Sep 20 2010
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EconomíaPolítica

¡Basta a la explotación de petróleo en la Amazonía!

Alberto Acosta*
Desde que se planteó a nivel gubernamental la Iniciativa Yasuní-ITT (siglas de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini) a inicios del año 2007 afloraron dudas, muchas dudas. La idea de dejar 850 millones de barriles de crudo pesado en el subsuelo amazónico a cambio de una compensación internacional causó y aún causa estupor. En una economía adicta al petróleo, proponer no extraer el 20% de las reservas de crudo del país, asomaba como una locura a tiempo completo. Y lo sorprendente es que esta idea loca fue cobrando adeptos y fuerza.

Más allá de las dudas que aún le persiguen, la aceptación del presidente Rafael Correa y su posterior apoyo fueron decisivos. A él se debe que se convierta en política pública la posibilidad de no explotar el petróleo del ITT, dejando en segundo plano la opción de extraerlo, una opción sobre la que se había trabajado hace mucho tiempo atrás. Los intereses petroleros, prestos a saltar sobre el ITT, fueron forzados a frenar su ímpetu.

Una propuesta fraguada en la resistencia

Lo interesante es reconocer que esta iniciativa fue construyéndose poco a poco en la sociedad civil, hace mucho tiempo atrás. Esta idea, presentada a nivel gubernamental en enero de 2007 y defendida por el entonces ministro de Energía y Minas no tiene gerente-propietario alguno. Con seguridad, la idea primigenia de suspender la actividad petrolera surgió en la cabeza de quienes sufrían los embates de las petroleras en la Amazonía. Alguna vez, alguna persona, hastiada de los atropellos de la Texaco, habrá expresado llena de indignación ¡basta a la explotación de petróleo en la Amazonía!

La resistencia de las comunidades amazónicas prosperó hasta constituirse en un reclamo jurídico de trascendencia internacional. Es bien conocido el “juicio del siglo” que llevan las comunidades indígenas y los colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Chevron-Texaco (Texpet, en Ecuador). Los argumentos que se exponen son claros: la compañía tuvo responsabilidad directa por los impactos ambientales que produjo la explotación del petróleo, los cuales no sólo han afectado a la Naturaleza sino que también se evidencian nocivamente sobre la salud de la población. Y desde entonces, con diversos grados de afectación, la actividad petrolera ha contribuido sistemáticamente a la destrucción de la Amazonía.

Este juicio, más allá de su desenlace, sentó un precedente al encausar a una de las petroleras más poderosas del planeta, que trabajó entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana. En ese lapso, esta compañía perforó 339 pozos en 430.000 hectáreas. Para extraer cerca de 1.500 millones de barriles de crudo, vertió miles de millones de barriles de agua de producción y desechos, y quemó billones de pies cúbicos de gas.

Si bien resulta imposible poner precio a la Naturaleza, pues la vida es inconmensurable, el daño se cuantifica en miles de millones de dólares por concepto de derrames, contaminación del agua, quema del gas, deforestación, pérdida de biodiversidad, por animales silvestres y domésticos muertos. A lo anterior habría que añadir costos por materiales utilizados sin pago, por la salinización de los ríos, por enfermedades (los casos de cáncer llegan a un 31%, cuando el promedio nacional es de 12,3%) y por el trabajo mal remunerado. Los reclamos monetarios superan los 27 mil millones de dólares.

En el ámbito psicosocial las denuncias son múltiples: violencia sexual por parte de los operadores de la empresa en contra de mujeres adultas y menores de edad mestizas e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social. Es más, sobre Texaco pesa también la extinción de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris. Irónicamente, los nombres de los dos pueblos desaparecidos sirven para denominar a dos campos petroleros en la misma zona donde antes ellos habitaban. A esto habría que sumar todos los daños económicos, sociales y culturales causados a los indígenas siona, secoya, cofán, kichwa y waorani, además de perjuicio a los colonos blanco-mestizos.

Se afectó básicamente la territorialidad, la alimentación y las tradiciones culturales de los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan históricamente en el área de la concesión. Luego, la remediación ambiental que habría realizado la compañía fue una estafa en toda la línea que contó, además, con la complicidad de autoridades oficiales.

Este reclamo supera el ámbito amazónico y rebasa la destrucción que tendrá que pagar Texaco. En tanto afecta a toda la sociedad, esta demanda constituye una oportunidad para sancionar y frenar la contaminación provocada por la actividad petrolera, que se sostiene por la combinación del poder político con el transnacional sobre el discurso que alienta la explotación del petróleo en supuesto beneficio de todos los habitantes del país.

Este discurso se alimenta de una política de ocultamiento de la realidad, intimidación de quienes se oponen, así como de humillación y olvido para las víctimas… Los dólares obtenidos no han beneficiado al conjunto de la población, pues en su mayoría han fluido en pocos bolsillos, sobre todo de las poderosas transnacionales y de los acreedores de la deuda externa.

A lo largo de este tiempo y nutriéndose de un duro y largo proceso de resistencias en contra de la actividad hidrocarburífera, se fue construyendo la tesis de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana.

