Sep 12 2008
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Sociedad

Chile: el senado aprobó concentración de propiedad radial por 25 años más

Radio Tierra*

Muy temprano en la mañana del 11 de septiembre, la sala del Senado aprobó el proyecto de ley que elimina varios de los requisitos para la renovación de las concesiones de las radios comerciales, lo que en la práctica equivale a mantener el actual escenario de concentración de la propiedad radial por 25 años más, con graves consecuencias para la libertad de expresión, el pluralismo y la democracia.

Lista para ser promulgada quedó la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones que cambia varios artículos relativos a los requisitos necesarios para renovar las concesiones radiales con derecho preferente. La moción presentada por el gobierno ya había sido aprobada hace dos semanas en la cámara de diputados con la sola abstención del diputado Álvaro Escobar.

Durante su tramitación en la cámara alta, concurrieron hasta la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones los ministros José Antonio Viera-Gallo, René Cortazar, además del Subsecretario de Telecomunicaciones Pablo Bello, quienes expusieron sobre los alcances de la iniciativa señalado que "se pretende alivianar alguna de las cargas que impone actualmente el proceso concursal, para qué haciéndolo menos gravoso, se favorezca el más amplio acceso posible a esta actividad y, por ende, al ejercicio de libertades públicas inherentes al sistema democrático".

Las autoridades del ejecutivo también expresaron que "esta iniciativa legal no modifica las condiciones de renovación de las concesiones radiales, como tampoco considera la posibilidad de que algún concesionario pierda la concesión que ostenta. Las concesiones radiales han sido renovadas por ley en dos ocasiones, extendiéndose los plazos y el Ejecutivo no está de acuerdo en perseverar en dicha modalidad".

Un tercer punto que recalcó el subsecretario Bello, fue que la modificación legal debía ser despachada antes del 15 de septiembre, porque de lo contrario "perdería su oportunidad, puesto que el proceso de renovación comienza próximamente y no se pueden alterar las normas una vez iniciado el proceso".

La concentración de la propiedad

El proyecto aprobado este jueves ya había sido cuestionado por varias organizaciones como AMARC Chile (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), y ANARCICH (Asociación Nacional de Radios Ciudadanas de Chile), por considerar que sus efectos prácticos contradicen los fundamentos con que se presentó al parlamento.

Un punto jamás considerado seriamente en ambas corporaciones, tienen que ver con el actual escenario de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en general, y en particular de la radio, además del reparto discrecional que se da tanto en la publicidad estatal como en la privada. Así lo ha manifestado recientemente el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, como también el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile.

El mejor ejemplo para graficar la falta de pluralismo del régimen de concesiones vigente, se puede ver en la adquisición en 2007 de las 8 cadenas de radio pertenecientes al consorcio Iberoamericano, por parte del Grupo Latino de Radio, propiedad del conglomerado español PRISA, el cual a su vez ya administraba previamente otras cuatro redes radiofónicas. En total la compra juntó en las manos de un único dueño 12 emisoras en Santiago, más sus repetidoras a lo largo de Chile, totalizando más de 300 concesiones FM, muchas de las cuales deben concursar su renovación en 2010. De este modo se concentró el 40% del espectro del país, que recibe el 60% de la publicidad.

Sin embargo la razón política que convenció a los legisladores fue que se trataba de un cambio que iba en beneficio de los pequeños propietarios radiales, que al eliminar trámites costosos podrían renovar tan sólo con el derecho preferente, reiterando su proyecto técnico original.

Otra razón menos evidente, tiene que ver con la cercanía de muchos parlamentarios y políticos oficialistas con el grupo PRISA, empresa española ligada políticamente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el cual a su vez es un aliado internacional de los gobiernos de la Concertación.

En la entrevista que concedió a Radio Tierra el diputado independiente Álvaro Escobar el 22 de agosto, afirma que algunos diputados de gobierno sostenían que había que "ayudar a los amigos de PRISA", o que hay "concentraciones de la propiedad buenas", mientras discutían el proyecto que ahora acaba de ser aprobado.

Voces diversas y disidentes

En su paso por el senado hubo algunas voces que cuestionaron la calidad de la modificación legal, como el senador Juan Pablo Letelier del PS, quien hizo ver que se "tiende a mantener la concentración de la propiedad de las concesiones radiales, tampoco revisa el tema de la resolución de los concursos, no resuelve el tráfico de las licitaciones de frecuencia, la acumulación de éstas y la reventa de las concesiones radiales".

