Chile: el documento del ejército y el fin de una visión

Un día antes de conocerse el Informe sobre prisión política y tortura, y en el contexto brindado por las declaraciones del general Juan Emilio Cheyre -que reconoció la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar-, el ex ministro del interior y actual senador Sergio Fernández, señaló que durante el gobierno del cual fue parte no hubo una política oficial para torturar.

«Como ministro -dijo-, jamás he seguido una política de esa naturaleza; por el contrario, se repudió cualquier apremio ilegítimo». Para refrendar lo expresado recordó un decreto de la época en que se «reitera de manera muy enfática la prohibición absoluta de aplicar apremios ilegítimos a las personas detenidas, cualquiera fueren los motivos o circunstancias de su detención».

La tortura y el asesinato como metodología fueron moneda corriente y común en esos años en la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, como lo serían en Perú y lo son en todo el mundo cuando la tiranía asume la totalidad del poder público.

Es evidente, a la luz de las investigaciones realizadas y los informes oficiales que esas investigaciones permitieron publicar, que Sergio Fernández miente.

Usted firmó la orden

de detención. Fuimos torturados

Luis Tricot y Rocío Reyes afirman que Fernández firmó su orden de arresto en setiembre de 1987, un mes después del decreto a que éste aludió. «Fui torturado por la CNI y funcionarios de Investigaciones en el cuartel general de  la policía civil en General Mackenna, Santiago.

Estos agentes, señor Fernández, cumplían diligentemente su orden de detenernos a mí y a mi esposa, embarazada de cinco meses a la sazón. Sin embargo los golpes, aplicación de electricidad, amenazas de muerte y tortura psicológica, dejaron meridianamente claro que estos agentes nunca se enteraron de aquella orden ministerial que, de acuerdo a usted, prohibía la tortura.

«¿O será que jamás hubo intención alguna de implementar esa orden y que tan solo se redactó y aprobó para blanquear la imagen de un régimen nacional e internacionalmente repudiado por  la sistemática violación a los derechos humanos?»

Agregan: «Señor Fernández, honorable senador de la república, usted señaló en relación a la tortura, casi ofendido ante la sugerencia que se hubiese torturado
mientras era ministro del interior entre abril de 1978 y abril de
1982, y posteriormente entre julio de 1987 y octubre de 1988, que ‘se
dictaron instrucciones precisas para castigar a toda persona que cometiera
estos ilícitos’.

«Por lo mismo, nos gustaría saber que  hizo Ud. para castigara nuestros torturadores, al capitán de ejército Luis Arturo Sanhueza Ross, miembro de la unidad antiterrorista, entre otros. Este oficial es la misma persona procesada por el asesinato de cuatro opositores en septiembre de 1986, entre ellos el periodista José Carrasco; el asesinato de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la
denominada Operación Albania en Junio de 1987 y el secuestro y desaparición
de 4 jóvenes en septiembre de 1987».

Ex presas y presos políticos

Dos entidades, la Agrupación Nacional de ex-Presos Políticos y la Coordinadora Nacional de ex-presas y ex-presos Políticos, firmaron el pasado nueve de noviembre una declaración respecto de la declaración del comandante en jefe del ejército que consideramos pertinente difundir. Es la siguiente:

Valoramos que el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General Juan Emilio Cheyre, asuma la responsabilidad institucional en los crímenes de la dictadura.

La inminencia del Informe de la Comisión Prisión Política y Tortura ha obligado al ejército a asumir institucionalmente que miles de personas fueron sometidas a secuestro, tortura, física y psicológica y prisión demostrando con ello, que este flagelo se practicó de forma sistemática y planificada en Chile y que en ella concurrieron agentes del Estado, que investidos en esa calidad, sometieron a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes a opositores a la dictadura.

Estos equipos de represión organizados y sustentados por el Estado estaban conformados por miembros de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones de Chile y civiles reclutados para tal efecto, lo que de acuerdo a la normativa internacional constituye delito de lesa humanidad por cuanto, la definición de tortura tiene entre sus elementos constitutivos el que dicho delito sea practicado y ejercido por un agente o funcionario del Estado, que actúa en nombre de éste y bajo su amparo.

La tortura fue parte de una política de Estado destinada a instalar el terror en la población como práctica de sometimiento, coerción y control sobre toda la sociedad y, que ella terminó con la vida de muchos prisioneros políticos, siendo la antesala de su desaparición y/o ejecución.

El reconocimiento del Comandante en Jefe, Juan Emilio Cheyre, exige que se conozca la verdad en toda su profundidad y extensión, lo que pone a la orden del día, que el Informe se divulgue y discuta en todos los sectores de la sociedad.

El reconocimiento de que fue el Estado -encabezado por las FF.AA.- el que violó los Derechos Humanos, establece de manera definitiva, que el Estado de Chile tiene la obligación de dar a conocer la verdad y de hacer justicia.

Ello implica -además- la obligatoriedad de que todos aquellos que estuvieron involucrados en estas violaciones, sean dados de baja de las instituciones armadas. El cumplimiento de esta condición permitirá hacer creíble un cambio de doctrina.

Exigimos

1.     Que el ejército ponga a disposición de los tribunales de justicia a todos los torturadores.

2.     Que el ejercito informe públicamente los nombres, cargos y grados de quienes componían la DINA, organismo conformado por todas las ramas de las FF.AA.

3.     Que entregue toda la información que posee en relación al destino de los detenidos desaparecidos así como también antecedentes, circunstancias y nombres de aquellos militares que participaron en hechos represivos con resultado de muerte, tales como falsos enfrentamientos y envenenamientos.

4.     La anulación inmediata de todos los procesos que lleva la justicia militar puesto que ellos se basan en declaraciones bajo tortura.

5.     La anulación inmediata de las penas de extrañamiento y autorización de ingreso de todos lo ex-presos y ex-presas obligados a vivir en el exilio.

6.     Punto especial merece el esclarecimiento de las horrorosas y traumáticas experiencias vividas por todos aquellos menores  -incluidos los que estaban por nacer- que fueron secuestrados y detenidos a consecuencia de hechos represivos o para presionar a sus padres y/o familiares a que se entregaran a los organismos de Seguridad o hablaran en la tortura.

Queremos recordarle al gobierno que el Comité contra la tortura de Naciones Unidas, que sesionó en mayo del presente año, instó en sus resoluciones a que Chile cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de legislación internacional que sobre el Derecho humanitario internacional y Derechos humanos ha suscrito. Específicamente en el caso de la tortura, a generar las condiciones para que las denuncias sean investigadas, los culpables debidamente sancionados y las víctimas reparadas adecuadamente. (artículo 14 de la Convención internacional contra la tortura  y otros tratos crueles inhumanos y degradantes).

Así mismo, dicho Comité solicitó a Chile derogar la ley de amnistía, rechazándola por ser ética y moralmente improcedente que un gobierno democrático aplique y mantenga vigente un cuerpo legal promulgado por una dictadura para resguardar la impunidad a sus crímenes. A la luz de las declaraciones de Cheyre, la vigencia y aplicación de la ley de amnistía es una inmoralidad, por lo que llamamos a los parlamentarios a derogarla.

Queremos recalcar que se está frente a un problema de clara connotación ética y moral, la cual alude a los fundamentos mismos de la convivencia civilizada de la sociedad chilena en su conjunto.

Finalmente, queremos señalar que consideramos un imperativo ético y moral investigar el delito de tortura, castigar su práctica y ejecutar las penas, generando mecanismos legales y sociales para abolirla definitivamente de nuestro territorio.