Bolivia: Autonomías, democracia e impunidad
Hugo Moldiz Mercado*
El gobierno y las fuerzas sociales que lo sustentan no pierden de vista que la construcción de la nueva estatalidad seguirá midiendo la musculatura de sus conductores. De ahí que la Ley de Transición no sea otra cosa que la expresión de la hegemonía, pues no hay, volviendo a Gramsci, hegemonía ideológica sin una dirección política y moral de la sociedad en función de los valores y principios que dieron lugar a la hegemonía del bloque histórico, que en el caso de Bolivia está en pleno proceso de construcción.
Con la puesta en marcha de la Ley de Transición, sin cuya aprobación no hubiese sido posible la posesión de los gobiernos subnacionales, una nueva etapa de tensiones se ha abierto dentro del proceso de implementación de las autonomías y que, en realidad, no es otra cosa que la expresión de la forma como se concibe la hegemonía y las resistencias.
De hecho, para ser más precisos, ya la aprobación de la Ley de Transición ha sido el resultado de las dificultades que se han tenido para la concertación de puntos de vista, dentro y fuera del gobierno central, sobre los alcances que debe tener la Ley Marco de Autonomía, cuyo plazo para su promulgación vence el 22 de junio por mandato de las disposiciones transitorias de la Constitución. Pero al mismo tiempo, la elaboración y aprobación de la Ley de Transición de los gobiernos autonómicos tuvo que haber despejado el camino par que la ley marco se haga luego con menores contratiempos a los previstos.
Si los procesos fueran lineales y todos los caminos llanos, no hay duda que lo ideal hubiese sido contar con una ley marco y no con una ley transitoria que ha postergado las tensiones que seguramente provocará su inevitable redacción y aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero que ha dado lugar a otras tensiones que la semana pasada ha movilizado a los comités cívicos y la oposición de Santa Cruz, Beni y Tarija.
Pero pasar de un Estado monocultural y centralista a otro Estado Plurinacional y autonómico no va a ser fácil y los momentos de tensión están dentro de lo previsible, así como es obvio que en cada uno de los escenarios que se tengan adelante se exprese la disputa entre un proyecto hegemónico que se ha propuesto avanzar hacia una sociedad poscapitalista y la resistencia del desplazado viejo bloque en el poder que se aferra a una visión que hoy carece de la fuerza que tuvo en el pasado.
Las múltiples tensiones
La puesta en marcha de las autonomías va a modificar y ampliar, por ejemplo, la lucha por el excedente y por las formas de generar ese excedente. En las últimas dos semanas hemos tenido dos conflictos -uno salarial y otro subregional- que apenas constituyen muestras de lo que potencialmente se van a multiplicar en todo el país. Y esto no es una especulación: Rubén Costas, el gobernador electo de Santa Cruz, ofreció en su condición de prefecto y lo reiteró en la campaña electoral previa al 4 de abril, un salario mínimo de 1.000 bolivianos, así como obras de desarrollo departamental.
Hace unos días el vicepresidente Alvaro García Linera recordaba esa promesa ante las criticas que la oposición hizo del aumento salarial del 5 por ciento dispuesto por el gobierno. Lo que se presentaba como una reacción se proyecta, en el corto plazo, como una demanda que el gobernador cruceño tendrá que satisfacer.
Entonces, Caranavi y la movilización de los maestros apenas representan, a pesar de sus actores, una señal de los problemas y las presiones con las que deberán tropezar los gobiernos subnacionales para satisfacer las expectativas generadas por las »bondades de las autonomías» que todos los candidatos construyeron en el imaginario colectivo.
Por tanto, en cada uno de los espacios autonómicos, el uso de los recursos que los gobiernos subnacionales dispongan -ya sea los que se redistribuyan desde el gobierno nacional como los que se generen en cada departamento, región y municipio- será el resultado de una determinada relación de fuerzas y, por tanto, de la capacidad de articulación política y social que tengan las clases sociales. Es decir, en esta suerte de micro-espacios las relaciones de poder podrán ser la prolongación del estado de situación a nivel del Estado Plurinacional o más bien una manifestación organizada de los resistencias que enfrenta el proceso de cambio.
