Autonomía relativa a empresas públicas, parte del cambio en Cuba
Gerardo Arreola*
El gobierno cubano perderá el control vertical sobre las empresas públicas, las cuales tendrán autonomía relativa y responderán por sus resultados, como parte de "nuevas formas de gestión y de dirección de la economía nacional", según el documento de base para el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC).
El nuevo modelo económico también abrirá una rendija al mercado inmobiliario, al "aplicar fórmulas flexibles para la permuta, compra, venta y arriendo de viviendas"; permitirá la asociación de varias cooperativas para formar conglomerados superiores y creará "zonas especiales de desarrollo" reservadas a la exportación y la alta tecnología.
El documento prevé que "en las nuevas formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales", pero se abstiene de entrar en precisiones.
El Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social, que anunció en la víspera el presidente Raúl Castro, empezó a circular el martes con 291 puntos de un programa que discutirán los militantes y la población en general, antes del cónclave de abril de 2011.
El plan confirma la política reformista que Castro ha explicado desde hace tres años y ha empezado a ejecutar, con decisiones como la reducción de personal en el gobierno y en las empresas estatales, la apertura de espacios al autoempleo, la microempresa, las cooperativas y el arriendo de inmuebles; el estímulo a la inversión extranjera, el aumento de impuestos y la eliminación de subsidios, entre otras.
Más allá de las reformas de los 90
Al tocar el empleo estatal y los subsidios, e intentar romper así el círculo vicioso de bajos salarios-baja productividad, la nueva línea va más adelante que el ciclo de reformas de los años 90 del siglo pasado, cuando se mantuvo el nivel de gasto público y la política de pleno empleo, en medio de la crisis que siguió al derrumbe soviético.
La separación entre el gobierno y las empresas va en sentido contrario a la política que prevaleció en los 90 –reforzamiento del control oficial sobre la planta productiva– y rompe una tradición de la era de influencia soviética, según la cual la economía real debía subordinarse a los ministerios, que ejercían a la vez la normatividad, la planeación, la ejecución y el control.
En la nueva fórmula surgirá un sector empresarial que seguirá en manos del Estado, pero dispondrá de facultades, reglamento y mecanismos de supervisión propios. Las empresas públicas decidirán con independencia la integración de sus directivas, su personal y sus inversiones y podrán mover sus precios y tarifas, dentro de una política general.
No financiarán su producción con recursos del presupuesto nacional y pagarán salarios según los resultados de cada trabajador. Con sus utilidades después de impuestos y demás compromisos, podrán crear fondos de desarrollo, inversiones y premios a los empleados, pero desaparecerán las que reporten pérdidas frecuentes. El control de gestión se basará en criterios económicos y financieros.
Al parecer ha quedado rebasado el "perfeccionamiento empresarial", que no aparece mencionado en el proyecto. Esa política, de origen militar, luego expandida a la economía civil, era considerada hasta ahora la vanguardia de la eficiencia, al basarse en estímulos a la productividad, pero siempre bajo el control gubernamental.
El documento señala que "el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal" para dirigir la economía, pero tendrá que adaptarse a la coexistencia entre empresas estatales autónomas, cooperativas y los privados, mediante "nuevos métodos de elaboración del plan y del control del Estado sobre la economía".
Una consecuencia del nuevo enfoque será la reducción del aparato de gobierno, un paso que la reforma de los 90 dejó inconcluso. En 1994 cambió la estructura y el tamaño de la administración pública, al desaparecer el esquema de corte soviético, a base de numerosos comités, y crearse un Consejo de Ministros más parecido a los gabinetes occidentales.
El documento para el Congreso dice que ahora se reducirán las dependencias "hasta el número mínimo que garantice el cumplimiento de las funciones asignadas, donde prime el criterio de máximo ahorro de personal y del presupuesto del Estado". Las entidades del gobierno que puedan financiar sus operaciones y crear excedentes, cambiarán de estatuto o se convertirán en empresas.
Como documento de estrategia económica, el proyecto sólo tiene enunciados sin desarrollo. Pero algunos de ellos son suficientemente claros como para revelar los puntos de giro en la política predominante, como en el caso de los bienes inmuebles, que están excluidos legalmente de cualquier transacción comercial.
Cuando alguien quiere cambiar de vivienda, tiene que encontrar a otra persona con la cual permute la propiedad. En la práctica, sin embargo, hace décadas que funciona un mercado inmobiliario subterráneo, que podría salir a la luz, al menos parcialmente.
Otra novedad en el texto es la mención a cooperativas "de segundo grado", que apenas en un pie de página se definen como la "unión de varias cooperativas", lo cual podría dar lugar a empresas sociales de envergadura.
Las "zonas especiales de desarrollo" en la práctica están surgiendo, en los polos de Mariel (noroccidente) y Cienfuegos (centro-sur), con la modernización de sus puertos, la creación de infraestructura y el crecimiento de parques industriales.
*Corresponsal de La Jornada de México en Cuba