Sep 1 2008
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Política

Bolivia: prefectos serán procesados por malversación de fondos

surysur

El gobierno de Bolivia anunció que los prefectos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, serán sometidos a un proceso por malversar recursos del Estado en la realización de consultas para aprobar sus estatutos autonómicos.

El anuncio fue hecho el domingo por el vicepresidente Álvaro García Lynera, quien señaló que esos funcionarios son protegidos en la Cámara Alta por los senadores de la opositora Poder Democrático y Social (Podemos), pero que “no persistirá por mucho”.
 
De acuerdo a la agencia de noticias ABI, los prefectos de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández; de Tarija, Mario Cossío, y de Santa Cruz, Rubén Costas, en menos de dos meses – mayo y junio- gastaron 22.500.000 bolivianos, recursos de sus regiones, para realizar consultas populares ilegales que pretendían validar estatutos autonómicos.
 
"Aquellas personas que han utilizado, para hacer una encuesta carísima el día 4 de mayo; que han utilizado dineros públicos de los bolivianos, del IDH, sin permiso del Congreso, sin autorización de los procedimientos que mandan la utilización de esos dineros, tienen que responder de sus actos", sostuvo Lynera.
 
Asimismo, el vicepresidente aclaró que no se trata de una amenaza a los prefectos, sino una acción que deben cumplir. "Sin ningún ánimo de amenazar a nadie, tengo la obligación de cumplir mi deber. Yo he jurado hacer cumplir lo que manda la ley y la Constitución, y tengo que hacerlo, pese a quien pese, más pronto o más tarde, con mayoría o con minoría congresal, este año o el siguiente, tengo que cumplir lo que la ley manda", aseveró.
 
La Ley de Hidrocarburos No. 3058, establece que los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) únicamente podrán ser utilizados para la ejecución de proyectos educativos, salud e infraestructura.
Sin embargo, el prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, usó 11.200.000 bolivianos del IDH para financiar la consulta para validar el estatuto autonómico del 4 de julio.
 
Por su parte, Beni, Ernesto Suárez Sattori prefecto de Beni,  gastó 3.300.000 bolivianos para intentar dar legalidad a su estatuto autonómico del 1 de junio. En esa la fecha el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández (Podemos), gastó 3.500.000 bolivianos del IDH; y el prefecto de Tarija, Mario Cossío, usó 4.500.000 bolivianos.
 
En los cuatro casos, la convocatoria a esa consulta fue declarada ilegal por la Corte Nacional Electoral (CNE), porque ninguna contó con una ley aprobada por dos tercios de voto del Congreso Nacional como lo fija la Ley de Referendo y la Constitución Política del Estado.

 

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