Chile: el aporte de la minería privada al país, escandalosa inmoralidad

Marcel Claude*

Recientemente, en un comunicado de prensa que no tuvo mucha difusión por los medios, el Servicio de Impuestos Internos nos informaba que, en el marco de los resultados de la operación renta 2008, habían disminuido los impuestos pagados por las empresas mineras privadas. Las cifras entregadas por el organismo estatal hablaban de “una disminución de 19,1%, en los montos declarados, pasando de US$ 3.356 millones en 2007 a US$ 2.716 millones” en el 2008.

Se agrega también que “el impuesto específico a la actividad minera (royalty) declarado fue de US$ 781 millones”. Lo que representó una disminución de 20% respecto al año 2007.

En dicho documento el SII señala que realizará una fiscalización especial para verificar las causas de estas variaciones. Esto va a la par del aumento gigantesco de las utilidades sacadas del país por estas grandes mineras que superan los 20.000 millones de dólares anuales.

De manera inmediata Alfredo Ovalle, máximo dirigente empresarial de las mineras privadas y presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio,  que agrupa a los grandes empresarios chilenos, salió en defensa del sector, argumentando entre otros aspectos que las mineras han enfrentado un importante aumento de costos, los que, según un comunicado de la Federación Minera de Chile, entre el 2005 y el 2007, habrían aumentado en un 111%, lo que representaba casi el doble del cuestionado aumento de los costos de Codelco que alcanzó un 67%.

Es aquí donde resulta indignante que se utilice reiteradamente el aumento de los costos de Codelco para promover su privatización, mientras que el mayor aumento de los costos de las privadas –una muestra de ineficiencia mayúscula– no sólo no se postule como una razón para la nacionalización de las mineras privadas, sino que, más grave aún pues limita con lo inmoral, se utiliza para justificar la reducción del aporte fiscal que de por sí es mediocre y despreciable, respecto al aporte que hacen los chilenos mayoritariamente pobres con el IVA.

Los trabajadores de las mineras privadas han manifestado que esto responde a viejas y malas prácticas de las mineras extranjeras: dejar el mínimo posible en las arcas del Estado, es decir: reducir al mínimo lo que se destina al desarrollo del país.

Un ejemplo de cómo reducen artificialmente las utilidades es mediante la compra de camiones, maquinaria, servicios o asesorías a empresas relacionadas con domicilio en paraísos fiscales, a precios que pueden ser el doble o más de lo que valen en el mercado internacional, con lo cuál, la minera sobrecarga sus costos, para no tener utilidades en Chile, y ese sobreprecio es utilidad “limpia” para las empresas relacionadas, que tampoco pagarán impuesto en el paraíso tributario en que se domicilian.

Esta política no es nueva, es una práctica habitual de las transnacionales en sus relaciones con el Tercer Mundo y con nuestro país, en donde se han ensañado en sus prácticas depredadoras y abusivas, gracias a la complacencia y complicidad de la clase política y la elite empresarial. Todo esto constituye una verdadera inmoralidad y una pérdida gigantesca en las oportunidades de desarrollo para el país.

Mientras esto sucede, los hospitales no tienen camas, los pacientes esperan horas para ser atendidos en pasillos insalubres. En las escuelas se desmoronan los pisos y los techos se llueven y los baños dan asco y repugnan. Como decía Violeta Parra años atrás “la minería produce buenos dineros, pero, para el bolsillo del extranjero… en medio de la Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia”.

* Director de Arena Pública, plataforma de opinión de Universidad ARCIS