Clarín y La Nación se apropiaron de productora de papel en la dictadura
Stella Calloni*/surysur
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa SA por parte de los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón durante la pasada dictadura, y expuso los acuerdos con la junta militar, que presidía Jorge Rafael Videla, lo que surge de un informe basado en documentos originales. Anunció que envió a la justicia esta información y al Parlamento un proyecto de ley que declara de interés público la producción de pasta de celulosa y papel para periódicos en este país.
En el proyecto legislativo se menciona la formación de una comisión de seguimiento en el Congreso con representantes de todos los partidos para controlar el cumplimiento de lo que sería un trato igualitario que democratice la información.
Este seguimiento debe hacerse por medio de un marco regulatorio que nunca se hizo, dijo, y añadió que los miembros de esa comisión podrán participar como observadores de las reuniones del directorio de Papel Prensa. "Van a ver que no nos van a tener que controlar a nosotros sino a los que tienen la decisión, a los que realmente deciden y así habrá transparencia para que nadie sea inducido al engaño".
Tras recibir un informe oficial de 20 mil fojas en el que se detallan los pormenores del despojo de Papel Prensa, y al comenzar su presentación, la gobernante mostró ante todos las portadas de Clarín y La Nación de este día que dicen que "el gobierno avanza sobre Papel Prensa para controlar la palabra impresa" con lo cual están reconociendo, sostuvo Fernández de Kirchner, que ese control en realidad hoy está bajo los accionistas mayoritarios de esa Papel Prensa, que son ambos rotativos.
Rodeada de su gabinete, funcionarios, los presidentes de ambas Cámaras, invitados y organizaciones sociales, la mandataria hizo una presentación transmitida en cadena nacional, resumiendo las conclusiones más importantes de la investigación realizada por una Comisión Oficial. La pesquisa demostró cómo esos medios, que hoy mencionan el tema de la seguridad jurídica, firmaron la compra de las acciones a una familia, como la de David Graiver, muerto en un sospechoso accidente en México en agosto de 1976, que luego sería secuestrada, y de otros empresarios que corrieron la misma suerte también a fines del 76 y principios del 77.
La presidenta se refirió a documentos donde los mismos directores de Clarín y La Nación cuando pasaron a controlar Papel Prensa reconocieron los acuerdos previos con la junta militar, con la cual brindaron, como se registra en diversas fotografías de la época, en las que se ve a Bartolomé Mitre de La Nación y a Ernestina Herrera de Noble, actual directora de Clarín, brindando con el dictador Videla.
Ambos directivos se beneficiaron luego de la quiebra del diario La Razón, en 2000, y mediante un "pacto" se aseguraron el control accionario de Papel Prensa, montando así un monopolio en perjuicio de todos sus competidores.
Se demostró, dijo Fernández de Kirchner, que Lidia Papaleo de Graiver, viuda de David Graiver, el dueño de Papel Prensa, fue forzada a firmar la cesión de la empresa a sólo unos días de que la junta militar decidiera la interdicción de los bienes de esa familia, ya que una vez tomada esta medida no se iba a poder concertar la negociación.
“Después de leer este informe, me quedó un sabor amargo y la certeza de que existe un poder que está por encima de la primera magistratura. Desde hace décadas que existe un poder que intenta subordinar al Estado a sus intereses. Esto lo pude ver en todo el expediente. Lamento decirle a ese poder que no seré funcional a sus intereses”, manifestó la Presidenta, en un claro mensaje hacia las empresas involucradas dentro del informe.
Fernández de Kirchner instruyó al procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a presentar las demandas judiciales que correspondan. La causa que tramitarán estará enmarcada en los crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la última dictadura militar. Los alcances económicos del plan represivo empezaron a salir a la luz en años recientes. La investigación de secuestros y desaparición de empresarios llevó a descubrir una trama de encubrimiento de operaciones con fines de acumulación de poder.
La segunda denuncia de la Presidenta estuvo relacionada con un pacto de sindicalización, firmado por Héctor Magnetto, BartoloméMitre y Patricio Peralta Ramos. “Era el corazón de la toma de decisiones dentro de Papel Prensa. Se comprometían a actuar en conjunto, a tener siempre la misma posición y lo más grave de todo, no podían adoptar medidas que perjudicaran a ninguna de las empresas controlantes”, argumentó Fernández de Kirchner.
A partir de este “pacto de sindicalización”, el Estado denunció que Papel Prensa le cobraba un precio diferencial a sus accionistas privados, en detrimento de los diarios del interior. Este pacto fue comunicado a la CNV recién este año. De todas maneras, el Ejecutivo encontró pruebas de su existencia en la Inspección General de Justicia, dentro del expediente sobre la quiebra de La Razón.
“En un editorial del domingo pasado, Clarín publicó que ‘el Gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa’. En abogacía tenemos un dicho, a confesión de partes, relevo de pruebas. O lo que en psicología se llama proyección. Uno infiere que quien controla el papel, controla la palabra. Papel Prensa (cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación) es una empresa monopólica. Por eso coincido con lo que dice el multimedio”, afirmó, con ironía, Fernández de Kirchner.
El síndico general de la nación, Daniel Reposo, dijo previamente que el informe dejó al descubierto la connivencia de sectores del poder civil con la dictadura (1976-1983), apropiándose de bienes de personas en total estado de indefensión, "como es el caso de Lidia Papaleo de Graiver", que más adelante fue detenida entre 1977 y 1982, años en los que fue reiteradamente torturada y violada.
La presidenta declaró que se encontró mucha documentación que fue desaparecida de algunos lugares, pero que afortunadamente la Sindicatura General de la Nación (Sigen) tenía en sus archivos información sobre Papel Prensa y "allí se encontraban todas las actas certificadas de las asambleas de directorio, de las discusiones de la comisión fiscalizadora de esa época y de la documentación original que daba respaldo a cada una de las decisiones".
En la sala estaba presente Rafael Ianover, que fue representante de Graiver en una compañía y quien fue secuestrado y llevado al Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención donde desaparecieron a centenares de personas.
La serie de irregularidades incluye la venta a una empresa "de paja" como Fapel, que luego desaparece para surgir bajo los nombres de los compradores reales: los dueños de Clarín, La Nación y La Razón.
Los datos, testimonios e información presentados por la mandataria impactaron esta noche aquí cuando recordó que 28 por ciento de acciones que minoritariamente posee el Estado argentino "no son de un gobierno", ni de este, ni de otros”, y pidió a la Procuraduría del Estado y a la Secretaría de Derechos Humanos que hagan presentaciones judiciales con estos expedientes.
"Yo tengo la certeza de cómo sucedieron las cosas, pero son los jueces los que deben juzgar y los que pueden condenar. Creo en serio en la división de los poderes del Estado y en la posibilidad de superar esta situación que lleva 33 años de oscurantismo y ocultamientos", concluyó.
*Escritora, poeta y periodista argentina. Corresponsal de La Jornada de México en Buenos Aires