De la moratoria petrolera a un nuevo estilo de vida

La demanda de moratoria a la expansión de la frontera petrolera, formulada con anterioridad en diversos espacios y foros, se plasmó en el año 2000 en el libro escrito por varios autores El Ecuador post-petrolero. Tres años más tarde, la tesis de la moratoria fue presentada formalmente al Ministerio del Ambiente por parte de las fundaciones Pachamama, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y Acción Ecológica.

Poco antes, los grupos que discutían el tema de la deuda externa plantearon la posibilidad de un acuerdo histórico con los acreedores internacionales para suspender el servicio del endeudamiento externo a cambio de conservar la Amazonía, propuesta en línea con el reclamo de la deuda ecológica. Esta idea se formuló públicamente en un suplemento difundido por el CDES el 29 de noviembre de 2001 a través de un diario nacional.

En otro ámbito, la resistencia de la comunidad kichwa de Sarayaku en la provincia de Pastaza logró impedir la actividad petrolera de la Compañía General de Combustibles (CGC) en el bloque 23, pese a que la empresa contaba inclusive con el respaldo armado del Estado. Dicha comunidad, que contó con una activa solidaridad internacional, alcanzó un histórico pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de julio del año 2004, cuando ésta dictó una serie de medidas provisionales a favor del pueblo indígena de Sarayaku. Dichas medidas, ratificadas a inicios del año 2010, incluían el retiro de explosivos sembrados arbitrariamente en el territorio de Sarayaku por la petrolera argentina CGC.

Recogiendo todos estos reclamos, se expuso la propuesta de no explotar el crudo del Yasuní como parte de la tesis de una amplia moratoria petrolera en “Un llamado eco-lógico para la conservación, el clima y los derechos”, documento de posición de Oilwatch en la primera reunión del grupo especial de expertos sobre áreas protegidas realizada en Montecatini, Italia, en junio de 2005. Posteriormente se incorporó esta tesis en el libro Asalto al paraíso: empresas petroleras en áreas protegidas, editado por Oilwatch en 2006.

Todas estas propuestas e iniciativas fueron preparando el terreno para que la tesis de la moratoria petrolera entrara con fuerza en la vida política nacional. Así, en un momento histórico, en el que se consolidaron las largas y complejas luchas surgidas desde diversos sectores de la sociedad, la tesis de la moratoria pasó a formar parte del Plan de Gobierno 2007-2011 del Movimiento País (hoy Alianza País). Este plan fue elaborado en 2006 durante la campaña electoral del ahora presidente Rafael Correa. En concreto, allí se dice

“en este empeño por repensar la política petrolera, aparece con creciente fuerza la necesidad de analizar con seriedad la posibilidad de una moratoria de la actividad petrolera en el sur de la Amazonía ecuatoriana, atada a una suspensión del servicio de la deuda externa. Sería imperdonable que se reedite la destrucción ambiental y social experimentada en el norte de la Amazonía.” (pág. 47)

Ese plan, en sus páginas 48, 49 y 50, proponía transformar al Ecuador en “una potencia ambiental”; y como primer paso para conseguir esta ambiciosa meta, se exigía “declarar y mantener efectivamente al menos el 40% del territorio nacional como área protegida para la conservación del patrimonio de biodiversidad del Ecuador”. Entonces, en consonancia con la meta planteada, se sostenía la necesidad de “incorporar de manera sistemática y rigurosa la dimensión ambiental en las políticas económicas y productivas”.

Lo que se proponía entonces no era simplemente suspender la extracción de petróleo. Se planteaba optimizar la actividad petrolera en los campos de donde se extraía crudo, sin ocasionar más destrozos ambientales y sociales. Lo que se proponía era obtener el mayor beneficio posible para el país en cada barril extraído, refinado, transportado y comercializado, antes que maximizar el volumen de extracción. Esta acción debía complementarse con la moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía.

Adicionalmente, el plan de gobierno expresaba una conciencia de que la explotación de los hidrocarburos supone una merma del patrimonio del Estado. Se sugería, en consecuencia, que las políticas debían articularse reconociendo que es un recurso no renovable y que, dentro de este siglo, el Ecuador dejará de tener petróleo para abastecer su mercado interno. Además, había el convencimiento de que la modalidad de acumulación extractivista no había permitido el desarrollo del país.

La meta de proteger una zona equivalente a 100 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional se recogería oficialmente casi tres años más tarde, en septiembre de 2009, en un documento titulado “Yasuní-ITT. Una Iniciativa para cambiar la historia” editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente. Allí se habla de conseguir financiamiento para proyectos que permitan “conservación y deforestación evitada del 38% del territorio nacional”.

