Cascos Azules en la mira

Si bien todavía las sospechas no han sido confirmadas, en declaraciones oficiales el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, ha asegurado sentirse muy preocupado por este nuevo escándalo y ha insistido en la necesidad de que se adopten medidas disciplinarias estrictas contra los cascos azules a quienes se pruebe responsables de abuso o explotación sexual durante su trabajo como parte de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática de Congo (MONUC).

 

La Oficina de Supervisión Interna de la ONU entregó esta semana al Secretario General de la organización, un informe que revela que algunos soldados aportados a la MONUC por parte del gobierno de India habrían cometido actos de explotación y abuso sexual, según confirman pruebas de “prima facie” (primera vista).

 

MONUC es una de las operaciones de paz más grandes de la ONU y se estableció en el año 1999. En ella participan 16.475 soldados procedentes de 18 países, entre los que destacan India y Pakistán, que aportan 4.372 y 3.551 efectivos respectivamente.

 

La orden original fue la de asegurar la implementación del Acuerdo de Lusaka, firmado en 1999. En primer lugar, la Misión se centró en garantizar el alto el fuego entre las partes contendientes en la República Democrática de Congo.

 

Actualmente, la operación se encuentra en su tercera fase, que es la de facilitar el proceso de desarme, desmovilización, repatriación, restablecimiento y reintegración de los desplazados por el conflicto.

 

La propia ONU documentó en el año 2005 más de 105 denuncias contra cascos azules en la República Democrática de Congo. La organización denunció que los militares se aprovechaban de la desesperada situación de las mujeres y niñas congolesas para practicar el sexo con ellas a cambio de comida o pequeñas sumas de dinero. Además en el informe -presentado tres años atrás- el organismo ya reconocía que los abusos se repetían en cada misión de “paz”.

 

La organización defensora de los derechos de los niños, Save the Children, viene denunciando desde hace tiempo los abusos que sufren los niños por parte de integrantes de fuerzas de paz y trabajadores de organismos humanitarios, y asegura que es algo que ocurre en diferentes partes del mundo.

 

Un estudio realizado por Save the Children descubrió un amplio rango de explotación y abuso: niños intercambiando sexo por comida, sexo forzado, abuso sexual verbal, prostitución infantil, pornografía infantil, esclavitud sexual, ataque sexual y tráfico de niños. La organización pidió en su momento la creación de una entidad internacional de vigilancia para confrontar el asunto, sin embargo nunca se llevó adelante.

 

Camboya fue el primer país en el que se tiene noticia de que los soldados de la ONU no respetaran las normas en lo que respecta, especialmente, a la situación de la mujer y las niñas, entre otras “ilegalidades”.

 

Pero no fue hasta 1996, cuando la organización reconoció repentinamente la implicación de los soldados en violaciones y su responsabilidad en el aumento de la prostitución, trata de mujeres y abuso infantil en Angola, Mozambique, Somalia, Bosnia, Croacia, Camboya y Ruanda, gracias a la información recogida en el “Informe Machel”.

 

Conocido por el nombre de su autora, Graçia Machel, antigua Ministra de Educación de Mozambique y actual esposa de Nelson Mandela, el informe “Impacto del conflicto armado en los niños” fue el resultado de dos años de investigaciones y en él se recogen evidencias sobre las implicaciones de los cascos azules en violaciones y prostitución de menores

 

Los países americanos que recibieron integrantes del cuerpo de mantenimiento de paz de las naciones unidas, también fueron víctimas de violaciones a sus derechos.

 

En Haití, los cascos azules llegaron por primera vez en septiembre de 1993 con el objetivo de ayudar a estabilización democrática, y todavía se encuentran en la región. Ahora, el pretexto es mantener la seguridad en el país ya que constituye, para la ONU y para Estados Unidos y algunas potencias europeas, “una amenaza para la paz y la seguridad regional”.Violaciones, pedofilia y tráfico humano con destino al comercio sexual parecen formar parte del programa a cumplir por las tropas de la ONU desplegadas en el país caribeño, según denuncia la periodista Isabel Moyedo en Prensa Latina.