Un segundo frente que estará lleno de tensiones es el económico. La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce la economía plural y su forma específica de materialización en cada uno de los espacios autonómicos -todos con igual jerarquía- también va a depender de las pugnas que se den dentro de la heterogénea sociedad civil. No es difícil suponer que en unas regiones más que en otras se impulsarán formas de propiedad social -estatal y no- mientras en otras se priorizará las inversiones privadas, incluso extranjeras, en sectores en los cuales el gobierno nacional poco podrá incidir.
Los gobiernos subnacionales son parte del Estado y ahora de uno que, dado su doble carácter: plurinacional y autonómico, expresarán la síntesis de la sociedad a nivel micro lo que a nivel general o macro tampoco dejará de reflejar: las relaciones de poder y, por tanto, de las distintas visiones de país.
La política, como expresión de la economía concentrada, no es aritmética. La economía plural no es una división »igualitaria» de espacios y esto es válido para toda la territorialidad del Estado Plurinacional como para los micro-espacios autonómicos. De hecho, siguiendo la concepción gramsciana de Hegemonía, no es posible separar la hegemonía ideológica de la hegemonía económica, una no funciona sin la otra. Separar a una de la otra es caer en un idealismo superestructuralista, por un lado, o en un determinismo o materialismo vulgar, por el otro.
Esto quiere decir que las fuerzas que apuestan por el cambio de paradigma tendrán que ir construyendo las condiciones materiales para la producción y reproducción de su poder por la vía de organizar la economía en los espacios autonómicos con una claro predominio entre las propiedad social, estatal y social-comunitaria.
Esto quiere decir que si el horizonte es el socialismo comunitario, las formas de organización de la economía no privadas deberán ser las predominantes, sin que eso signifique, en las condiciones actuales del siglo XXI, dentro y fuera de Bolivia, que no haya propiedad privada de medios de producción.
El tercer frente será el democrático pues, en aplicación de la nueva Constitución, el desarrollo de los tres tipos de democracia que se reconoce (representativa, directa-participativa y comunitaria) no va a estar exenta de contradicciones y peligros. De hecho, la configuración de un nuevo sistema democrático -que reúna a los tres tipos- también será el resultado de las relaciones de fuerza y de las visiones que se tengan.
Desde la perspectiva de los movimientos sociales la radicalidad de la democracia, es decir llevar la democracia hasta el límite, se presenta, aunque parezca contradictorio, como la estrategia política a desarrollar, que no es otra que no perder la iniciativa.
El cuarto frente, que va a provocar tensiones muy fuertes, como ya se está viendo, es el ético-político. Los artículos 8, 9 y 10 de la ley de transición establece la suspensión temporal de los gobernadores que tengan acusación formal por algún delito cometido, así como las condiciones que se deberán cumplir para llenar ese vacío hasta la culminación del proceso legal y la convocatoria a nuevas elecciones si se dicta sentencia ejecutoriada.
La primera reacción de la oposición no se ha dejado esperar, ya que una lectura, desde la perspectiva de los contrarios al gobierno, es que el oficialismo quiere lograr por la fuerza -en este caso de la ley- lo que no pudo alcanzar mediante el voto popular. Es decir, descabezar a Rubén Costas en Santa Cruz, Ernesto Suárez Sartori en Beni y Mario Cossio en Tarija.
La sola amenaza de que eso vaya a suceder ha movilizado a los comités cívicos, grupos empresariales y factores políticos de los tres departamentos, aunque los efectos de largo plazo que produjeron los movimientos insurgentes de agosto-septiembre de 2008, es un antecedente que fija los límites de la protesta opositora. Es decir, ¿la oposición, con una Media Luna desestructurada, llevará sus medidas hasta el nivel de hace dos años, cuando con mejores condiciones no pudo lograr lo que se había propuesto? Un sentido común conduce a pensar que es poco probable, aunque no se descarta que los sectores más radicales vayan a salir fortalecidos.
Vayamos por orden. Si el oficialismo ha decidido mantener, con ligeras modificaciones, los tres artículos cuestionados por la oposición de derecha, es porque está decidido a mantener el principio constitucional de que ningún cargo electivo sea sinónimo de inmunidad.
