Feb 13 2007
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Economía

Colombia / Ecuador. – LA PRIMERA SANGRE

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

El jueves siete de febrero (2007) la tensión entre el primer aliado de EEUU en América del Sur y el Estado ecuatoriano escaló otro pico. La cancillería ecuatoriana reclamó con energía por haberse iniciado el lunes anterior nuevamente los vuelos de fumigación con glifosato en la frontera entre ambos países., Señala Ecuador que la reanudación del “bombardeo ecológico” rompe un acuerdo según el cual el gobierno de Colombia se había comprometido a detener las fumigaciones –en todo caso avisar antes a Quito.

La zona del Mataje, afectada por las descargas del temible herbicida, está habitada por pequeños productores agrícolas que ya padecen en sus cuerpos los efectos del veneno, que acaba además con con los cultivops de subsistencia y daña la salud animal.

El acuerdo establece que Ecuador arbitrará las medidas para terminar con algunos cultivos residuales menores de coca en forma manual, lo que se cumple. Los analistas estiman que al señalar el gobierno ecuatoriano –que asumió recientemente– su “extrañeza” por la “decisión del gobierno” de Colombia y apuntar que las “fumigaciones sistemáticas no contribuyen al clima de armonía que debe prevalecer en las relaciones entre los dos países”, el margen de la diplomacia se ha reducido drásticamente. Ello por dos razones:

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Una, porque queda dicho que se trata de una acción inconsulta violatoria de acuerdos previos; y en segundo lugar, porque tras echar mano al recurso de ponderar la “armonía” quebrada, nada más queda por decir. El embajadaor del Ecuadopr en Bogotá se encuentra en Quito “por consultas” desde diciembre de 2006.

Actos criminales

En la última semana de enero (2007) el presidente ecuatoriano Rafael Correa calificó como “criminales” a las fumigaciones con glifosato: “”Seamos realistas, lo que ha habido es una fumigación criminal”, dijo Correa en El Presidente dialoga con el pueblo, un programa radial que se transmite los sábados desde el Palacio de Carondelet, sede del gobierno nacional en Quito.

“Se demandará a Colombia frente al Tribunal de La Haya y otras instancias internacionales por el daño que ha causado a nuestra población y tierra”, dijo Correa

¿Insurgentes en Colombia o activistas en Ecuador?

Ajenos a los vaivenes de la diplomacia y los mandatos de Estados Unidos a Colombia, los desconsolados familiares de los dos hombres asesinados aseguran que no se encontraban involucrados en los movimientos de las FARC, que suele operar no lejos de la frontera entre ambos países. De hecho, más de una vez tanto columnas guerrilleras como destacamentos del ejercito colombiano traspasan la selvática línea divisoria al desplegar sus tácticas de reconocimiento y combate.

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Ambos ciudadanos ecuatorianos fueron muertos –asesinados– en la localidad de Tambillo; uno de ellos –un albañil y luchador social militante del Movimiento Popular Democrático –agrupación política ecuatoriana que apoya al gobierno de Correa–, lucía un tatuaje con la imagen del Che, lopnque se esgrime por los colombianos para “probar” su participación en la guerrilla.

El oficial colombiano al mando del grupo antiguerrillero se apresuró a declarar que le resulta “muy preocupante” que haya ciudadanos ecuatorianos vinculados con o cumpliendo tareas para las FARC. El cometrauio suscitó indiganción en la población de la zona, cuyas organizaciones sociales rechazan en forma unánime las acusaciones del militar extranjero.

FARC y droga

Michael Braun, director de Operaciones de la DEA, habría dicho –según la revista colombiana Semana– que “nueve de cada 10 gramos de cocaína que entran a EE.UU. han pasado por las manos de las FARC en algún momento”.

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Las acusaciones estadounidenses de que la FARC interviene como actor protagónico en el narcotráfico no son nuevas –aunque jamás se han entregado pruebas o indicios fehacientes– y según el momento van desde la protección que brindaría la guerrilla a los campesinos productores, hasta el manejo de laboratorios para precesar el estupefaciente. Alguna vez se ha insinuado, aunque no de manera oficial, ademas, que los insurgentes disponen de bases en territorio ecuatorioabno o brasileó desde donde se exportaría el clorhidrato a EEUU.

Esta vez la DEA –organismo estadounidense para el control del narco en el país– temió haber llegado demasiado lejos. Garrison Courtney, su portavoz, aseguró que Braun fue mal interpretado y sólo quiso decir que un 90% de la cocaína que entra en EE.UU. proviene de Colombia –no necesariamente provista por FARC– aunque, señaló, “una gran parte” de ella efectivamente pasa por manos de la guerrilla.

En marzo de 2006, la directora de la DEA, Karen Tandy –recordó la BBC en una información del lunes 12 de febrero de 2007–, culpó a las FARC del 60% de la cocaína que entra en EE.UU. El Plan Colombia se instituyó el añó 2000 por acuerdo entre los presidentes Pastrana y Clinton –de Colombia y EEUU, respectivamente– para acabar con la producción y tráfico de estupefacientes desde el país suramericano, que comprende, según las autoridades estadounidenses, además de la pasta base como subproducto de la cocaína, cantidades no especificadas de heroína y marihuana.

El presidente estadounidense, George W. Bush, pidió al Congreso que se extienda el financiamiento para el Plan Colombia en el presupuesto 2007-2008, mientras redujo el financiamiento de la Iniciativa Andina Contra las Drogas en un 41%.

Colombia, ha recibido no menos de US$ 4.000 millones para luchar, hasta el momento infructuosamente, contra el narcotráfico y la insurgencia.

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