Barrick Gold en Argentina. – LA ÁUREA DEMOCRACIA MINERA
Amordazados, los sanjuaninos no pueden expresarse. Hay censura en los medios de difusión y aparatos de control ideológico en manos del jefe supremo. Pero también hay persecuciones y amenazas y crean anónimos difamatorios. La reunión de Richard Miles, primer secretario de la embajada de Estados Unidos, con el gobierno sanjuanino, confirma el puente informático entre las transnacionales y los feudos provinciales.
Miles no dudó en señalar que tiene a su cargo cuatro provincias argentinas, controladas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos: Misiones, Córdoba, Jujuy y San Juan; precisamente es en ésta última donde por primera vez se concreta el saqueo de los minerales críticos y estratégicos mediante el Tratado de Implementación Conjunta argentino-chileno, clarísimo tercer país expoliado a ambos pueblos de la Cordillera de los Andes.
En San Juan, abunda el dinero del soborno y corromper es el verbo mejor practicado por el gobierno; en esto, también la minera Barrick Gold es un ejemplo.
Un elegido equipo de agentes del gobierno se especializa en rastrear radios, programas de televisión y publicaciones, durante las veinticuatro horas del día. Nadie ignora que anunciar en San Juan un programa crítico sobre la minería significa enviarlo a la guillotina. La rapidez con que operan los censores es envidiable.
La oficina de prensa de casa de gobierno dirige un equipo de profesionales mercenarios que vigilan de manera permanente todos los programas de radio y televisión. Interfieren en las señales y los medios suelen recurrir a ellos pidiendo autorización –o dinero–. Somos moneda de cambio. Una nota nuestra antes de salir al aire es negociada por el medio y el gobierno:
–La nota de fulano no sale.
La respuesta es:
–Fulano vende, me da ráting. –Y el gobierno sólo tiene que preguntar:
–¿Cuánto vale ese rating?
El negocio se concreta, nosotros somos la mercancía.
Se trata de los mismos cipayos que construyen anónimos por internet. El último de ellos, se refiere a mí, mostrando la ponzoña del herido. Los programas de televisión Informe Central y La Liga, fueron concebidos con nuestros datos e informes, porque así haremos mientras los medios locales continúen comprados por el dictador.
El programa La Liga de CQC perdió el sonido y gran parte de las imágenes en los televisores de la población sanjuanina. De apoco fue perfeccionándose el censor y las repetidoras de San Juan enseguida reemplazan los programas marcados y colocan una placa con la señal.
Informe Central, del canal América, demoró casi cuatro semanas después de haber sido anunciado reiteradamente. El gobernador en persona llamó a Alemania para preguntarle al dueño de la estación a qué vino el canal a San Juan.
No es momento para relatar las negociaciones del cancerbero intentando impedir la emisión de un programa que recogía imágenes de ciudadanos temerosos de hablar; algunos perdieron su trabajo, otros son diariamente amenazados. Pero finalmente la exigencia del gobernante fue aparecer en Informe Central retrucando con más tiempo.
Fui testigo de cuanto digo, y he registrado el bochornoso espectáculo de dos concejales que votaron por el plebiscito de Calingasta y al día siguiente, influidos por un terrorismo de estado, deciden arrepentirse manifestando que «es entendible que me haya puesto nervioso ante la presencia de medios de Buenos Aires y de un ambientalista internacional como Rodríguez Pardo (Concejal Ramón Donoso al diario Huarpe). Las imágenes de América reproducían ásperas discusiones en el paso a Veladero y las inaceptables excusas de los mercenarios de Barrick Gold bloqueando el acceso.
Con espacio, podríamos haber visto a una madre de Calingasta refiriéndose a las enfermedades ocasionadas por las sulfateras de aluminio, a productores agropecuarios defendiendo el agua y a autoconvocados silenciados por el tiranuelo, perseguidos y con miedo.
El caso de TN Ecología es habitual: en San Juan, el 24 de junio del corriente (2006), a las 10,25, se corta la transmisión cuando las imágenes advertían sobre la rotura del mineroducto de Bajo La Alumbrera, en Catamarca. El programa se reanuda a las 10,44 con Protección a los delfines; el acta notarial Nº 14.8249 registra la constatación que reclamé ante escribano público con otros testigos circunstanciales. En San Juan esto es cosa de todos los días.
La Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan vive en la penumbra. Su posición contra una minería que los dejará sin agua –y la poca que ha de bajar de las altas cumbre estará contaminada– no tiene cabida en la mente de los nuevos dictadores paridos increíblemente por la democracia; a veces –contadas– pueden hablar del agro y criticar el precio de la uva, pero se interrumpe la señal del canal o la emisión de radio cuando se refieren a la contaminación minera.
La defensa de sus productos agrícolas se dificulta con la extorsión del gobernante que exige silencio: una cosa por la otra. A tal punto, que no pudieron corregir la desinformación creada por Barrick Gold y el gobierno en la que, después de la visita a Veladero invitados por la transnacional, los productores aparecen aceptando la publicitada «minería responsable». La difusión de semejante felonía no pudo ser contrarrestada por la Federación al encontrarse con todas las puertas de los medios cerradas. Con todo, los viñateros recurrieron a un volante que es entregado en mano por las calles cuyanas.
La principal libertad del hombre no es de orden físico, sino poder hacer uso de la palabra, exigiendo también que se respeten sus derechos constitucionales. En San Juan la consulta popular está prohibida por el poder político, que se vale de dictámenes de una justicia sometida: «un municipio puede llamar a plebiscito por asunto de cloacas pero no por cuestiones de contaminación minera». Además, la ley sanjuanina impide la audiencia pública en la minería.
El gobernador de San Juan José Luis Gioja combate todas las ideas que no respondan a sus intereses; no debatiendo, sino con censura, y lo peor del caso es que el pueblo se está acostumbrando.
Gioja es dueño de Telesol canal 5, Radio AM del Sur, Radio FM 10.20, diario El Zonda, Andina S.A. y radios y publicaciones menores. Sólo dos de ellas reciben del gobierno 300.000 pesos mensuales en publicidad. El Diario de Cuyo, principal medio periodístico de San Juan, vive con una pauta publicitaria mensual que supera los 600.000 pesos. El gobierno maneja entre 25 y 30 millones de pesos anuales en este concepto, pero las partidas de dinero provienen también de otras áreas reservadas del ejecutivo.
El semanario Nuevo Diario es dominado por el gobernador. El propietario es Juan Carlos Bataller, responsable además del programa La Ventana, en Telesol. Mientras tanto, Jorge Colona dirige La Otra Cara, que se preocupa por difundir la gestión oficial y de operar en contra de cualquier oposición al régimen giojista. En este último sector se hallan La Séptima y Audiencia Pública, que no sólo no reciben publicidad oficial sino que el estado provincial presiona para que tampoco reciban la privada.
La otra poderosa empresa minera de la familia Bush, Barrick Gold Corporation, hace lo suyo. De modo que verdaderas fortunas se mueven en una provincia que entrega sus bienes comunes, los minerales críticos y estratégicos no renovables. Los Gioja son dueños de la empresa de insumos mineros Santa Gema Bentonita, que en internet anuncia que su principal cliente es Barrick Gold. Nada se dice sobre esta incompatibilidad manifiesta.
El binomio Gioja-Barrick, detentan un poder que se extiende más allá de la región cuyana. Mandan y gobiernan con poderes imperiales merced a una democracia tan débil como corrupta. El caso del dueño de la estancia Guñizuil, Alberto Grau, es patético. Con sus 270.000 has. en las alturas de San Guillermo, tiene 90 kilómetros que limitan con Chile y otro tanto atravesado por la ruta a Agua Negra, paso obligado trasandino. Barrick Gold metió un permiso de servidumbre para Veladero y sólo pagó –por todo el trayecto y como único concepto– 40.000 pesos, suma fijada por la dirección de minería, es decir, por Gioja.
El damnificado se opuso, negó el permiso de servidumbre, pero no hubo caso. El propietario Grau no puede ingresar a su campo si no cuenta con la autorización de Barrick Gold. La servidumbre de paso para las mineras es ley nacional, así se oponga el dueño del territorio.
No hay programa de radio o de televisión donde no haya una pauta publicitaria de Barrick. Mi denuncia, filmada por docentes en la escuela EPET Nº 7, se transmitió por el canal 4 mientras un cartel giraba con la leyenda «Barrick minería responsable».
