Brasil: Movilizaciones populares

Desde el 10 de agosto, más de 3 mil trabajadores sin tierra se encuentran acampados en Brasilia para, de nuevo, alertar al gobierno federal sobre una cuestión que, otrora, fue considerada prioritaria por el Partido de los Trabajadores (PT): la reforma agraria.
El mundo gira, y hoy muchas cosas parecen estar patas arriba: quien hacía oposición a Sarney lo defiende; quien gritaba "fuera Collor" lo elogia; quien exigía reforma agraria exalta el agronegocio. Y, a pesar de las políticas sociales, 31 millones de brasileños(as) continúan sobreviviendo en la miseria. Y la violencia disemina el miedo por nuestras ciudades.
La manifestación de los sin-tierra demanda del gobierno muy poco, sobre todo si se compara con los incentivos oficiales concedidos a las empresas que degradan la Amazonia y a los usineros que, en latifundios, mantienen trabajadores en régimen de semiesclavitud.
Es urgente asentar más de 100 mil familias sin-tierra acampadas por el país en la intemperie, sobreviviendo en barracas de plástico negro al borde de las carreteras. Y cuidar de las 40 mil familias asentadas virtualmente, sólo en el papel, pues aguardan, hace tiempo, recursos para vivienda, infraestructura y producción. En los últimos seis años se financiaron sólo 40 mil casas en el área rural. También las escuelas rurales necesitan, urgentemente, de recursos.
Brasil no tiene futuro si no cambia su estructura agraria. En las tres Américas, sólo Brasil y Argentina jamás hicieron reforma agraria. El detalle es que somos un país de dimensiones continentales, con 600 millones de hectáreas cultivables.
Dos problemas crónicos encontrarían solución si Brasil no tuviese tanta tierra ociosa, como se constata al viajar por nuestras carreteras o sobrevolar nuestro territorio: el desempleo y la violencia urbana. Los países desarrollados, como EE UU y los de Europa Occidental, con territorios mucho menores que el nuestro, obtiene una alta productividad en el campo, sin que haya latifundio. Hay, sí, un gran incentivo a la agricultura familiar.
El gobierno federal debe a la nación la actualización de los índices de productividad de las propiedades rurales intocadas desde 1975. Por exigencia constitucional tales índices deberían ser revisados cada diez años. Estos son utilizados para clasificar como productivo o improductivo un inmueble rural y agilizar, con transparencia, la expropiación de las tierras para efectos de reforma agraria.
Frei Betto, teólogo brasileño