Bolivia: Beneficios a discapacitados y eliminan fondos para los partidos
ABI
El pleno del Congreso Nacional, por mayoría, sancionó la madrugada de este miércoles la ley que autoriza la creación de un fondo de 40 millones de bolivianos (5.800.000 dólares) destinado a las personas con discapacidad en el territorio nacional y eliminó la subvención a los partidos políticos en años electorales y no electorales.
Tras una larga discusión, el presidente del Congreso, Álvaro García Linera, ordenó la remisión de la norma sancionada al Poder Ejecutivo para su respectiva promulgación.
Luego de más de cinco horas de reunión, antes de la sesión, los jefes de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), de Poder Democrático Social (Podemos), de Unidad Nacional (UN) y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) acordaron viabilizar dicha norma.
En rueda de prensa, realizada en el hall de la Cámara de Diputados, el senador Félix Rojas (MAS) informó la nueva normativa aprobada consta de tres artículos.
En el primer parágrafo de la propuesta se establece la derogatoria del artículo 53 de la Ley de Partidos Políticos, para que quede sin efecto la subvención económica en años electorales y no electorales.
Un segundo artículo establece la creación de un fondo económico destinado a los discapacitados con un monto inicial de 40 millones de bolivianos a ser erogados por el Tesoro General de la Nación (TGN).
El tercer artículo refiere que el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto supremo que garantice la correcta utilización de los recursos del fondo creado.
Los congresistas, con el quórum correspondiente abrieron la sesión de Congreso Nacional, luego declarado por tiempo y materia, que también autorizó la permanencia de un contingente militar boliviano en Haití, a solicitud de las Naciones Unidas.
Los discapacitados iniciaron una huelga hace aproximadamente un mes en diferentes regiones del país, en demanda de la aprobación de este fondo para que se beneficien.
En regiones como Santa Cruz, estas personas incluso tomaron instalaciones como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que obligó a la intervención policial que luego derivó en enfrentamientos con amenazas de tomar el Comando Departamental de la Policía.
La demanda de este sector fue utilizada por los opositores al Gobierno en Santa Cruz que llegó, incluso, a la agresión al Comandante de la Policía, Wilgen Obleas.