Por su parte la senadora de la Alianza Evelyn Matthei, quien además votó en contra en la sala, hizo ver que para que el proyecto tuviera sentido debería haberse acotado "a aquellos pequeños concesionarios radiales que sólo tienen a lo más dos radios en las regiones", y señaló que es importante "establecer normas para que los pequeños concesionarios sobrevivan, sin embargo, esta norma puede ser utilizada también para los grandes consorcios radiales".

Estos mismos conceptos los reiteró la parlamentaria en entrevista telefónica con el programa Con todo derecho de Radio Tierra, donde conversó con los periodistas María Pía Matta y Roberto Fuentealba, y señaló que "era inaceptable discutirlo con tanta premura, y el gobierno debería haber enviado el proyecto antes". Agregó que "a mi me disgusta cuando alguien consigue una concesión en forma gratuita y al poco tiempo la vende en mucho dinero".

Las consecuencias

Es importante recalcar que esta modificación se produce a prácticamente un mes de las Elecciones Municipales, lo cual en otros países -como Uruguay- se encuentra prohibido por razones éticas para evitar el clientelismo político, ya que son justamente las emisoras locales una de las vitrinas preferidas por las autoridades para socializar su gestión e insertar publicidad política favorable.

También parece necesario que se aclare si ya comenzó o no el proceso de renovación de concesiones radiales, por que de haberse iniciado podría cuestionarse la validez de la modificación legal para el presente proceso, y aplicarse sólo en futuras renovaciones.

En concreto esta reforma de la Ley General de Telecomunicaciones no discierne debidamente entre "grandes" y "chicos", por lo que afecta positivamente a ambos en cuanto a las facilidades que otorga, pero al mismo tiempo al darse en una situación de desigualdad, en realidad beneficia a los grupos que concentran la propiedad, que no son justamente los pequeños concesionarios radiales que se buscaba favorecer.

Mantener la situación de concentración por 25 años más, es consecuencia del intenso lobby desplegado por la ARCHI (Asociación de Radiodifusores de Chile) en el gobierno y en el congreso, en la medida que la asociación gremial de las radios comerciales está hoy controlada por los grandes grupos y cadenas nacionales y transnacionales.

Esto significa por ejemplo que las radios AM, hoy profundamente discriminadas en avisaje publicitario y afectadas en su calidad de recepción por los cambios tecnológicos, no podrán acceder a una concesión FM, lo que pone en entredicho su sustentabilidad económica, y por lo tanto su propia existencia, con graves consecuencias para el pluralismo.

Esta situación es crítica en las grandes ciudades donde el dial radial FM está saturado, y por lo tanto ya no se puede concesionar más, favoreciendo la especulación de las empresas radiales ya establecidas que revenden sus frecuencias a precios no por debajo de los 8 millones de dólares. Cifra inaccesible para una emisora comunitaria o de servicio público.

Al igual que las AM, este cambio legal consagra la discriminación contra las radios comunitarias, que de partida se rigen por una ley diferente mucho más exigente y restrictiva, que circunscribe su emisión a la "mínima cobertura" sin poder emitir publicidad, y sin poder ahora acceder a una "concesión comercial" por lo menos durante 25 años, lo cual de haberse permitido hubiera fortalecido las comunicaciones locales.

Por último, la falta de un horizonte donde figure la radio y la televisión digital, no hace auspicioso el panorama para las pequeñas voces en las comunicaciones. Las distintas normas de radio digital permiten al mismo tiempo, una economía en el uso del espectro que puede dar acceso a todos los sectores, cuales son el Estado, los privados, y la sociedad civil, y también una mejora en la calidad de sonido sin distinciones importantes entre FM, AM y Onda Corta, permitiendo una relativa igualdad de condiciones que hoy no es posible.

La libertad de expresión es un derecho protegido por el Estado y por el derecho internacional de los derechos humanos, y por lo mismo, al ser el espectro radioeléctrico un patrimonio de la humanidad limitado, debe ser administrado por los gobiernos de forma equitativa entre todos los actores sociales y territoriales, para que puedan ejercer el derecho a la comunicación y "ser visibles" ante la sociedad, propiciando el diálogo, la inclusión y la calidad democrática.

No considerar este derecho humano en las políticas públicas, lleva a su violación por la omisión de la responsabilidad del Estado, y tiene como consecuencia lo que ya sucedió antes en Chile con la prensa que luchó por la recuperación de la democracia: su desaparición.


* 1300 AM

www.radiotierra.cl

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