Feb 20 2009
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Política

Alejandro Tesa / Chile, compras escolares: el Estado ¿presente?

Difícil es para los funcionarios del Estado intentar la protección de la ciudadanía en estos tiempos de neoliberalismo ultraconservador. Una filosofía enmarca y rige las transacciones sociales, los contenidos educativos, el ejercicio de la medicina y otras profesiones, el rol de la prensa…  Como señaló alguna vez Manuel Rojas, hasta la muerte hay que pagarla.

Esa filosofía se concreta en leyes y esas leyes, se afirma, atan las manos del Estado, que no puede inmiscuirse en los negocios entre las personas.

La ley es clara, suelen opinar las autoridades públicas, el Estado no se mete en los asuntos de los particulares; si hay conflicto de intereses, para eso están los tribunales de justicia. Y si, por algún acaso perdido, alguien con ingenuidad inquiere: ¿y por qué no cambian las leyes, si el gobierno tiene facultades para enviar proyectos al Congreso? La respuesta es rápida: la oposición no las deja pasar.

Así que apretar los dientes, vivir en casas o departamentos que se desarman (y pagarlos, claro); o afiliarse a servicios médicos que, cuando el afiliado se enferma, descubren que esa precisa enfermedad no está incluida en el plan contratado; o transitar por autopìstas concesionadas de cobro electrónico cuyo artilugio cobrador debe pagarlo el usuario, etc…

Tampoco puede el Estado intervenir para poner coto a la precariedad del trabajo: decenas de miles de empleados de comercio, profesores, oficinistas, obreros, en fin, carecen de contratos: emiten una boleta de honorarios todos los meses –y por años (y también a reparticiones fiscales)–. El caso de los profesores es –como dicen los torpes en este país– emblemático: trabajan durante el período de clases, en vacaciones deben irse a casa, son los taxi-maestros.

En medio de tanta inseguridad ciudadana, el Estado descubrió que puede ejercer un rol en el casinode las cartas marcadas que es el país.

Servicio de defensa del consumidor (SERNAC)
pide a los padres cotizar el precio de los útiles escolares

La investigación realizada por el organismo (estatal) demostró que algunos comercios dedicados al rubro tienen un "comportamiento dudoso" en el manejo de los precios de venta de lo que expenden: entregaron al SERNAC una lista de precios y luego de hacerlo vendieron cuadernos, lápices, mochilas o lo que fuere a otro mayor. ¿Qué tan mayor? Pues hasta un 90%.

El director del servicio indignado puntualizó: "Este comportamiento no respeta las reglas del juego y por lo tanto se perseguirán las sanciones en los tribunales de justicia porque con la credibilidad de los consumidores y con el Sernac que pertenece a todos los chilenos no se juega".

Acto seguido recomendó a los agobiados padres que "cotizaran" en distintos negocios, porque las diferencias de valor podían superar el 40%. El broche de oro de esa hemorragia de actividad en favor de los obligados consumidores fue, incluso, más lejos: el servicio aseguró que es recomendable comprar al contado, pues ningún crédito es gratis. Y como los sueldos en Chile son "del Primer Mundo…"

Dio un ejemplo: si a crédito dos listas de útiles suman 80 mil pesos pagaderos en 12 cuotas mensuales, los desdichados progenitores puede terminar pagando más de 78 mil adicionales sólo por intereses, comisiones y la calificación de cliente que le otorgue la empresa que avala el crédito. Lo mejor, sin embargo, está por venir:

La gente del SERNAC tiene in mente que las más de las veces es la madre la que hace estas compras (ya las llamarán inversión para el futuro de sus hijos, y, se sabe, toda inversión significa un pequeño sacrificio) y probablemente consideran que las mujeres son tontas, entonces les enseñan que por el precio de una lista con los productos caros –uniformes, zapatos, cuadernos, etc…–, es posible comprar casi dos listas en otro comercio. Que eso signifique mayores costos en movilización, horas perdidas entre un negocio y otros, dejar los niños solos en casa, en fin, es absolutamente secundario.

El estruje cerebral adquirió características sublimes cuando el organismo de defensa del consumidor sugirió a los padres que se organicen para comprar al por mayor y así abaratar costos, privilegiando el comercio establecido para no arriesgar a sus hijos con productos que pudieran ser inseguros y que, al venderse sin boleta, limitan sus derechos como consumidor.

Ajenos a estas loables preocupaciones, un gran número de colegios entrega el listado de útiles y señala que éstos –como los uniformes– sólo deben de ser adquiridos en determinados comercios o provistos por un fabricante específico. Que tal sea una práctica ilegal no inquieta a los "sostenedores" de escuelas o entidades que las regentan; hecha la ley, hecha la trampa: pueden exigirlo si aducen razones pedagógicas o sanitarias.
 

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