Chile: – ITURRIAGA Y LA DEMOCRACIA HECHA MUECA
– A fines del mes de mayo la Corte Suprema de Justicia rebajó la sentencia de 10 años a 5 años y un día de cárcel dictada en contra del ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, por el crimen del estudiante universitario de 22 años de edad, militante del MIR, Dagoberto San Martín Vergara.
– El ex general Iturriaga está procesado, además, por el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército y ex Vicepresidente de la República, General Carlos Prats González, y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974 en Buenos Aires.
– Iturriaga se encuentra a su vez condenado a 18 años de cárcel y con orden de captura internacional dictada por la Justicia Italiana por el atentado terrorista en contra del ex Vicepresidente de la República, y fundador de la Democracia Cristiana, don Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno ocurrido el año 1975 en Roma.
– Es requerido desde España por el juez Baltasar Garzón por los asesinatos de los sacerdotes Antonio Llidó y Joan Alsina y del funcionario de las Naciones Unidas, Carmelo Soria, perpetrado en julio de 1976.
– Fue miembro de la plana mayor de Villa Grimaldi y jefe de la Brigada Purén que se encargó de la represión, detención, tortura y desaparición de las dirigencias del Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile.
Todo lo anterior es muestra suficiente del carácter probadamente criminal de Raúl Iturriaga Neumann.
Sin embargo no es todo:
El ex general terrorista es responsable además de los casos de detenidos desaparecidos ocurridos en el marco de la Operación Colombo, conocida como el “Caso de los 119”, operativo montado por el Servicio de Inteligencia del dictadura chilena en julio de 1975, que consistió en el desaparecimiento forzado de 100 hombres y 19 mujeres, seguido del encubrimiento a través de un montaje comunicacional que formó parte de la Operación Cóndor, plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
En tal operación detuvieron a mis tíos Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera, de 25 y 23 años de edad, quienes fueron trasladados desde su hogar al cuartel de calle José Domingo Cañas esquina República de Israel a cargo de la DINA, y luego transportados al centro de reclusión de Cuatro Álamos, pabellón de incomunicados del recinto de detención de Tres Álamos, desde donde fueron sacados con destino desconocido el día 11 de noviembre de 1974, última ocasión en que se los vio, ignorándose sus paraderos hasta el día de hoy. Patricia, cónyuge de Jorge, tenía 9 meses de embarazo al momento de su brutal detención que le tocó presenciar.
Tanto Jorge como Juan Carlos aparecieron en las publicaciones de la revista “Lea” de Buenos Aires y “O’Dia” de Paraná, Brasil, donde se indicaba que habrían sido muertos por sus propios compañeros de militancia en disputas intestinas o que habían sido abatidos por fuerzas de seguridad argentinas en la provincia de Salta. Aquella fue la primera y única aparición de la revista «Lea», no correspondiendo su domicilio ni identidad de su editora y director responsable a la realidad, figurando en cada ejemplar sólo un pie de imprenta ininteligible. «O’Dia», por su parte, reapareció en los kioscos solo para entregar aquella información luego de años de silencio, para luego volver a salir completamente de circulación. Tampoco constaba de un domicilio ni director responsable que se pudiera identificar.
Mis tíos Jorge y Juan Carlos forman parte de las 119 personas citadas en las nóminas de ambas publicaciones quienes coinciden con detenidos desaparecidos en Chile. Hasta la fecha Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera se encuentran desaparecidos, así como cientos de personas a más de tres décadas de ocurridos los hechos.
Nuestro país se jacta de estar dentro de las sociedades con presencia en importantes «rankings» mundiales de competitividad, bajo riesgo país, serio aliado comercial de potencias económicas, pero no ha sido capaz de hacer justicia en casos tan elementales de violación a los derechos humanos de primera generación como los perpetrados por el terrorismo de Estado en manos de personas como el ex general Raúl Iturriaga Neumann.
¿Qué clase de código ético de conducta están socializando las instituciones de la República en las nuevas generaciones de militares si no se está en condición de hacer cumplir lo que dictaminan los Tribunales de Justicia?
¿Qué futuro estamos construyendo como sociedad si el presente no se hace cargo de la deuda en verdad y justicia que se tiene con compatriotas asesinados por obra de una máquina de exterminio diseñada, alimentada y ejecutada con recursos públicos?
¿De qué progreso y desarrollo se habla cuando cualquier éxito que se alcance como sociedad se levanta aún sobre las ruinas de las vidas de miles y miles de personas cuyo clamor por juicio, castigo y reparación es insultado por la fuga de un militar terrorista que hace uso incluso de los medios de comunicación para llamar a la insubordinación de los militares activos al poder civil y al Estado de derecho?
Si somos tan efectivos como Estado para detener y castigar a muchachos “chascones, vegetarianos y anarquistas”, secundarios “pingüinos rebeldes”, niños de 14 años de edad “delincuentes”, ¿porqué somos tan débiles para actuar contra quienes realmente constituyen un peligro para ya no solo la sociedad chilena sino para el conjunto de la humanidad?
Sin duda se ha avanzado en muchos planos, pero mientras existan los Raúl Iturriaga Neumann que se dan el lujo de reírse en la cara de los Tribunales de Justicia, mientras tengan espacio personeros de derecha como Carlos Larraín que con voz de sordina considera que cultivar la memoria de los asesinados anunciado por la presidenta es practicar “nostalgia arqueológica”, la ciudadanía de buena voluntad de Chile, el continente y el mundo, tenemos razones suficientes para pensar que esta democracia, a veces considerada ejemplar, está siendo sistemáticamente rebajada a una mueca siniestra de un dictador que no termina de morir a pesar de su muerte.
Revanchismo jamás. Exigimos al Estado de Chile que haga cumplir la justicia, nada más, pero tampoco nada menos.
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* Sociólogo.