Chile: arde la educación superior. Fuerte represión
En Chile debe pagarse la educación superior, incluso la que imparten las escasas universidades públicas que sobreviven en el sistema de libre mercado neoliberal impuesto por la dictadura y que administra el gobierno. El congreso aprobó una nueva legislación que crea un sistema crediticio, con aval del Estado, para los estudiantes de universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales.
La ley fue aprobada por 39 senadores, con un sólo voto en contra. El Senado está compuesto por 50 miembros –uno menos desde que el «senador vitalicio» Augusto Pinochet fue despojado de su inmunidad parlamentaria–. Diez de ellos son designados por el ejército, la marina de guerra, la aviación militar, etc., de acuerdo a la Constitución de la dictadura –de 1980– que rige hasta hoy la institucionalidad chilena.
La votación indica que hubo un acuerdo transversal entre legisladores de la oposición de derecha y la alianza gobernante, estimada por algunos historiadores y politólogos de centro derecha.
La legislación fortalecerá la educación privada que predomina en el modelo de sociedad neoliberal chilena. El ministro de Educación, Sergio Bitar, un industrial en el ramo del papel mural que estuvo exiliado en Venezuela, dijo que la ley abre un nuevo acceso al financiamiento de la educación de miles de estudiantes de universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales que hoy no disponen de recursos.
“De este modo el Estado entregará su aval, bajará los intereses y eliminará las discriminaciones y, por lo tanto, habrá más equidad en los créditos” (a estudiantes de la educación superior), subrayó el ministro, visiblemente alterado por la reacción estudiantil.
Sobre Bitar pesan fuertes acusaciones de corrupción formuladas por el diputado de derecha Víctor Pérez. El minstro presentó una querella el jueves cinco de abril contra el parlamentario por injurias graves.
Según el ministro de Educación, la nueva ley no perjudica al actual Fondo de Crédito Solidario, que regula los créditos que perciben los estdiantes de las universidades públicas que carecen de los medios para pagar los altos aranceles que se les cobran. La nueva ley «es urgente para dar más equidad a los que no lo tienen».
Bitar enfatizó que el Fondo Solidario sigue firme y que la voluntad del Gobierno es continuar aumentándolo. “Vamos a enviar un proyecto de ley de reingeniería para perfeccionarlo”, precisó. El secretario de Estado afirmó: «Estamos abiertos a ver con los dirigentes estudiantiles el nuevo proyecto de ley que vamos a mandar para fortalecer el Fondo Solidario”.
EL MERCADO COMO REGULADOR DE LA EDUCACIÓN
En Chile existen severos cuestionamientos a la calidad de la educación privada, que se guía por las leyes del mercado y no por las necesidades del país, puesto que está concebida como un simple pero gigantesco negocio.
Todavía no se pone en marcha un sistema de fiscalización y aprobación de la calidad de la enseñanza superior, que no proviene de la autoridad chilena sino que es una exigencia del Banco Mundial. El ministro de Educación señaló que mientras no se apruebe el proyecto de ley de acreditación de la calidad de la educación superior, el Estado sólo puede avalar a las instituciones autónomas que hayan sido acreditadas por la actual Comisión Nacional de Acreditación de Pre-grado.
El nuevo cuerpo legal fija una tasa de interés del dos por ciento anual a los préstamos para pagar las universidades acogidas en el nuevo sistema, contra el ocho por ciento que deben pagar por los créditos los estudiantes que no califiquen. La educación superior en Chile está al alcance de sólo aquellos que puedan pagársela.
Los estudiantes de la Universidad Católica del Norte aseguraron desde Antofagasta que «nos encontramos en una fuerte lucha contra la derogación de la Ley de Financiamiento Estudiantil, la cual ya fue aprobada en el Senado» e informan hoy que han adoptado «las siguientes medidas de presión»:
1.- Exteriorizar y concientizar a la comunidad de los aspectos que no favorecen la educación por los interese del Estado.
2.- Una huelga de hambre de los estudiantes en repudio de la ley.
3.- Hacer un llamado a todos los universitarios para que en forma masiva se inscriban en los registros electorales para votar en contra de todas las personas que han sido cómplices de su aprobación.
Cerca de dos millones de jóvenes con derecho a voto no están inscritos en los registros electorales.
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(ernestocarmona@vtr.net)