May 14 2009
591 lecturas

Sociedad

Chile y la soberanía popular: tarea pendiente

Gustavo Ruz Zañartu*

 Luego del triunfo del “No” en octubre de 1988, la Concertación y el general Augusto Pinochet se unieron y llamaron al pueblo a votar “SI” en el plebiscito del 30 de julio de 1989 –previo a las elecciones presidenciales– que sirvió para asegurar la continuidad del proyecto político iniciado por el régimen militar**.

En virtud de esa consulta:
1.- La Constitución de 1980 pasaba a ser reconocida como legítima. A partir de esa premisa, se le podían hacer modificaciones “a lo gatopardo” siempre que no cambiaran lo más esencial de su contenido, las Leyes Orgánicas Constitucionales y más de un centenar de leyes secretas que todavía están vigentes sin que nosotros, ciudadanos de un país civilizado, tengamos derecho a conocerlas.

2.- Se le pidió al pueblo que modificara la Constitución; si, la constitución de Pinochet que pasaba a ser reconocida, en ese acto, como la carta fundamental de todos los chilenos para permitir –a la minoría parlamentaria pinochetista– bloquear cualquier modificación al modelo económico e institucional, cuestión que demuestra, con rigor, el sociólogo Felipe Portales, en su libro Chile, una democracia tutelada.

Esto significa que la Constitución Pinochetista era más democrática antes del plebiscito de junio de 1989 que después del mismo, gracias al voto “unitario” del pinochetismo y la Concertación.

Con esta ingeniería, la derecha podría, con un tercio del electorado, controlar el 50% del poder institucional efectivo. Pero tenía, adicionalmente, una cartita debajo de la manga: la mayor parte de los senadores y diputados de la Concertación habían sido ganados para las ideas neoliberales, y aceptaban, con “críticas” desde los dientes para afuera, la conservación del status quo que les permitía transformarse no sólo en “clase política”, sino además, en “clase dominante”, formando parte de los directorios de las grandes empresas chilenas y transnacionales, y subordinando su quehacer político a los intereses del gran capital. Desde entonces abandonaron cualquier atisbo de “proyecto político alternativo” para mimetizarse entre los factores de conservación del orden oligárquico.

Por lo consiguiente, no es efectivo que la Constitución de Pinochet se mantenga “por culpa de la derecha”, sino porque una mayoría transversal de parlamentarios de la Alianza y de la Concertación actúa cada vez que es necesario fortalecer el capitalismo salvaje, la impunidad y la subordinación ante el capital extranjero. Esa es la mayoría que votó, en 1990, las leyes que abrieron de par en par las puertas a las empresas extranjeras que, en menos de cinco años, se apoderaron de los dos tercios de la producción de cobre.

Es la mayoría que votó el mal llamado Tratado de Libre Comercio con EEUU que deja a nuestro país con la parte angosta y a EEUU con la parte ancha del embudo, para citar sólo dos ejemplos.

En buenas cuentas, la alianza política que entronizó la dictadura militar en 1973, fue reconstituida en 1989 para entronizar la dictadura civil del gran capital e impedir que la ola de protestas populares antipinochetistas derivara en un cambio genuinamente democrático, como lo demandó el pueblo en octubre de 1988. Eso explica el explícito apoyo económico y político del gobierno de los Estados Unidos a favor del No en el plebiscito y en apoyo a la elección de Patricio Aylwin, en 1990.

El entramado constitucional que nos rige hoy es inmodificable a menos que le convenga a la mayoría transversal que cogobierna desde la derecha y desde la Concertación. Por eso nadie puede plantear, de buena fe, que una nueva Constitución pudiera aprobarse en el parlamento actual. Hoy, la derecha económica aliada del capital extranjero es cien veces más fuerte que en 1990 y su influencia en los medios de comunicación y en la institucionalidad política es incontrarrestable.

La lucha por una constitución democrática, por lo tanto, no pasa por el parlamento. Es tarea de la ciudadanía, siempre que se decida a ejercer su potestad soberana. Siempre que no eche al olvido la promesa de Eduardo Frei Montalva, formulada en el Teatro Caupolicán, en el único acto que autorizó la dictadura, una semana antes del mal llamado “plebiscito” de 1980. Al repudiar la constitución que se nos estaba imponiendo en una consulta fraudulenta, el ex mandatario anunció que cuando Chile llegara a la democracia, sería convocada una Asamblea Constituyente para redactar una Constitución verdaderamente representativa de la soberanía popular. Tarea pendiente.

Ciudadanía o rebaño es la alternativa.
 

* Integra el Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente.
Publicado en Plaza Ñuñoa, mayo de 2009)

** 6.651.055 Votos válidos: 91,26% Sí y 8,74% No.

X

Envíe a un amigo

Su nombre (requerido)

Su Email (requerido)

Amigo(requerido)

Mensaje

Añadir comentario