Mar 3 2008
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Opinión

Chile. – CONTROL, DESCONTROL, AUTOCONTROL

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

En la chilena, en que los medios son manejados por un solo sector ideológico, las consecuencias políticas suelen ser graves. Y, recurrentemente, dramáticas para quienes resultan señalados por el dedo acusador de los medios.

Es lo que está ocurriendo con las actuaciones de la Contraloría General de la República. El nuevo contralor, designado en abril de 2007, está cumpliendo su palabra. Ramiro Mendoza prometió sacar a la Contraloría del “secretismo”. En resumen, “marketearla”. Advirtió que las investigaciones se darían a conocer, sin excepciones, cuando estuvieran terminadas. En eso no ha cumplido. Así se aprecia en una de sus actuaciones más rimbombantes: las subvenciones que entrega el Ministerio de Educación. La investigación aún no ha terminado y desde hace semanas los medios de comunicación ya crucificaron a Alejandro Traverso, el renunciado Secretario Ministerial de Educación (Seremi) y a la ministra de Educación, Yasna Provoste.

Esta no es la primera aparición altisonante de la Contraloría en la era Mendoza. Y parece que esta nueva política muy mediática seguirá marcando su transitar. Ya se sabe que el contralor ha pedido acelerar las investigaciones que se realizan en las municipalidades para que los resultados se entreguen lo más pronto posible. Quiere, según afirman cercanos, evitar que las indagaciones influyan en las elecciones municipales. De ser cierto, es un afán ilusorio. La votación se realizará el 26 de octubre de este año.

fotoMás bien parece que Mendoza tiene perfectamente establecido un cronograma para que la Contraloría esté en el primer plano de la noticia. Y eso habla bien de su afán por rescatar la figuración de un organismo fiscal venido a menos después de una dictadura en que el control era un estorbo. Y de tres gobiernos democráticos que no terminaron completamente con la cultura autoritaria. Eso es una realidad. Pero pecar de demasiado ingenuo, es otra.

Una de las críticas que se formuló a Mendoza antes de llegar al cargo que hoy ostenta, es su cercanía con la derecha. Aunque él hace gala de independencia y tolerancia, nunca ha desmentido su militancia en La Obra. Pero ni su condición de Opus Dei, ni su orientación política fueron obstáculo para que la presidenta Bachelet lo propusiera y el Senado lo aprobara con celeridad.

Parece evidente que el gobierno estaba decidido a lograr transparencia. Tal vez los impulsores del nombramiento de Mendoza no calibraron adecuadamente algunos factores. No creyeron, por ejemplo, que consciente o inconscientemente, transformaría a una entidad que por su función debe tener un perfil bajo y prescindencia política, en una batería de hechos políticos.

Lo ocurrido con las subvenciones es una muestra de ello. Se denuncia el manejo desordenado de $ 262.000 millones (unos US$ 550 millones), pero hasta ahora no se señala a responsables concretos. Y la información explicatoria del Ministerio de Educación no ha sido evaluada, pese a haberse entregado en septiembre del año pasado.

La oposición no ha desaprovechado la oportunidad. Ya se prepara una acusación constitucional contra la ministra Provoste. La idea cuenta, incluso, con votos favorables dentro de la Concertación. Más específicamente, entre diputados militantes de su propio Partido, el Demócrata Cristiano. Aparte del manejo cuestionable de las subvenciones, se la acusa de haber desoído la propuesta del contralor. La ministra sólo suspendió a Traverso por dos meses, acogiendo la pena propuesta por el fiscal que llevó la investigación. Pero que el contralor Mendoza consideró insuficiente y la aumentó a destitución. En todo caso, el Seremi renunció, su renuncia fue aceptada y luego sancionado.

Más allá de la mediática forma en que Mendoza intenta recuperar protagonismo para su entidad, el caso de las subvenciones deja otras enseñanzas. La liviandad de parlamentarios y dirigentes políticos, opositores y oficialistas, es sorprendente. La ministra Provoste no puede ser acusada constitucionalmente por este caso. De acuerdo a la Constitución Política, sólo es posible llevar a esa instancia a un secretario de Estado si se ha acreditado que éste cometió irregularidades en el ejercicio de su cargo. Tal cuestión hasta ahora no ha sido planteada siquiera.

Una demostración de liviandad y de aprovechamiento de la democracia virtual en que vivimos. Los organismos base de la democracia no pueden estar sujetos a la farandulización. Las filtraciones hacia la prensa constituyen una costumbre que debe ser erradicada.

El control, para que sea respetado, debe dar muestras palpables de autocontrol.

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* Periodista,

wtapiav@vtr.net

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