Bolivia, neoliberalismo, contradicciones. – RIQUEZA MINERA: INFINITO SAQUEO

El anunciado plan de «nacionalización de la minería» del presidente Evo Morales se reduce hasta quedar peligrosamente disminuido al ratificarse, a fines de octubre de 2006, la decisión oficial de contratar a cuatro mil cooperativistas para la mina de estaño de Huanuni, que anualmente exportará unos 30 millones de dólares, apenas un cuatro por ciento de las exportaciones bolivianas de minerales previstas para el 2006.

«Se posterga el anuncio de la línea política minero-metalúrgica que iba a anunciar el gobierno. Debo reconocer, la mayor parte del tiempo que estoy acá ha sido invertido en el tema Huanuni», dijo el ministro de Minería y Metalurgia, Guillermo Dalence, que asumió el cargo el mes pasado, tras que su antecesor, el ex ministro Wálter Villarroel, que propugnaba una política de privatización-cooperativización de la minería, fuera exonerado por el presidente Morales por la matanza de Huanuni –16 muertos y una cincuentena de heridos a bala y dinamita–.

Según informó el ministro a la agencia gubernamental ABI, «la nueva política minera, que no tiene fecha definida para su lanzamiento, es compleja aún, toda vez que falta el análisis de la parte técnica y económica». El gobierno, a través del vicepresidente Alvaro García Linera, fue sin embargo claro al asegurar que se respetarán todas las concesiones que el Estado, como dueño de las minas, otorgó al sector privado, nacional y extranjero, manteniéndose el pago simbólico de regalías e impuestos.

En la última década, según estableció una investigación de Econoticias Bolivia, un puñado de transnacionales y de empresarios locales de la minería se apoderaron en beneficio propio de US$ 4.289,5 millones, dejando socavones vacíos, mucha miseria en los pueblos del altiplano y sólo 90 millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado.

Por ello, ante la ausencia de cambios sustanciales, el actual gobierno de izquierda indigenista continuará aplicando, con todo su rigor, la misma política minera neoliberal, diseñada y ejecutada por el millonario ex presidente y dueño de minas Gonzalo «Goni» Sánchez de Lozada, derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular.

La política minera de Goni, que desmanteló y destruyó en la década de 1991/2000 la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), entregando en concesiones todos los yacimientos a las grandes transnacionales y a las empresas privadas chicas y cooperativizadas, se mantiene en pie y continúa desarrollándose sin pausa.

En sus primeros nueve meses de gobierno, la política neoliberal indigenista continuó con la privatización del yacimiento de hierro más grande del mundo, entregando el Mutún a la transnacional india de Jindal, con una serie de concesiones onerosas como una millonaria subvención en el precio del gas natural (US$ 100 millones transferidos anualmente a Jindal) y permitiendo la explotación masiva de materias primas con un bajo nivel de industrialización: sólo el 5% del hierro explotado y comercializado se convertirá en acero.

En el resto de la minería, donde las transnacionales controlan dos terceras partes de la producción, la minera chica y cooperativizada privada casi un tercio y el Estado no más del 5%, el gobierno de Evo Morales mantuvo y profundizó el saqueo privado de los yacimientos y reservas con escaso o nulo beneficio para el país.

Hasta ahora, los tímidos intentos por aumentar los impuestos y regalías sobre las transnacionales y empresas locales, que se llevan el 98 por ciento de los ingresos totales de la minería y tributan sólo el 2 por ciento, han tropezado con la negativa del Ministerio de Minería y del gobierno de Morales. Frente a ello, los mineros de Huanuni han levantado la bandera de la expulsión de las transnacionales y de los empresarios locales para avanzar a la nacionalización de todas las minas, sin indemnización y bajo control obrero colectivo, una consigna que ha comenzado a calar entre la población más empobrecida de Bolivia.

Gas: la tajada mayor es para las petroleras

El Estado boliviano recibirá más ingresos con la legalización de los contratos petroleros, pero mucho menos que las transnacionales como Repsol, Petrobras, Total, British Gas y otras que se han apoderado con mil mañas y menos inversiones del derecho para explotar durante los próximos 30 años los ricos yacimientos de gas y petróleo del centro de Suramérica.

Los últimos convenios y contratos firmados por el presidente Morales han definido que, en el multimillonario negocio del gas, las gigantescas y poderosos transnacionales que operan en Bolivia seguirán llevándose la mayor tajada. La torta pequeña, del gas como materia prima, reducida a la mitad por los bajos precios, se distribuirá entre el Estado y las petroleras; mientras que la torta grande, del gas industrializado, quedará en exclusiva para los dueños y señores del gran capital.