Pero, al margen de la identificación de la mayor parte de la población con ese rasgo de la democracia de ahora, que niega a la del pasado inmediato, la aplicabilidad de esos artículos de la ley transitoria anticipan más de una tensión y resultados poco previsibles por el carácter de relación de fuerzas que hay en los departamentos.
Un escenario posible es que la inhabilitación temporal o definitiva del gobernador en Santa Cruz, por ejemplo, termine, a pesar de los cálculos del MAS, ayudando a la rearticulación de las fuerzas opositoras y haciendo que ellas obtengan un triunfo electoral más amplio del que alcanzaron en abril pasado.
La situación no es la misma en Beni y Tarija, donde las fuerzas del MAS y otras podrían no solo lograr un fácil alejamiento de sus gobernadores sino además sentar las condiciones de un triunfo electoral, lo que ciertamente dejaría muy debilitada a la oposición asentada en Santa Cruz.
Pero lo que entra a jugar un papel decisivo en la toma de decisiones sobre si aplicar de entrada o no los tres cuestionados artículos, es el balance que se haga de la coyuntura nacional y de la departamental en específico. No por mucho amanecer se despierta temprano.
Pero la pregunta que sale entonces es: ¿para qué insistir en los artículos de una ley de transición que perfectamente se los puede incorporar en la ley electoral y la ley marco de autonomías que deben estar promulgadas hasta el 22 de junio por mandato constitucional? ¿por qué no apelar a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para someter a proceso a los funcionarios públicos que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones? O ¿por qué no apostar al revocatorio de mandato popular?
La respuesta conduce a un escenario menos »maquiavélico» que el imaginado por la oposición. El vicepresidente Alvaro García Linera ha señalado que los gobernadores tienen todas las garantías para ser posesionados. Una mirada menos corta lleva a coincidir con las declaraciones del segundo hombre del Estado Plurinacional.
Entonces, se proyecta un escenario que para el gobierno parece presentarse como innegociable: la construcción de una democracia amplia y transparente que no de espacio alguno para los casos de corrupción u otro tipo de delitos. Por tanto, no es el cálculo inmediato sino el principio el que, según ha señalado el senador René Martínez, lo que ha conducido a materializar la esencia de la Constitución Política del Estado.
El criterio de que ninguna autoridad electa puede ejercer funciones después de una acusación formal, en materia penal, después de un debido proceso, es lo que al parecer guía la decisión y el comportamiento del MAS y del MSM, que han coincidido en que esa disposición es apenas una extensión de la Ley de Municipalidades vigente, de hecho entre una denuncia y la imputación formal media un largo proceso judicial, por lo que la suspensión de un gobernador será mucho mas dificil de lo que se cree.
La disminuida oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha optado por abandonar las sesiones y en las regiones, donde tiene más chance de movilizar, no se ha pronunciado sobre ese principio, ampliado en la Constitución Política del Estado, y solo ha reducido el ámbito de su protesta a la denuncia de que se quiere inhabilitar a tres gobernadores »para tomar los departamentos» que no están alineados con el MAS. Como todo en la política, es también probable que la cohesión de la oposición alrededor de sus gobernadores sea aparente si llega el momento del peligro de la suspensión, ya que los realineamientos y aspiraciones también surgirán dentro de ese bloque.
En síntesis, la aplicación de los artículos que conducen a la suspensión temporal es algo que no necesariamente puede venir del gobierno o al menos no solo beneficiar a las fuerzas oficialistas así la iniciativa venga de ellas. La realidad es mucho más compleja.
Lo que si no tiene dudas es que el gobierno y las fuerzas sociales que lo sustentan no pierden de vista que la construcción de la nueva estatalidad seguirá midiendo la musculatura de sus conductores. De ahí que la Ley de Transición no sea otra cosa que la expresión de la hegemonía, pues no hay, volviendo a Gramsci, hegemonía ideológica sin una dirección política y moral de la sociedad en función de los valores y principios que dieron lugar a la hegemonía del bloque histórico, que en el caso de Bolivia está en pleno proceso de construcción.
Entonces, es desde ahí y no otra parte desde donde hay que analizar la ley transitoria, aunque la política concreta es mucho más compleja de lo que teóricamente uno se puede imaginar.
*Director de La Época