Chile, el asunto energético y la defensa de la niñez: combustibles y la vida después del parto

Magalí Silveyra.*

El precio —en acelerada alza— de los combustibles (que Chile importa) implica un drama ciudadano no ajeno a la tragedia económica internacional. Un sector político plantea un proyecto legislativo alterno, que será presentado para su discusión al Congreso en el marco del sistema de protección ante las variaciones de precios de combustibles (SIPCO). Madres, padres, hijos: el post natal.

La medida busca eliminar el impuesto específico a los combustibles, pero a su vez fijar una política tributaria al combustible contaminante unida a medidas de largo plazo o estructurales.

El líder del movimiento progresista, Marco Enríquez-Ominami, el coordinador de la Comisión de Energía del Partido Progresista (PRO) Miguel Márquez y el economista Hernán Frigolet, del grupo Nueva Economía, dieron a conocer una propuesta alternativa al SIPCO que será presentada en el Congreso. Enríquez-Ominami señaló que Chile no ha trabajado en base a una política energética.

“El alza de los combustibles para las familias más vulnerables del país han significado un verdadero abuso. Hoy Chile es uno de los países más dependientes y vulnerables del orbe según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA) y tal condición se mantiene hace tres décadas. Nuestro país carece de una política energética responsable que le permita enfrentar su dependencia y vulnerabilidad así como la volatilidad asociada a los mercados internacionales del petróleo”, dijo el dirigente.

Aligerar la carga de los hogares

A su vez el coordinador de la comisión de Energía del PRO, afirmó:“Tenemos el convencimiento de que cualquier mecanismo para amortiguar el impacto debido a la volatilidad de los precios del crudo en el mercado internacional es insuficiente. Es por eso que hemos trabajado en la construcción de un mecanismo que amortigüe o disminuya ese impacto en los precios de los combustibles, que afectan los presupuestos familiares las actividades de las PYME y tiene importantes consecuencias negativa en la actividad económica del país”.

Para el economista Hernán Frigolett debe existir “una revisión más profunda de todo el sistema que tiene que ver con la tributación ligada a los combustibles. El impuesto al combustible que se implementó el año 85 para obtener fondos para reconstruir el país nunca se eliminó; se suponía que iba a ser transitorio, pero se ha mantenido en el tiempo"..

Frigolett argumentó que en el corto plazo es necesario implementar un impuesto transversal a todos los combustibles fósiles —desde el carbón al urania— que todo usuario deba pagar, pero también eliminar el impuesto específico al combustible derivado del petróleo para que el consumidor final no sea afectado. Señaló además que en el largo plazo se debe establecer un subsidio al ingreso ético familiar por concepto de transporte y aumento de tarifas eléctricas. El economista advirtió que de aquí a diez años el precio de los combustibles aumentará aún más por la escasez y debido al crecimiento de la demanda.

Los criterios del PRO

La propuesta del PRO incluye medidas de largo plazo, única forma de terminar con la dependencia de los hidrocarburos —de los que Chile carece—, y contempla la creación de un Fondo de Inversión para energías sustentables (FIES) de 500 millones de dólares estadounidenses con cargo al presupuesto de la nación. Dicho Fondo financiará toda medida de ahorro y uso eficiente  de energía en hogares y en la PYME,  el recambio masivo de equipos a leña, el reacondicionamiento de viviendas sociales, y el financiamiento de paneles solares térmicos, entre otras medidas.

Además contempla distribuir 10 millones de ampolletas eficientes a los sectores modestos, fijar un dos por ciento de ahorro energético obligatorio a las mineras e industrias intensivas en energía y, por último, crear un segundo fondo de 100 millones de dólares para la investigación y desarrollo de energías sustentables en las cuales Chile posee competitividad.

Proyecto post natal que alcance a mujeres cuentapropistas y a quienes no trabajan

Según los dirigentes del PRO el proyecto del gobierno no contempla a toda la sociedad. Marco Enríquez-Ominami y el vicepresidente del partido Camilo Lagos, dieron a conocer una propuesta con indicaciones al proyecto del post natal que presentarán en el Congreso. La iniciativa progresista propone sueldo mínimo por seis meses para las madres que no trabajan y además que se incluya a las independientes —que trabajan por su cuenta y  no safiliadas al sistema de protección social.

“Nos preocupa que la discusión sobre el post-natal se centre solamente en los costos que esta medida significa, y deje fuera los enormes beneficios que para sociedad genera una medida como esta, y nos referimos al desarrollo del vínculo maternal, al desarrollo emocional del niño, y el que finalmente, la sociedad respete y proteja el derecho de la mujer de ser madre”, dijo Enríquez-Ominami.

Y señaló que la propuesta gubernamental deja fuera la responsabilidad paterna, y que —tal como lo lo planteó su sector durante la campaña de 2009— promoverán que el post natal incluya a los padres “los hijos son de la madre y el padre, hay una co-responsabilidad que fortalecer. Por eso hemos propuesto una fórmula voluntaria del 4+2, es decir, permitir que los padres asuman también el cuidado del recién nacido dentro del período de los seis meses que se está discutiendo”. 

Por su parte, Camilo Lagos afirmó que en el proyecto del gobierno “llama la atención que se penalice a las mujeres más productivas del país, considerando el interés del gobierno en aumentar la participación de las mujeres en el mundo laboral”.

“Nosotros proponemos que las mujeres dependientes que reciben un sueldo inferior a los 620 mil pesos accedan irrenunciablemente al derecho, que quienes tienen cuatro meses —también irrenunciables— y puedan negociar el quinto y sexto mes, y a su vez que las trabajadoras independientes puedan gozar del beneficio”, agregó.

 Lagos explicó que la propuesta progresista propone además el equivalente al sueldo mínimo por seis meses para las mujeres que no trabajan. “Creemos que no es posible que en proyectos como este se deje de lado a las mujeres que no trabajan puesto que ellas también son discriminadas laboralmente al tener hijos y no pueden acceder a un trabajo durante ese tiempo”, dijo.

La propuesta será presentada en el Congreso por el diputado del Partido Progresista René Alinco y espera tener el respaldo de los parlamentarios de la oposición.

* Fuente: www.losprogresistas.cl