En el mundo petrolero, los ingresos por la exportación de gas natural como materia prima son millonarios, pero tres a 10 veces menores a los ingresos generados en su industrialización, según sean usados en la petroquímica, en la termoelectridad, en su uso para la generación de diesel, gas licuado, metanol, úrea, amoniaco y otros derivados de masivo uso industrial.

Por decisión del gobierno –que paradójicamente prometió «nacionalizar e industrializar» el gas en la campaña electoral que ganó con el 54% de los votos–, Bolivia no participará de los beneficios de la industrialización y no recibirá ninguna tajada de la gran torta, aspirando sólo a agrandar su participación en la torta pequeña.

En las negociaciones con los gobiernos vecinos y aliados político-ideológicos de Morales –como son Lula en Brasil y Kirchner en la Argentina– y con las transnacionales petroleras, la pretensión del gobierno boliviano fue sólo la de agrandar al máximo la torta pequeña del gas como materia prima, aunque los resultados no fueron satisfactorios: en términos reales, la torta pequeña se redujo a la mitad, al definirse contratos de exportación sobre un valor de cuatro a cinco dólares, cuando el precio internacional actual es de ocho dólares promedio el millón de BTUs de gas (unidad térmica británica).

Con ello, Bolivia renunció a la mitad de sus potenciales ingresos en beneficio directo de las transnacionales como Repsol, Petrobras y otras, que operan a ambos lados de la frontera, y en beneficio de las industrias y consumidores de Brasil y Argentina.

Bolivia 35, petroleras 65

Según los contratos suscritos con las transnacionales los últimos días de octubre y los compromisos en marcha con Brasil y Argentina, los ingresos para el Estado boliviano provendrán casi en su totalidad por la exportación de 26 millones de metros cúbicos diarios de gas natural como materia prima al mercado del primer país y de 27.7 millones al mercado del segundo.

Por ello, de la mitad de la pequeña torta de la materia prima, Bolivia recibirá durante las próximas dos décadas el 70 por ciento de los ingresos y las petroleras el restante 30 por ciento, según dijo el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas. La otra mitad de la pequeña torta quedará en manos de las petroleras. Así, tomando en cuenta, la torta real del gas como materia prima (valorada sobre un precio de 8 dólares el millón de BTUs), la verdadera distribución de la renta petrolera sería de 35 por ciento para Bolivia y de 65 por ciento para las petroleras.

Esta distribución se mantendrá a lo largo de las siguientes dos a tres décadas. El convenio suscrito con la Argentina incluye especificaciones técnicas y matemáticas para mantener en el tiempo un precio de exportación bilateral que sea la mitad del que rige a nivel internacional. Con Brasil, hay un convenio que mantiene este mismo principio, aunque el gobierno de Morales intenta, aunque con escaso éxito, mejorar este precio hasta 8 dólares.

Según las estimaciones gubernamentales, aún preliminares y sujetas a revisión, los ingresos del Estado alcanzarían a un poco más de 1.200 millones de dólares en los siguientes dos años y a cuatro mil millones a partir del 2010, cuando se acrecienten las exportaciones a la Argentina. Con Brasil existe un contrato de compra venta de gas desde el año 2000 hasta el 2019, en tanto que con la Argentina el contrato fue suscrito el año 2004 por el ex presidente Carlos Mesa y ampliado por Evo Morales, hasta el año 2026.

Con relación al pasado, la participación del Estado en los beneficios de la explotación del gas como materia prima irá en aumento, tanto porque se duplicará la cantidad de gas a exportarse como por la nueva distribución de la renta petrolera y el aumento de la cotización internacional de los hidrocarburos. Los ingresos brutos de las transnacionales también se acrecientan por estos mismos factores.

Las cifras, sin embargo, aún son muy contradictorias y las sumas no cuadran. Así, el propio ministro Villegas anunció inicialmente que el nuevo contrato suscrito con la Argentina, que duplica el actual nivel de ventas que se tiene con Brasil, le reportaría al Estado boliviano un poco más de 17 mil millones de dólares en los siguientes 20 años. Días después, tras la firma de los contratos con las petroleras, dijo que los ingresos del Estado boliviano, tanto por las ventas a Brasil y Argentina, podrían llegar a 67 mil millones de dólares. De todos modos, estas cifras representarían un poco más de un tercio de los ingresos por la venta de la materia prima, quedando los restantes dos tercios para las transnacionales.

Con estos emprendimientos, Bolivia estaría consolidándose como el eje central de la distribución de gas natural barato en América del Sur, con todo lo bueno y malo que ello significa. Los especialistas bolivianos, como Saúl Escalera y Luis Carlos Kinn, ya han advertido que «es un grave error histórico y es un grave daño al país, el continuar basando principalmente nuestra política de hidrocarburos solamente en la exportación del gas como materia prima barata».

