Dic 9 2009
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Opinión

Argentina, el delito: lazos con la política y la policía

Alberto Binder.*

Hay que enfrentar de modo integral los mercados delictuales de diverso tipo que regulan buena parte de la criminalidad urbana en el país. El escollo principal sigue siendo el financiamiento que reciben ciertas instituciones y la impunidad que aseguran.

A pesar de la desesperación o el miedo, el debate sobre los problemas de seguridad transita por carriles superficiales. Si bien buena parte de la dirigencia política exagera los gestos para demostrar que se halla preocupada por este tema, es poco lo que podemos mostrar como verdaderos avances en el análisis y diseño de soluciones frente al avance real de la criminalidad o la sensación de inseguridad. Mucho menos aún podemos destacar el diseño o la ejecución de políticas que superen las meras promesas de acabar con los criminales, ya sea a cualquier precio o mediante la aplicación irrestricta de ley. En el mismo nivel de impotencia se sitúan las respuestas mágicas, según las cuales acabar con la criminalidad es sólo un asunto de bravura personal o de honestidad.

Planes generales que al poco tiempo quedan sólo en compra de patrulleros, reformas legales sobre reformas legales que no son implementadas, un Estado que mira paralizado cómo las cárceles de mayores y de menores (para dejar de usar eufemismos) se degradan continuamente, una justicia penal que no logra salir del laberinto de su propia burocracia, organizaciones policiales que no cambian o se mueven en zigzag desde hace décadas, sectores policiales y de inteligencia que se hacen "camas" entre ellos y una ciudadanía que ha dejado de entender lo que sucede y por ello aumenta su sensación de inseguridad.

De este modo la sociedad fluctúa entre la sensación de peste y el mesianismo que promete una salvación milagrosa, sin advertir que ambos extremos forman parte de una misma actitud frente al problema: un conservadurismo carente de ideas, poco dispuesto a profundizar en el análisis y menos aún dispuesto a arriesgar en el diseño de políticas complejas que nos permitan enfrentar una criminalidad compleja. Este conservadurismo se nutre de la intuición de que si bien las cosas van mal, bien pueden estar peor y por lo tanto lo más importante es "zafar", es decir, evitar la presión de los medios o una pueblada.

El inmovilismo (muchas veces disfrazado de preocupación por la "gestión") se ha convertido, mientras tanto, en un negocio de múltiples intereses.

No es posible en estas pocas líneas desarrollar muchas soluciones, pero estoy convencido de que un camino distinto puede iniciarse si las autoridades (de los niveles nacionales, provinciales y municipales) se deciden a enfrentar de un modo integral los mercados delictuales que hoy regulan buena parte de la criminalidad urbana con repercusión directa en prácticas violentas.

Hemos visto azorados la profundidad y extensión del mercado criminal de medicamentos (que ya cuenta con muertes por ajustes de cuentas y otras tantas por falta de atención); imaginemos el entrecruzamiento del mercado de drogas, incluso el "narcomenudeo", el de vehículos robados, el de personas para uso sexual o en otras industrias, el de armas, el de objetos robados (que regula mucha de la "pequeña delincuencia"), el del juego (con zonas grises que permiten flotar capitales hacia los mercados ilegales) y otros tantos, según las zonas y regiones.

Esta trama es extensa, pero no incomprensible, tiene su lógica. Claro que siempre habrá casos que escapen a explicaciones regulares, pero el trabajo cotidiano que genera un "entorno de mayor seguridad" se construye enfrentando con eficacia y persistencia estos fenómenos regulares, donde se mezclan intereses económicos, violencia, degradación y el aprovechamiento de la marginalidad o pobreza que construimos persistentemente.

¿No sabemos hacerlo? Las herramientas institucionales que tenemos no son adecuadas y nos urge llevar adelante, en el corto plazo, reformas judiciales, policiales y del gobierno de la seguridad que vayan al fondo de la renovación instrumental. Ello es un gran problema, pero no es el mayor. El escollo principal sigue siendo la relación entre esos mercados criminales y el uso que hacen sectores de la política y de las fuerzas de seguridad para financiar sus actividades y garantizar impunidad. Redes de financiamiento que hunden sus raíces en estos mercados criminales y que también son encubiertas por un sistema financiero sin mayor control.

¿Puede hacer algo el ciudadano común? Sí, algo muy concreto: no dejarse engañar con promesas superficiales de aumentos de penas que no conducen a ninguna parte (nuestras cárceles están llenas como nunca y en condiciones de degradación humana) y exigir que las autoridades se tomen en serio la desarticulación de los vínculos entre delito, política y policía, que no será todo el problema, pero sin duda es por donde debemos comenzar.

* Profesor de Derecho Penal y presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).
En www.sinpermiso.info

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