Costa Rica. – DE ROMPECABEZAS E INCONSTITUCIONALIDADES
Desde su fundación en 1989, la Sala Constitucional –popularmente conocida como Sala Cuarta– ha tenido grandes aciertos y grandes desaciertos. Sin duda, muchos de sus fallos han venido a fortalecer la institucionalidad democrática y constitucional de este país, sobre todo aquellos que se refieren a la tutela de los derechos individuales. Otros fallos, en cambio, han generado justificadas suspicacias y malestar en gran parte de la ciudadanía. El principal de ellos es el que le abrió al Dr. Oscar Arias el camino de la reelección, fallo que ha sido analizado y demolido, desde el punto de vista jurídico, por el Dr. Fernando Castillo Víquez (Revista Costarricense de Derecho Constitucional, Tomo V, abril de 2004) y que desde el punto de vista político significó para muchas y muchos ciudadanos, incluido el ex presidente de la República don Luis Alberto Monge, un Golpe de Estado técnico.
La actual coyuntura nacional, marcada por el debate y la creciente polarización de la ciudadanía, generada por la decisión, sometida a Referéndum, de rechazar o aprobar el tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América (TLC), ofrece a la Sala Constitucional la oportunidad histórica de devolver al Estado y al pueblo costarricense la posibilidad de seguir construyendo y fortaleciendo nuestra institucionalidad desde pactos y concertaciones sociales y económicas “a lo costarricense”.
El proceso de negociación del tratado se caracterizó por el secretismo, el ocultamiento de documentos, la imposición de cláusulas que los negociadores del gobierno costarricense se habían comprometido a no aceptar y el pago de sumas millonarias a algunos de estos negociadores por parte de organismos norteamericanos.
Una vez aprobado el TLC por el Ejecutivo, las y los costarricenses fuimos testigos de una serie de decisiones arbitrarias y atropelladas que marcaron el pseudo debate del TLC en la Asamblea Legislativa y que hoy siguen marcando el proceso de aprobación de la Agenda de implementación. Todo esto adobado con denuncias sobre negocios de diputadas cuyas empresas o familias se podrían ver grandemente beneficiadas por el TLC, como es el caso de doña Mayi Antillón y doña Evita Arguedas, y diputados como Guyón Massey, dispuestos a recibir millones de colones del presupuesto nacional para invertirlos en fundaciones manejadas por él y por su familia.
Después de aceptada la solicitud de Referéndum Ciudadano, hecha por el Lic. José Miguel Corrales, y sacado el proyecto del ámbito legislativo, nos encontramos con la muy debatible decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de aceptar el referéndum de los hermanos Arias por sobre el Referendum Ciudadano, y, junto a ello, las resoluciones de este Tribunal mediante las cuales se rechazaron todas y cada una de las fundamentadas apelaciones y coadyuvancias que distintas personas plantearon en procura de enderezar el rumbo del TSE por la vía de la institucionalidad democrática.
Continuando con los “yerros” del Tribunal Electoral, recientemente se realiza la promulgación de un Reglamento de Referéndum que deja mucho que desear y que, como bien lo señaló el Licenciado Paul E. Benavides Vílchez, es un “reglamento anoréxico”, modosito y aséptico, pero totalmente inútil para responder a los grandes desafíos electorales de este momento histórico.
A todo esto se suma la prepotencia del Poder Ejecutivo, con un presidente que descaradamente procura presionar o comprar conciencias y votos a favor del TLC, aún con las más burdas mentiras, en todo acto público al que asiste, el espectáculo de funcionarios gubernamentales del más alto nivel que “ofrecen” al diputado Guyón Massey millones de colones para los intereses particulares del diputado y denuncias serias contra el canciller de la República por el supuesto recibo indebido de cheques taiwaneses por sumas millonarias.
Volviendo a la Sala Constitucional, el fallo sobre la reelección presidencial es un malabarismo jurídico que demuestra, fehacientemente, que aparte del lenguaje técnico utilizado, hay decisiones de la Sala Constitucional que tienen un contenido altamente político. Eso ya no es posible escondérselo al país. La Sala Constitucional puede justificar con igual peso jurídico la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del TLC. Brillantes juristas de un lado y del otro le han brindado argumentos más que suficientes para redactar un fallo técnicamente impecable en cualquiera de los dos casos. Estamos ante una situación en la que la decisión de la Sala será eminentemente política, aunque revestida de tecnicismos jurídicos.
Pero el asunto de fondo es que, sin entrar en tales tecnicismos ni en detalles del Tratado, sin mencionar aquí artículo por artículo de la Constitución Política gravemente amenazados o vulnerados por el TLC, lo cual ya se ha hecho en abundancia, resulta evidente que el TLC como un todo, por su espíritu insolidario, mercantilista, centrado en el lucro empresarial y no en las personas, protector del lucro y no del ambiente ni de los derechos laborales, desmantelador –a mediano plazo– de las instituciones sociales que son parte fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, por todo ello y por mucho más, atenta contra el Derecho de la Constitución, no sólo contra determinados artículos. Y esto, obviamente, trasciende la decisión política y obliga a una decisión jurídica de inconstitucionalidad del TLC. Es un Tratado que atenta no solo contra varias normas constitucionales, sino contra el Derecho de la Constitución como un todo.
Un fallo que ignore la total inconstitucionalidad del Tratado, o al menos de algunas de sus cláusulas o de los procedimientos utilizados para su tramitación legislativa vendría a representar la última pieza del rompecabezas que se viene armando, bajo la conducción de los hermanos Arias, desde hace ya varios años, y que contempla el uso de piezas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones y de los más económicamente poderosos medios de difusión masiva. Un fallo en este sentido sería la confirmación plena de la veracidad de la “licencia literaria” que nos regaló don Guido Sáenz (exministro de Cultura costarricense) al afirmar en su libro autobiográfico que don Oscar Arias se había sentido “traicionado” por algún magistrado de la Sala Cuarta que inicialmente rechazó la reelección.
La Sala Constitucional se encuentra hoy en la encrucijada de poner esta última pieza en el rompecabezas de los Arias, asumiendo la responsabilidad por los graves efectos que tal decisión pueda generar, o bien reconocer y declarar la inconstitucionalidad parcial o total del TLC, salvando así a Costa Rica de la necesidad de ir a un referendo cuyo resultado, sea cual sea, será traumático para el país por la polarización que está provocando. En este contexto, la medida más sabia, equilibrada y de beneficio para la patria es el fallo de inconstitucionalidad.
Un fallo de la Sala Constitucional en este sentido hará que cientos de miles de costarricenses volvamos a creer que los pesos y contrapesos que se derivan de una verdadera separación de poderes, elemento fundamental de toda democracia, puedan volver a funcionar en Costa Rica.
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* Escritor y abogado.