Es más, por sus cualidades, el gas boliviano tendría que venderse en un precio superior al internacional. «Una gran ventaja de nuestro gas es que no contiene azufre. El de Venezuela tiene un alto contenido de azufre, la presencia de este elemento es castigada cuando se vende el gas internacionalmente, es como un componente no deseado, entonces el precio del gas baja. En cambio, a nuestro gas le deberían aumentar el precio por su calidad, no tiene azufre, es un gas ecológico», señalan los especialistas, que creen que un precio «justo» sería de 9 a 10 dólares por millón de BTUs.

Sin embargo, este argumento no ha sido utilizado por el gobierno de Morales, que vende la materia prima barata y mantiene en pie el criterio de la «solidaridad» del país más pobre (un tercio pasa hambre y otro tercio apenas tiene para comer lo mínimo) hacia los más desarrollados de la región.

No hay, por lo menos hasta ahora, la intención del presidente Morales de lograr que sus pares y socios como Kirchner y Lula accedan a cambiar la dirección de esta subvención. Desde la firma de contratos de compra-venta de gas, el precio de venta ha sido de «solidaridad» del país más pobre (Bolivia) hacia los relativamente más prósperos (Brasil y Argentina) y con evidente beneficio para las transnacionales, que lo revenden directamente a terceros país (Chile) a un precio mayor o lo utilizan como insumo para los procesos industriales de la petroquímica, acrecentando sus multimillonarias ganancias.

La exportación de gas como materia prima barata desde Bolivia rinde miles de millones en el bolsillo de las transnacionales y en Argentina y Brasil. En el sur del continente, los que hacen los mayores negocios con el gas boliviano son Repsol y Petrobras, que operan en Argentina y Brasil. Repsol es el mayor vendedor de gas para Chile, que a su vez industrializa el energético no contaminante, lo convierte en metanol y lo vende con altas utilidades. Así, en el extremo de la paradoja, Chile, que no produce gas natural y que importa todo para su consumo, transforma la materia prima en metanol, logrando entre 2000 y 2002 una beneficio de casi mil millones de dólares.

El negocio es multimillonario. Tan sólo en el 2005, Repsol logró, según la información de la propia transnacional, ingresos por 4.186 millones de euros en la petroquímica derivada (amoniaco, urea, metanol y otros), proveniente en gran de sus plantas instaladas en Argentina, y que usan materia prima de ese país y Bolivia.

Según el más reciente informe sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, las petroleras que operan en la Argentina (y que son las mismas que lucran con el gas boliviano) se apropiaron entre 1999 y 2004 de casi 30 mil millones de dólares. El informe de la ONU establece que estas petroleras acrecentaron sus ingresos al producir y comercializar gas y petróleo con bajos costos, venderlos a los elevados precios internacionales y reduciendo la participación del Estado. Otras organizaciones populares, que luchan por la nacionalización de los hidrocarburos, señalan que cada segundo las petroleras ganan 42 mil dólares.

Los ingresos de Petrobras son también multimillonarios al industrializar el gas boliviano en la petroquímica, la termoelectricidad y otras industrias ligadas a los fertilizantes, plásticos y fibras textiles.

Según la empresarial Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que aglutina a todas las petroleras que operan en el país, el contrato de venta de gas a Argentina que a partir del 2010 llegará a 27,7 millones de metros cúbicos diarios y el «buen precio del energético» fueron claves para firmar los 69 nuevos contratos petroleros que esperan ser autorizados y ratificados por el Congreso Nacional.

En ese contexto, Magela Bernardes señaló que la ratificación congresal de los 69 contratos les otorgará la seguridad jurídica que necesitan para operar en el país con tranquilidad. «Nosotros hemos manifestado que durante varios años Bolivia no pudo tener inversiones por parte de las empresas sociales de ese sector porque no había seguridad jurídica. A partir del 28 de octubre del 2006, nosotros contamos con parte de la seguridad jurídica y contamos con contratos que ojalá sean aprobados por el Congreso Nacional en el más corto espacio de tiempo», precisó.

Con estos contratos y el anunciado aval del Congreso, Evo Morales legaliza los contratos de Repsol, Petrobras y otras petroleras, a las que «blanquea» todos sus delitos, perdona sus fraudes y garantiza nuevos y millonarios ingresos. El compromiso oficial del gobierno es que los contratos serán refrendados por el Parlamento para tener total seguridad jurídica, no serán modificados en el tiempo y garantizarán altas ganancias para las transnacionales, que operan con los costos de producción más bajos del mundo y cometiendo delitos que van desde la defraudación y evasión fiscal, el contrabando de carburantes, la subfacturación y otras irregularidades denunciadas por las propias autoridades del gobierno boliviano.

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(En el periódico digital Por la libre (www.porlalibre.org).