Es importante tener presente que los detalles más relevantes de la iniciativa de dejar el crudo en tierra en el ITT fueron definidos aún antes de que se inicie la gestión del presidente Correa. Los elementos básicos de esta propuesta fueron discutidos con Esperanza Martínez quien, en un memorándum fechado el 13 de diciembre de 2006, dirigido al futuro ministro de Energía y Minas, sintetizaba los principios fundamentales y las conclusiones más relevantes que han guiado esta iniciativa en términos amplios:

1. Declarar la moratoria como política de conservación y protección de derechos colectivos.

2. Presentar internacionalmente la propuesta como un esfuerzo del Ecuador en cumplir tres objetivos globales: la reducción de gases de efecto invernadero, la conservación de la biodiversidad y la salvaguarda de los pueblos indígenas.

3. Constituir una comisión, junto con el Ministerio del Ambiente y el de Bienestar Social para hacer una auditoria global del Parque Nacional Yasuní y su población e identificar los problemas, amenazas y acciones necesarias para los pueblos locales, las mismas que serán cubiertas por el Estado y no por empresas transnacionales.

4. Armar una agenda internacional para presentar la propuesta con el fin de que este esfuerzo sea reconocido como un beneficio global y se traduzca en compensaciones económicas que le permitan al Estado enfrentar sus obligaciones.

5. Analizar distintas opciones económicas: venta de crudo en el subsuelo, compensación por carbono represado, condonaciones de deuda externa.

6. Inaugurar una Subsecretaría de Energías Limpias, descentralizadas y de bajo impacto, como señal de transición del modelo petrolero…

Estos objetivos son precisos. Con esta iniciativa se busca proteger la vida de pueblos libres en aislamiento voluntario: los tagaeri, los taromenane y a lo mejor también los oñamenane. Este es un tema ético crucial. La protección de una de las zonas más biodiversas del planeta está también en la mira de esta iniciativa. Y se evitaría por igual la emisión de 410 millones de toneladas de CO2.

Esta iniciativa plantea cambios profundos en el relacionamiento de todos los pueblos del mundo con la Naturaleza al propiciar la construcción de una nueva institucionalidad jurídica global sustentada en el principio de la corresponsabilidad diferenciada: los países más desarrollados, mayormente responsables del deterioro ambiental, están conminados a contribuir mucho más en la solución de los problemas ambientales globales. La lógica de la cooperación internacional también debería ser repensada íntegramente desde estas nuevas perspectivas.

En definitiva, esta iniciativa abre la puerta a otra forma de organización de la vida del ser humano en el mundo y no solo en Ecuador. Y en nuestro país, debe ser entendida como paso indispensable para forzar una transformación estructural del régimen de acumulación primario-exportador.

La difícil marcha de una iniciativa audaz

El sendero que ha seguido esta propuesta desde su aterrizaje en el ámbito oficial ha sido sinuoso. Avances y retrocesos, conquistas y contradicciones, aplausos y broncas han marcado su camino. Lo interesante, lo realmente sorprendente, es que esta idea –para algunos– descabellada haya echado raíces.

A poco de su presentación en sociedad, las voces de aliento se multiplicaron rápidamente, más en el exterior que en Ecuador. Las posibilidades de cristalizar algo que parecía impensable afloraron en las sociedades, así como en los parlamentos y los gobiernos de Alemania, España, Bélgica, Francia, Noruega, Gran Bretaña, Italia… este eco positivo se expandió aceleradamente en tanto posibilidad cierta de enfrentar el calentamiento global.

Simplemente para relievar la trascendencia internacional de esta iniciativa, habría que hacer un seguimiento de otras propuestas derivadas directa o indirectamente de la idea de no explotar el petróleo del ITT: en Bolivia comienzan a cobrar fuerza iniciativas que pretenden ver a la Amazonía boliviana libre de petróleo, la tesis del ITT podría emularse en el Parque Nacional Madidi; en Acre, Brasil, se discute la opción de cerrar la puerta al petróleo; en Costa Rica y El Salvador se ha resuelto no abrir la puerta a la actividad minera a gran escala; en Costa Rica incluso no se permitiría actividades hidrocarburíferas para proteger la naturaleza. En otros continentes la semilla comienza a fructificar: en Nigeria, en el delta del Niger, se quiere impedir las actividades petroleras y en la India se plantea dejar algunos yacimientos de carbón en el subsuelo.

El camino en el Ecuador resultó culebrero. La propuesta del ministro de Energía y Minas chocó con el deseo del presidente ejecutivo de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, empeñado en extraer el petróleo lo más rápidamente. A espaldas del Ministro, quien preside el directorio de Petroecuador, este funcionario llegó incluso a firmar convenios de compromiso con varias empresas extranjeras: las empresas estatales de Chile, ENAP, y China, SINOPEC, así como con la empresa mixta de Brasil, PETROBRAS. No le importaba estar al margen de la Ley de Hidrocarburos, pues su artículo 32 establece que en caso de crudos pesados, éstos deberán ser aprovechados a partir de una planificación integral a cargo del Ministerio de Energía y Minas.

Con esta ampliación no se está previniendo la explotación horizontal del petróleo del bloque ITT desde el lado peruano. Posibilidad imposible en la actualidad con las tecnologías disponibles, la que, por lo demás, de darse, provocaría al menos complicaciones diplomáticas entre los dos países.

*Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas enero-junio 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta noviembre 2007-julio 2008.

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