Argentina: Conspiraciones contra la nueva Ley de Medios
Natalia Brite*
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada con amplia mayoría parlamentaria el 10 de octubre de 2009, es bloqueada en forma sistemática por el Poder Judicial, que, en forma descarada, responde al lobby del Grupo Clarín, el mayor multimedios del país, y de las fuerzas más conservadoras del arco político opositor.
La última perlita de “sus señorías” –muchas de las más activas contra el Ejecutivo, públicas defensoras del terrorismo de Estado- fue el fallo conocido la semana pasada de la Cámara Federal de Mendoza, ratificando una decisión de primera instancia que dispuso la suspensión de esa ley, objetivo de las corporaciones mediáticas que pretenden impedir la aplicación de una norma democratizadora del espacio radioeléctrico.
Por eso los diarios, las radios y los canales de TV de Clarín salieron en los últimos días a difundir con bombos y platillos la flamante disposición tribunalicia, con la misma enjundia que silencian la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en la que está involucrada la principal accionista de la empresa, Ernestina Herrera de Noble (tema también tratado en esta edición de APM).
La nueva ley (26.522) reemplazó a la 22.285, Ley de Radiodifusión que llevaba la firma del ex dictador Jorge Rafael Videla, condenado por crímenes tan horrendos como los que se le sospechan a Ernestina Herrera de Noble. No parece casual que, mientras con una norma de la dictadura el Grupo Clarín se hacía poderoso, su titular número uno adoptara niños apropiados por los torturadores de esa misma dictadura, tras asesinar a sus padres en cautiverio.
En octubre de 2009 triunfó la lucha por un derecho humano ampliamente reconocido: el derecho a la información, abarcativo y ampliatorio del principio de libertad de expresión. La brutal ofensiva de las corporaciones mediáticas no fue entonces suficiente para impedir la sanción de una ley en cuyas etapas de elaboración y discusión participaron, como nunca antes, los más amplios sectores sociales.
A partir de ese momento comenzó la contraofensiva “judicializadora”, arma que la derecha utiliza para atacar cuanta decisión tome el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Así, entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, varios jueces dieron lugar a presentaciones realizadas por distintos personajes de la oposición. De las medidas cautelares dictadas, resultó la suspensión de la aplicación de la ley 26.522, total o parcialmente.
El primer golpe lo asestó, como no podía ser de otra manera, el hiper-concentrado Grupo Clarín, a mediados de diciembre de 2009. A pedido de la empresa, el juez Edmundo Carbone, estableció la suspensión del artículo de la LSCA que impone el plazo de un año para que las empresas puedan reestructuran sus inversiones, conforme lo establece la nueva norma. El juez se mostró altamente preocupado por el “menoscabo a los derechos de propiedad”.
El segundo fallo contra la LSCA estuvo a cargo del juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina. En esta ocasión la derecha adoptó el rostro de asociación civil: el Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO). El magistrado suspendió los artículos de la ley que apuntan a desmonopolizar el espectro radial y televisivo mediante un nuevo criterio para el otorgamiento de licencias; y los referidos a la “transmisión en cadena”, toda vez que los mismos limitan la difusión de contendidos por fuera de las áreas geográficas para las cuales se otorgan esas licencias.
La tercera resolución se tomó en la provincia de Mendoza, bastión político del vicepresidente Julio Cobos, quien a su vez se erigió como uno de los líderes de la oposición de derecha.
En un caso promovido por el mendocino Enrique Thomas, diputado aliado al “vicepresidente opositor”, y patrocinado Luis Leiva, otro dirigente opositor, la medida cautelar fue dictada por la jueza federal Pura de Arrabal, quien ordenó “la suspensión de la aplicación y los actos de ejecución" de la ley de medios en todo el país, “por irregularidades en la sanción de dicha normativa”. Ese es el fallo de primera instancia que acaba de ratificar la Justicia Federal de Mendoza.
A pedido del grupo mediático de Daniel Vila y José Luis Manzano, también mendocinos, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, suspendió varios artículos de la LSCA. En defensa de los capitanes de los negocios multimediáticos desparramados por diversos puntos del país, el magistrado afirmó que la ley significa "una abierta contradicción" al principio de la libertad de prensa, y altera “los derechos adquiridos y la inviolabilidad del derecho de propiedad”.
La quinta medida cautelar tuvo como protagonista, nuevamente, al juez Medina. En esta ocasión, el salteño suspendió toda la ley para, según él, “evitar un daño grave". El funcionario de la Justicia adujo irregularidades en el trámite legislativo.
¿Quiénes son estos ases de la Justicia? Según un informe del diario argentino Crítica, Carbone es un juez designado en la dictadura, en 1980, quien no tuvo ascensos desde entonces. Cobró un instante de notoriedad cuando prohibió a la señal de cable Space la exhibición del film “La última tentación de Cristo”. El fallo contra la ley democrática lo dictó seis días antes de jubilarse.
