Bolivia: El impuesto a los hidrocarburos
Andrés Soliz Rada*
Algunos piensan que la inviabilidad de Bolivia comenzó en la Constituyente de 1825. Otros creen que los males emergieron con la llegada de los españoles al continente, en 1492. A fin de encontrar explicaciones más cercanas, estimamos que el horizonte se nubló para el país el 17-05-05, al aprobarse la Ley de Hidrocarburos “3058”. Se dirá que eso es absurdo ya que la “3058” elevó los ingresos estatales del 18 al 50 %.
El 18 % inicial no dejaba nada a YPFB, ya que el 11% era para los departamentos productores, el 1% para Beni y Pando y el 6 % para el TGN. El 32 % adicional (denominado IDH) tiene el siguiente destino: 16% para los 4 departamentos productores, 10 % para los 5 no productores y el 6 % para el “TGN, pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, municipios, universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros”. Otra vez nada para YPFB. El artículo 57 de la citada ley se asemeja a arrojar una res a un foso de lobos hambrientos, para ver como los lobos se despedazarán entre si.
La tercera nacionalización de los hidrocarburos, del 1-05-06, logró que durante seis meses se elevaran los tributos en otro 32 % (con lo que se llegó al 82 %) de la producción de los mega campos de gas, descubiertos por YPFB y entregados gratuitamente a Petrobrás y otras compañías. Este nuevo ingreso estaba destinado a la petrolera estatal, el que debía consolidarse después de auditorias a los campos de gas y petróleo. El gobierno de Evo Morales no tomó en cuenta las auditorias y firmó contratos con las petroleras, con lo que se volvió al 50/50 de la “3058”.
Entre tanto, se incrementó el precio internacional del petróleo, lo que abrió aún más el apetito de las fieras enjauladas. El MAS utilizó el 32 % conseguido con la nacionalización en pagar el Bono dignidad (a los ancianos) y el bono “Juancito Pinto” (a los escolares). Cuando este segundo 32 % dejó de ser pagado por las petroleras, recurrió a los esmirriados fondos de YPFB. Para colmo de males, las reservas monetarias del Banco Central de Bolivia (BCB) son exportadas a intereses ridículos a Bancos, Gobiernos y Transnacionales del primer mundo.
La experiencia enseña que las petroleras aceptan ceder parte de sus ingresos con dos condiciones: Que no se desarrolle la empresa estatal y que el valor agregado a la materia prima (termoeléctricas, GTL, Petroquímica, etc) esté bajo su control y, en el caso boliviano, fuera de las fronteras del país. Para cumplir este objetivo, Petrobrás contó con operadores claves. Un caso paradigmático es el del prefecto de Tarija, Mario Cossío, cuya trayectoria es la siguiente:
Hombre de confianza de Gonzalo Sánchez de Lozada durante la liquidación de YPFB, entre 1993 y 1997. Presidente de la Cámara de Diputados en la aprobación de la Ley “3058” y principal impulsor de la Ley Tarija, 3065, de 30-05-05, por la que este departamento puede suscribir contratos petroleros de espaldas al Estado. El Periodista Humberto Vacaflor informó que el canciller Amorín tomará contacto con Cossío para garantizar el suministro de gas al Brasil. El Prefecto tarijeño, según el periódico “El Deber”, de Santa Cruz, ha planteado la partición de Bolivia en un Estado binacional y la elección de parlamentarios regionales, lo que aceleraría el riesgo de separatismo.
Carlos Mesa, en su libro “Presidencia Asediada”, dice que, antes de aprobarse la Ley “3058”, recibió la visita del candidato Evo Morales y su comitiva para discutir los alcances del referéndum de gas, del 18-07-04. Indica que esa comitiva “masista” estaba integrada por el tecnócrata Gastón Mujía. Lo que no dice (tal vez por que no lo sabía), es que Mujía es representante de la francesa Total, interesada también en que YPFB no se capitalice y en que no se exporte gas con valor agregado. Si no se recapitaliza YPFB y no se exporta gas con valor agregado la guillotina de la inviabilidad terminará por caer sobre Bolivia.
*Ex ministro boliviano de Hidrocarburos