 

Las denuncias acerca de actos de esta naturaleza comenzaron casi al unísono del despliegue de los cascos azules en el territorio, tras la revuelta armada que redundó en la derrota del ex presidente constitucional Jean Bertrand Aristide, en febrero de 2004.

 

La desesperación que reina en los países donde los cascos azules desembarcan, no es excusa para que personas que supuestamente están encargadas de establecer la paz y mejorar las condiciones de vida de su población, abusen de las mujeres y los niños.

 

Sin dudas los soldados se aprovechan de su autoridad, y de sus ideas de superioridad para pisotear los derechos humanos de las personas que supuestamente, tendrían que estar defendiendo y garantizando.

 

En un informe lanzado en 2006 por la ONG internacional AFESIP (Luchamos contra la esclavitud sexual) se denuncia que gracias al estatuto legal de los cascos azules “la actitud de Naciones Unidas y la de los países de origen de los soldados ha impedido que violaciones y torturas demostradas y reconocidas por la propia ONU acaben en ningún tipo de condena”.

 

En un capítulo titulado “Impunidad garantizada”, se explica que los cascos azules y personal civil contratado por las misiones de paz, según la Convención de Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas de 1946, no pueden ser juzgados por el país en el que se desarrolla la misión. Es una condición sine qua non que el país receptor de cascos azules firme un convenio con la ONU por el que acepta estos privilegios e inmunidades. Así mismo, tampoco quedan bajo jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.

 

Por otro lado, como la ONU no tiene ningún tipo de tribunal interno, la única autoridad con capacidad para juzgarlos es su país de origen. Hasta el momento y a pesar de la alta cantidad de denuncias, tan sólo un par de casos han acabado en los tribunales y siempre después de un gran escándalo, como el caso de los soldados italianos en Somalia.

 

La ONU, lo único que puede hacer es investigar las denuncias y poner en marcha medidas disciplinarias para los soldados que hayan incumplido algunas de las "Diez normas: Código de conducta personal de los Cascos Azules". Entre estas medidas se incluye el consumo de prostitución ya que la llegada de tal cantidad de "clientes" supone el inicio o aumento de la trata de mujeres. Varias organizaciones, e incluso agencias de la propia ONU, han denunciado la existencia de un escaso interés por parte de la organización en llevar a cabo estas investigaciones. Si finalmente se llega a identificar al agresor se ponen en marcha medidas disciplinarias.

 

El informe advierte que el máximo castigo es que te envíen de vuelta a casa. Teniendo en cuenta que la estancia de los soldados en las misiones es rotativa, el agresor iba a volver a casa de todas formas (muchas de las investigaciones se cierran porque el implicado ya ha dejado la misión) y en ningún caso queda inhabilitado para volver a ser casco azul en alguna otra parte del mundo o, incluso, para volver a formar parte de la misión de la que se le expulsó.

 

Es decir que los miembros de los cascos azules tienen vía libre para dejar de lado sus misiones de paz para lo que habían sido enviados y cometer cualquier tipo de delito amparados en la mismísima Convención de Privilegios e Inmunidades confeccionada por la ONU.

 

En ese marco, los países que tienen que soportar a los cascos azules en su territorio vivirían más tranquilos y más pacíficamente sin la presencia de ellos. Lejos están de conseguir la seguridad y la estabilidad democrática que muchos países necesitan para poder desarrollarse y no tener que depender económica ni políticamente de las misiones de paz o potencias mundiales.

 

Además sería necesario que organismos internacionales como la ONU establezcan criterios de selección más estrictos en el momento de la elección de las personas que acudirán a misiones de paz, ya que situaciones como estas perjudican la imagen de la institución.