Brasil: una política para nada aislada

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Diego Ghersi.*

La presidenta Dilma Rousseff asistió a la ceremonia que dio inicio a las operaciones en el astillero donde serán construidas cuatro naves Scorpene de propulsión diesel. Las cuatro unidades representan el primer paso en la construcción del primer submarino de propulsión nuclear de Brasil.

 
En ese sentido, Rousseff subrayó que su país “pasará a formar parte del pequeño grupo que tiene conocimiento y tecnología para construir submarinos, capacidad que es factor estratégico, tanto para la defensa como para el crecimiento económico del país”.
 
Conviene aclarar que los submarinos de propulsión nuclear son considerados armas estratégicas y adquieren su máximo potencial táctico cuando están combinados con misiles armados con cabeza nuclear.
 
La flexibilidad de poder recorrer grandes distancias sumergidos y sin aprovisionamiento de combustible dificulta su detección satelital, cuestión que oculta las estaciones de lanzamiento elegidas así como los posibles blancos.
 
Estos factores, que fueron determinantes durante la “Guerra Fría”, dependen también de la tecnología desarrollada para el abastecimiento de aire respirable para las tripulaciones. Dicha tecnología resulta tan confidencial como la que provee la propulsión y la del desarrollo de las armas atómicas que porta.
 
El reciente anuncio de la presidenta de Brasil debe considerarse desde su importancia económica, estratégica y política para ese país y para toda la región.
 
La trascendencia económica del anuncio brasileño estriba en el hecho de que el gobierno estima que derivará en la creación de 9.000 empleos directos y 27.000 indirectos en las obras de construcción del astillero y de la base naval para los equipamientos. Además, la mandataria resaltó que cada submarino que se fabrique contará con más de 36.000 piezas, producidas por 30 empresas brasileñas.
 
En el aspecto estratégico hay dos formas de interpretar y explicar la novedad. Una de ellas es insistir en una pretendida vocación expansionista de Brasil independiente de su implicancia como líder latinoamericano. La otra es reconocer el compromiso de Brasil con el desarrollo regional en un marco de armonía latinoamericana.
 
La primera visión destaca la histórica pretensión de Brasil por incorporarse a selecto grupo de naciones consideradas potencias a nivel mundial y atribuir a ese deseo un carácter unilateral y conflictivo para con sus vecinos por cuanto sería atribuible a deseos expansionistas de tinte imperial.
 
La segunda, en cambio, se diferencia en los hechos en virtud de las políticas activas desarrolladas durante la etapa presidencial de Inacio Da Silva y la actual gestión de Dilma Rousseff. Ambos periodos caracterizados por el impulso dado a las organizaciones regionales en particular y, en el área de Defensa, a la reciente creación del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa (CEED), organismo que reúne a los países de la región con la aspiración de "una usina de pensamiento" para la defensa de los "intereses sudamericanos".
 
Es cierto que los anuncios brasileños en materia de desarrollo naval apuntan a cubrir la preocupación del ex presidente Da Silva por proteger las reservas petroleras brasileñas recién descubiertas. También apuntan a disuadir a las potencias extra continentales que no pierden sus aspiraciones de dominio en la región.
 
En ese sentido, la referencia directa es la injerencia británica en el Atlántico Sur desde donde opera el complejo militar de Mount Pleasant, avanzada de la misma OTAN actualmente autodefinida hoy por el rol adoptado al bombardear Libia para la conveniencia económica de las Potencias Centrales.
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los anuncios de la presidenta Dilma Rousseff no apuntan a romper el balance militar intra regional sino que contrarrestaría el poder de combate británico, asentado en territorios reclamados por Argentina, país que es el principal socio comercial y político brasileño.
 
Brasil es un firme defensor de los reclamos de Argentina por las Islas Malvinas. Un ejemplo de cooperación de este tipo puede encontrarse en la relación militar integrada entre Canadá y Estados Unidos, sostenida a ultranza pese al potencial superior del segundo.
 
En comparación, la expansión de la industria naval brasileña encuentra a Gran Bretaña en un período de profundos recortes económicos producto de la crisis económica que se abate sobre los países centrales de Europa y de los que no escapa su sistema de defensa.
 