El salteño Medina fue secretario de primera instancia en la justicia provincial en 1978, en plena dictadura militar. Su mayor contacto con la política se produjo cuando abandonó los juzgados para ser apoderado del Partido Justicialista de Salta encabezado por el ex gobernador Juan Carlos Romero, un ferviente opositor a la nueva ley de Servicios Audiovisuales –y cualquier política de tinte progresista-. Actualmente enfrenta un proceso por mal desempeño, vinculado con su intervención en la causa que investiga la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, en 1976.
Olga Pura Arrabal es la primera mujer en la justicia federal mendocina. Tiene en su haber un fallo contra la transmisión gratuita del canal público TV 7 en Mendoza, por una presunta interferencia a los canales de cable privados. En esa ocasión, a quien benefició en reparto de “justicia” fue al empresario Daniel Vila, dueño del multimedios UNO y de varios más en el país.
Las respuestas a las arremetidas judiciales estuvieron a cargo del propio gobierno nacional y de legisladores y organizaciones que defienden la ley 26.522.
En febrero pasado, el diputado nacional por Mendoza, Jorge Alvaro, junto a otros referentes políticos cercanos a la administración kirchnerista, presentaron un recurso de apelación al fallo de Arrabal. Pero un día después del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en Argentina, la Cámara Federal de Mendoza confirmó ese fallo de primera instancia. Es decir, los camaristas Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra decidieron mantener la medida cautelar y, por tanto, la suspensión de la aplicación de la LSCA, como ya se señaló en párrafos anteriores.
Por otro lado, está en curso la apelación que hizo el gobierno nacional al fallo del juez Edmundo Carbone. Además, decenas de instituciones y personalidades de universidades nacionales, sindicatos, y de organizaciones vinculadas a la comunicación y a los derechos humanos presentaron un dictamen jurídico que sostiene la constitucionalidad de la ley. El documento fue elevado al juez Medina, de Salta, en calidad de “amicus curiae”, es decir, como “amigos del tribunal”, forma que sirve como fundamentación extra judicial a la hora de resolver un proceso.
En tanto, el 10 de noviembre de 2009 se constituyó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Se trata de un órgano previsto por la nueva normativa para la aplicación y el seguimiento de las políticas sobre la materia. Esta integrado por representantes de las provincias, prestadores privados – tanto comerciales y como sin fines de lucro -, universidades nacionales – por sus emisoras y carreras de Comunicación-, medios públicos, entidades sindicales del sector, sociedades gestoras de derechos y Pueblos Originarios.
También se conformó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Por disposición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se designó a Gabriel Mariotto como presidente. El directorio está integrado, además, por el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich; el ex diputado del Frente Para la Victoria (oficialista), Manuel Baladrón, y el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Eduardo Seminara. En enero último se designó también a Claudio Alberto Schifer, a propuesta del bloque parlamentario de la primera minoría.
Mariotto, firme impulsor de la Ley 26.522, fue el último interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), organismo regulador previsto por la ley anterior. Baladrón jugó un papel destacado en los debates parlamentarios. Capitanich y Seminara fueron propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Los restantes miembros (tres) deben ser designados por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento.
Ese mismo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se oficializó la designación de los directivos de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Este órgano contiene a todo el sistema de medios públicos. En representación del Poder Ejecutivo Nacional, y en calidad de presidente, se designó al cineasta Tristán Bauer; como director se nombró a Sergio Fernández Novoa. A su vez, se integraron dos directores propuestos por el Consejo Federal: Alejandro Verano, decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, y Néstor Cantariño, Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).
El 29 de diciembre de 2009, la AFSCA dictó sus primeras cuatro resoluciones para la efectiva puesta en marcha de la nueva Ley de Medios. Las medidas apuntaron al reconocimiento de las señales existentes, sus características, alcances y propiedad.
Mediante cuatro resoluciones se resolvió que, entre el 15 de enero y el 15 de marzo, se relevaría a las personas de existencia visible e ideal “que se encuentren operando servicios de radiodifusión con o sin autorización"; que se avanzaría en el ordenamiento de los servicios de televisión de baja potencia, y que se reglamentaría el Registro de Señales, en el que deberán inscribirse los responsables de la producción y emisión de señales.
Si bien el Consejo Federal no puede funcionar normalmente como consecuencia de las medidas cautelares, la AFSCA sigue trabajando en la reglamentación de la Ley.
Representantes designados por las provincias, junto a sectores de la comunicación e integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, emitieron un comunicado público para ratificar el “firme compromiso con la plena aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por amplias mayorías en las dos Cámaras del Congreso Argentino”.
*Columnista de la Agencia de Prensa del Mercosur