Chile, el último escándalo: libres esperan su juicio detectives cabrones

Magalí Silveyra

Una de las acepciones de la palabra cabrón, según el DRAE, es "rufián que trafica con prostitutas". Y con ellas trataban y traficaba un grupo de policías civiles chilenos. Con un agravante: ellas eran (son) menores de edad.  Haya paz, empero. Esas chicas son "putitas", ellos defienden la propiedad y la integridad de las personas (que no sean pobres ni mapuche). Todo sucedía en el flamante patrimonio de la humanidad, el puerto de Valparaíso.

El tribunal que entiende la causa iniciada contra los PDI descartó reclusión preventiva de los detectives y el ex funcionario de Investigaciones por el caso de prostitución de menores en Valparaíso. El asunto no es baladí, el escándalo crece; recientemente se encontraron alrededor de cuatro mil fotos –no muy santas– de las víctimas de la red de prostitución infantil en el primer puerto del país.

Nadie en los bajos fondos de Valparaíso –y otras ciudades– ignora la conveniencia de contar con alguna información protectora ante eventuales investigaciones sobre trata de blancas, contrabando, venta de armas ilegal, narcotráfico, etc…,  para el normal desenvolvimiento del negocio; protección que suelen brindar gozosos por amistad, asociación o a cambio de favores varios personas vinculadas a las policías, tribunales de justicia y otras entidades.

En Valparaíso se estiró demasiado la cuerda, el asunto se hizo muy evidente, los abusos –y la sensación de impunidad– fueron grandes. Y estalló  hace algunas semanas. La renuncia del director general de la Policía de Investigaciones (una personalidad controvertida, ver aquí) hace dos días no es ajena la notoriedad alcanzada por el cuerpo. Sin embargo…

La Fiscalía no logró que el tribunal a cargo fallara a su favor la solicitud de prisión preventiva en contra de los tres policías activos de Investigaciones y otro cuarto ex funcionario de esa institución, formalizados ayer miércoles 1º de julio en el caso de prostitución infantil develado en Valparaíso. Durante las alrededor de 24 semanas fijadas para la investigación, sólo estarán impedidos de salir del pais (por lo menos en forma legal), deberán firmar como constancia de su presencia disponible ante el tribunal una vez a la semana y no podrán acercarse a quienes los han identificado en el doble rol de clientes y rufianes de las menores involucradas.

El cinco de agosto se formalizará la acusación contra otros cinco asociados –también de la PdI– que "por motivos de salud" no llegaron en la víspera a tribunales a enterarse de cómo van las cosas. Eso sí: prometieron a través de sus abogados toda su colaboración en las diligencias que se ordenen. Al parece en la policía chilena se desató una epidemia de enfermedades temporales. Hasta el ex director se enfermó –un par de días, no hay que exagerar– cuando estalló el escándalo.

En ciudadano de a pie en Valparaíso y otras regiones piensa, tal vez, por qué los jueces son tan "blandos" y comprensivos cuando imputados, incoados, apresados o denunciados son funcionarios públicos o VIP de la empresa privada, y tan dignamente rígidos (dura lex sed lex) cuando se trata de mapuches que luchan por su literal supervivencia personal y colectiva, de trabajadores que protestan para demandar derechos conculcados, estudiantes que pretenden estudiar con dignidad, promotores culturales en casas-okupas, mujeres que huyen de agresiones y amenazas de sus actuales o ex parejas (y que terminan asesinadas), entre otros casos.

Esa respuesta, claro, no la darán quienes viven en el lado soleado de la calle.