Como consecuencia de eso Gran Bretaña atravesó hace muy pocos días por el paro laboral más grande al que un gobierno de ese país haya tenido que enfrentarse desde la época de Margaret Thatcher, situación que aún no ha tenido resolución plena.
 
La medida de fuerza fue organizada por tres sindicatos del sector de la educación y uno de empleados públicos. Están motivados por el descontento producido ante los ajustes adoptados desde la administración Cameron para recortar 130 mil millones de dólares al gasto público.
 
El gobierno británico -que ha explicado a su ciudadanía que ante la inevitabilidad de los recortes “todos deben compartir el dolor”- incluye en el “gasto público” a las cuestiones de la defensa.
 
Sumado a esta crisis, el Comité Parlamentario de Defensa del Reino Unido reconoció con “alarma” un reporte de auditoría que pone en evidencia que el Ministerio de Defensa británico perdió bienes por un valor de 10 mil millones de dólares.
 
La preocupación de los legisladores británicos se agravó cuando sus intentos por determinar cuáles eran los bienes implicados en la pérdida fueron frustrados por acción manifiesta del Ministerio de Defensa.
 
En particular, las autoridades militares de Gran Bretaña fueron acusadas de perder el registro de dichos bienes, que incluyen radios Bowman para uso en conflictos bélicos por un valor de 295 millones de dólares.
 
Además, los sucesivos recortes presupuestarios han privado de portaaviones a los británicos, navío esencial para una fuerza de tareas con capacidad de despliegue extra regional. Dicha falencia es preocupante frente a Brasil que sí tiene uno, el Sao Paulo –ex Foch francés- al que se sumaría una flota de submarinos convencionales y, a partir de 2023, unidades con propulsión nuclear.
 
Aún queda una tercera cuestión para explorar que se desprende de los anuncios sobre desarrollo naval hechos por Dilma Rousseff y tienen que ver con el diferente rol que los gobiernos de Brasil y de Argentina asignan al desarrollo militar en general.
 
Dicho rol está atravesado por el pasado que las fuerzas armadas han tenido como actor político en la historia de ambos países y por la forma en que cada uno manejó y maneja dicho pasado.
 
En ese sentido, mientras Brasil distrae recursos que podrían emplearse en el combate contra la miseria y el analfabetismo, aún no ha podido encarar la problemática de las violaciones de los derechos humanos de tiempos de dictadura. Tal cuestión se encuentra marcada por un fuerte rechazo con origen en sus fuerzas armadas y constituye un formidable escollo a la gestión del PT.
 
Por el contrario, Argentina priorizó la redistribución de la riqueza, el saldo de las problemáticas históricas relativas a los Derechos Humanos y el combate a los monopolios.
 
De esa diferencia surge que Argentina haya decidido posponer su desarrollo militar en sentido convencional, optando por redirigirlo al marco de desarrollo científico y tecnológico más que al potenciamiento exclusivamente basado en el desarrollo o adquisición de armas o sistemas de armas.
 
Coincidentemente, desde lo político, el camino por el que ha optado Argentina en el área de la Defensa se sustenta en los dichos de la presidenta Cristina Fernández. Según la jefa de Estado, el país “carece de hipótesis de conflicto”, palabras que en lo estricto deberían precisarse como “Argentina tiene baja probabilidad de conflicto”, dado que desde lo académico las “hipótesis de conflicto” de los países siempre existen y en el caso argentino se materializan en la tozudez británica de conservar las islas Malvinas.
 
En algún momento, no lejano, Argentina tendrá también que volcar su esfuerzo en el desarrollo naval, cuestión fundamental para la custodia de un país cuya superficie territorial total se compone en un 63 por ciento de océano. Dicho esfuerzo deberá coordinarse -y no oponerse- a modo de complemento con los países de la región para el logro de una eficaz defensa integrada continental.
 
* Periodista.
En http://alainet.org/active/48252 —que cita como fuente a la Agencia Periodística de América del Sur (APAS)
www.prensamercosur.com.ar

 

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