El dinero con el que Barrick soborna proviene de las montañas voladas, propiedad de los argentinos. El dinero de Gioja también proviene de las arcas del estado, fue tributado por el pueblo.
Barrick ofrece un subsidio a las poblaciones aledañas al emprendimiento de Veladero y Pascua Lama, producto de una parte del IVA –que le hace retornar una ley menemista–, o sea: dinero del pueblo. Entrega tractores y semillas en comodato; alguna que otra beca en escuelas y colegios; pintura para la iglesia del pueblo, camionetas para el municipio. Barrick tiene resto para mucho más.
En Chile exprimió la mina El Indio y Chile nunca recibió un peso, porque no hubo ganancias. Las mineras tributan sólo impuesto a las ganancias en el país trasandino, pero –como ocurre aquí– lo hacen mediante una declaración jurada, y tenemos que creerles.
El aparato de contra-información de Gioja comprende además a agentes de los servicios para intervenir celulares, jaquear por Internet, fabricar calumnias y difamar a militantes opositores. Está completamente probado. El gobierno baja a las escuelas con el claro objetivo de desacreditarnos, pero no puede. El funcionario de la policía minera propala infamias acompañado por el director de minería, o por el secretario de minería, la cabeza inmediata en el sector después del gobernador (EPET Nº 7).
No hay forma de que prosperen las difamaciones porque opero a la vista, de manera transparente. Entonces me adjudican ingresos tan voluminosos que producen el signo contrario de la calumnia. Me vinculan con el Banco Mundial, cuando diariamente denuncio su incumbencia en el despojo y pobreza de nuestros pueblos. Persiguen desacreditarme y detener mi activismo, que precisamente se origina en nuestro vínculo constante con los pueblos amenazados por estos esbirros del saqueo y de la entrega del patrimonio nacional.
Tratan a los pueblos de idiotas diciéndoles que el cianuro es inocuo porque lo consumimos en las almendras, nueces o bananas. Reparten juegos de la OCA para que el niño aprenda a saltar tres casilleros porque encontró un lingote o se ganó una bicicleta que proviene de la minería. Mientras tanto nosotros discutimos el saqueo y la perversidad de un sistema extractivo que consume glaciares, ríos, cuerpos de
hielo vitales, vuela montañas y hace desaparecer vegas y humedales.
¡Qué equivocados! Me siento más fuerte y con más fuerzas. Mi forma de vida está a la vista, como la propia respuesta que me brinda la gente, facilitando mis traslados y dándome contención militante.
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Publicado en el informativo No a la mina el 21 de julio de 2006 (www.noalamina.org).
Addenda
Rodríguez Pardo, integrante y referente de diversas asociaciones ciudadanas y ambientalistas, sufre una virulenta campaña de desprestigio en la provincia de San Juan; la razón es su tarea de esclarecimiento sobre las consecuencia del proyecto minero y su defensa de los más altos intereses de la población, que se expresan, por ejemplo, en textos como el siguiente, de 2004:
«Desde el 24 de mayo del corriente, la multinacional minera Barrick Gold y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, apresuran los papeles para la explotación de los yacimientos de Veladero y Pascua Lama. Es la fecha de la primera asamblea de «sanjuaninos auto convocados» decididos a impedir el despojo de sus recursos, la contaminación de sus aguas, la defensa de sus cultivos y la calidad de vida que precisamente no es la que ofrece la minería asociada con la industria química: dinamita a cielo abierto y cóctel de compuestos tóxicos. Y si bien las incipientes protestas no tuvieron alcance nacional, no pasaron inadvertidas para el gobierno provincial que salió a contrarrestar la opinión de un pueblo que exige intervenir en decisiones que le competen y que determinarán su destino.
«San Juan es una cárcel y el gobernador Gioja guarda la llave».
En Piel de Leopardo pueden leerse dos artículos que ayudan a enmarcar el presente: Pascua Lama y sus primeras víctimas y Todo se ha consumado.
Además también vale la pena leer aquí la sentencia de primera instancia del juicio entre el ingeniero Rodolfo Villar y la Barrick; permitirá ver con mejor óptica el problema del propietario de la estancia Guñizuil, en San Juan, a que se refiere Rodríguez Pardo.