso es favorable que, junto a la reforma monetaria, avance la reforma de la empresa estatal. Las empresas estatales, que serán las más impactadas por la devaluación, requieren márgenes de holgura para responder al nuevo entorno y
reaccionar en función de aprovechar las oportunidades que generan los cambios en los precios relativos.
La devaluación del peso cubano, efectivamente, generará costos y beneficios; el contraste es que la mayoría de los costos son ciertos e inmediatos, mientras que los beneficios aparecen como oportunidades y tomarán un tiempo para materializarse completamente.
Es por ello que es clave el acompañamiento que tiene que hacerle la política económica a la reforma monetaria, en particular la política fiscal. Se deben pensar un grupo de medidas compensatorias a las empresas que reciban los costos inmediatos de la devaluación, pero con potencialidades de sacar provecho de las nuevas oportunidades
cambiarias.
La política económica deberá ajustar sus instrumentos para amortiguar esta brecha temporal entre los costos y los beneficios de la devaluación: los subsidios, los impuestos, la política crediticia y la asignación de recursos a través del plan de la economía deben definir medidas de soporte a los exportadores y a todas las empresas con potencialidades de tomar ventajas de la devaluación.
Ello significará una tensión en el equilibrio fiscal por el lado del gasto, que deberá ser compensado con una renovada política tributaria que capture un porcentaje de los ingresos extraordinarios que reciban las empresas beneficiadas con la devaluación.
El país tendrá que asumir este complejo proceso de unificación monetaria, sin la ayuda de las instituciones financieras internacionales, con muy limitadas reservas internacionales y en un momento de bajo crecimiento económico. Sin embargo, no puede seguirse
esperando el “momento ideal” para acometerla, el conjunto de las reformas estructurales necesitan de la reforma monetaria.
Los efectos en la inflación
Las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) indican que del año 2000 al 2013 la inflación promedio ha sido de 1,5 por ciento. Si bien estos cálculos oficiales pueden estar subestimando en varios puntos porcentuales la verdadera inflación, es muy poco probable que la inflación promedio anual sea mayor a un dígito, es decir, que sea igual o mayor al 10 por ciento.
Los bajos registros de inflación en Cuba han tenido cuatro factores determinantes muy claros: 1) las tasas de cambio fijas, 2) el control de todos los niveles salariales del sector estatal a través del Plan, 3) la fijación centralizada de un alto porcentaje de los precios de la economía y 4) el reducido déficit fiscal.
Tras lo que hemos venido examinando en el presente artículo, se aprecia que los anuncios de política y las regulaciones publicadas estarían mostrando que estos cuatro factores sufrirán modificaciones.
La devaluación de la tasa de cambio, el incremento de salarios y la flexibilización de los mecanismos de formación de precios son acciones que el propio gobierno ya ha reconocido como necesarias. El incremento del déficit fiscal no se ha anunciado, pero parecería inevitable en el corto plazo para amortiguar los impactos de la unificación monetaria.
Como consecuencia, el pronóstico más probable que podría elaborarse para después del “día cero”, es un incremento de la inflación. Lo que restaría por evaluar sería la magnitud, la permanencia en el tiempo y la distribución entre los diferentes mercados y sectores de este aumento de la inflación.
El efecto inflacionario directo en la población dependerá de lo que suceda con los precios minoristas. El gobierno ha expresado que ninguna persona se verá afectada con la unificación monetaria. En la pasada sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, Marino Murrillo expresaba que, como resultado de la reforma monetaria “… no se producirá un incremento de los precios en la red de tiendas del mercado minorista…”
Para que efectivamente no se produzca un incremento de los precios minoristas tendrán que aumentar enormemente los subsidios después de la devaluación. Ello presionará un incremento mayor en el déficit fiscal, el cual también ya se espera que crezca para amortiguar otros impactos de corto plazo de la devaluación. Un incremento desmedido del
déficit fiscal sería el escenario menos propicio para evitar una espiral inflacionaria, pues incrementaría de manera desproporcionada la cantidad de dinero en circulación.
En síntesis, una inflación en el corto plazo parece inevitable y necesaria para lograr efectos reales en la economía. La sostenibilidad del déficit fiscal y la respuesta productiva ante las oportunidades que abre la unificación monetaria determinarán, ambos, las
posibilidades de conservar la estabilidad de los precios en el mediano plazo.
Para concluir…
Son dos los riesgos que sobresalen en la inminente reforma monetaria cubana. Primero, es crucial que ocurra una respuesta productiva de la empresa estatal para que, en el mediano plazo, los beneficios de la unificación sean mayores que sus costos. Ello provoca una lógica incertidumbre, pues existen muchas dudas sobre la flexibilidad y capacidad de reacción de las empresas estatales, en particular en una economía que sigue siendo manejada muy centralmente y donde la burocracia ha ganado demasiada fuerza.
En segundo lugar, está el riesgo de que las autoridades económicas, en su afán de mitigar los impactos de la devaluación y controlar la inflación, terminen anulando los principales efectos reales de dicha medida. Es posible, pero no deseable, una reforma monetaria nominal en lugar de una reforma monetaria real. Si la unificación monetaria no
produce un cambio de la situación financiera de las empresas, si no estimula las exportaciones, si no tiene efecto en los salarios reales y, en general, no mejora la eficiencia en la asignación de recursos en la economía, todos estos años de planificación de la reforma
monetaria, el despliegue operativo que tendrá lugar el “día cero” y la incertidumbre monetaria que provocará la medida habrán sido en vano.
Se han publicado unas regulaciones para el “día cero” que apuntan a una reforma monetaria que, acertadamente, irá en paralelo con una transformación de los mecanismos de formación de precios, de salarios y del sistema de gestión de la empresa estatal. Sin embargo, ello no garantiza que los riesgos mencionados están superados, son muchos todavía los aspectos que no conocemos sobre el diseño de la reformamonetaria y su implementación.