Complicado el escenario entre Colombia y Venezuela

Néstor Francia.*

El gobierno de Colombia aplica diplomacia del “smart power” y el acuerdo de bases militares está redactado para justificar las agresiones: Táchira, avanzada de la guerra paramilitar. El pueblo no puede ser espectador en este conflicto. En Honduras siguen soltando cuerda: el único plan alternativo es la resistencia del pueblo.

El Gobierno de Colombia parece estar aprendiendo rápidamente del estilo taimado, ladino, hipócrita de diplomacia que viene imponiendo Barack Obama –el llamado “smart power", poder inteligente, en contraposición tanto al “hard power”, poder duro tipo Bush, como al soft power, poder “blando” tipo Bill Clinton.

Ahora resulta que en medio del conflicto fronterizo, el canciller colombiano Jaime Bermúdez aparenta tender puentes hacia Venezuela: “Con Venezuela nosotros nunca hemos cerrado la posibilidad de dialogar, de conversar”, mientras su agente en nuestro país, el paragobernador Pérez Vivas, cumple al pie de la letra su papel en el libreto, al insinuar que la crisis con Colombia ha sido creada por Venezuela, y al afirmar que el Gobierno de Chávez busca generar “un conflicto artificial” en la frontera, “que tiene como objetivo proteger a los grupos guerrilleros” que supuestamente se encuentran en la zona.

En realidad, todo este entramado de conspiración y agresión paramilitar no puede ser desvinculado del acuerdo para el establecimiento de bases gringas en Colombia, cuyo texto se ha conocido recientemente. Ya en el preámbulo de dicho acuerdo se introduce el veneno que nos inocularían para invadirnos, pasándole por encima al punto 4º del título Objetivo de la cooperación y asistencia técnica de defensa y seguridad, según el cual se respetará la soberanía de otros países, cuando se expresa:

“Reconociendo la necesidad de fortalecer la relación estratégica de seguridad entre las partes, estrechar la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad, así como para enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”

¿Quién define qué son “amenazas comunes a la paz, la estabilidad y la democracia”, y quién define qué entidad o país las constituye? Este concepto es repetido en el punto 1º del Objetivo de la cooperación y asistencia técnica de defensa y seguridad. En ese mismo capítulo el acuerdo prevé, de manera eufemística, la posibilidad de intervenciones militares multilaterales, cuando se dice en el numeral 3º: “Las Partes se comprometen a fortalecer y apoyar iniciativas de cooperación regionales y globales para el cumplimiento de los fines del presente acuerdo”.

La situación en el Táchira hay que abordarla con la gravedad que tiene. Es un laboratorio de invasión irregular de avanzada, apoyado por el imperio y por Colombia –y también por Israel, si nos atenemos a las ya constantes declaraciones de sus funcionarios contra Venezuela–, una operación desestabilizadora armada. Se trata, prácticamente, como dijo Mario Isea, de una declaración de guerra.

En ese sentido, apoyamos recientes declaraciones de Eva Golinger, en el sentido de que es necesario involucrar de lleno a las organizaciones populares y de base en el conflicto. No podemos permitir que el pueblo vea el conflicto por televisión, como un convidado de piedra. Este es un problema de Estado, de seguridad nacional, de la Patria toda. Es necesario movilizar las bases del partido y sacar al pueblo a la calle. Lamentablemente, no podemos darnos el lujo de volvernos pura elección de delegados para el congreso extraordinario, asunto que además se ve bastante complicado y no exento de baches y lunares. La Patria es lo primero.

…Y en Honduras

Entretanto, en Honduras los golpistas siguen dándole largas al asunto de la decisión del Congreso sobre la restitución o no de Zelaya. Una vez terminada la reunión de la directiva del Congreso Nacional hondureño que analizaba el acuerdo, se conoció que decidieron consultar a la Corte Suprema de Justicia sobre la restitución en el poder del presidente depuesto. Pero resulta que mañana es la fecha prevista para la conformación del “gobierno de reconciliación nacional”, lo cual no será posible, según Zelaya, si no se ha producido su restitución

¿Qué va a hacer la fulana Comisión de Verificación, mayoritariamente pro-yanqui, cuando se venza ese plazo? En realidad, todos los planes que están sobre el tapete corresponden a los intereses de Estados Unidos y han sido formulados por el país imperial. Si el acuerdo se da, habrán mediatizado, aunque sea temporalmente, las aspiraciones del pueblo hondureño.

Si se cae, lo cual parece muy probable, estarán más cerca las elecciones y pondrán a jugar el Plan B, aspirando al reconocimiento internacional del evento fraudulento e ilegítimo, inclusive usando la matriz de que Zelaya habría roto el acuerdo.

El único plan alternativo en Honduras es el del pueblo y su resistencia, que no es otro que luchar hasta vencer. Ese es el gran plan estratégico al que apostamos los revolucionarios.

* Analista de asuntos políticos.