¿Cuál es el lugar de la economía en el debate electoral argentino?

 Aunque no sea explícito el debate sobre medidas económicas concretas, es un hecho que en la campaña electoral de renovación legislativa de junio del 2009, el medio tiempo de la gestión de Cristina Fernández, se discute la política económica del gobierno en un marco de crisis de la economía mundial. Es una disputa por el voto y el consenso de la sociedad sobre el orden económico, cuando parece agotarse el ciclo de recuperación desarrollado desde el 2003.

Hay que recordar que el mapa político de la Argentina se modificó sustancialmente durante el 2008 a propósito de la discusión sobre el destino de la renta del suelo, especialmente en momentos de elevadísimos precios de los productos agrícolas de exportación, donde el país tiene evidentes ventajas comparativas. El ciclo pos convertibilidad, de crecimiento de la economía y el empleo, más allá de la calidad laboral y el volumen de los ingresos populares, parece haber llegado a su límite de expansión. El fantasma de la recesión de la economía mundial tiñe los pronósticos sobre una desaceleración de la economía de la Argentina. Lo que preocupa es un horizonte recesivo y por ello está en discusión la política macroeconómica, en materia fiscal, monetaria, cambiaria, de oferta y de demanda.

Es necesario mirar en la historia reciente para intentar extraer algunas enseñanzas. La recesión iniciada en 1998 estableció el final del crecimiento económico en tiempos de la convertibilidad y habilitó una disputa sobre el comando económico en el proceso de valorización local del capital. La disputa era entonces por el tipo de inserción mundial del capitalismo local. Por un lado se promovía desde el sector de la banca transnacional y los servicios públicos privatizados una creciente dolarización de la economía local para intentar atraer capitales externos vía préstamos o inversiones. Por el otro se auspiciaba una devaluación monetaria para alentar un modelo productivo para la exportación que aprovechara la capacidad ociosa instalada en la industria y las ventajas relativas de la producción primaria y agroindustrial. Ambos sectores y sus dinámicas de acumulación explican el crecimiento en la década del 90´ y el apoyo político a las reformas estructurales impulsadas por Cavallo y Menem. El agotamiento de las condiciones para la valorización puestas de manifiesto al inicio de la recesión desató la búsqueda de políticas económicas renovadas que terminaron imponiéndose con la cesación de pagos a fines del 2001 (Rodríguez Saá) y la devaluación monetaria a comienzos del 2002 (Duhalde), tareas que no se propuso el entonces gobierno de la Alianza bajo la administración De la Rúa. Ese es el marco del ciclo iniciado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

 No son temas menores los suscitados, pues con el crecimiento de los precios internacionales de los productos agropecuarios en el último tiempo se habilitó la discusión sobre la apropiación de la renta extraordinaria y el impacto sobre los precios en el mercado interno. Aún con la baja sufrida por esos precios y su reciente repunte, se renueva la discusión sobre el modelo productivo y la distribución del ingreso, funcional al mismo. El tema tiene que ver con la seguridad alimentaria de la población local y regional, y el aporte de la Argentina para resolver el problema de alimentación de la población global. De lo contrario se confirmará al país como parte del eslabón de negocios del complejo biotecnológico que domina el negocio de la alimentación en el mundo. En particular, en la coyuntura, se asocia con la carne y el trigo, dos producciones tradicionales de la Argentina. La población argentina es la de mayor consumo per cápita de carne vacuna en el mundo, siendo parte sustancial de la dieta y la cultura alimentaria, especialmente de sectores de menores recursos. El consumo de carne vacuna está en 68 kg por año, contra 44 de EEUU ó 55 de Uruguay. Por su parte, la ingesta de sustitutos está muy alejada, con 26 kg anuales de pollo por persona; ó 6,2 kg de cerdo; y menos de 2 kilos de pescado. Lo cierto es que luego de un ciclo de crecimiento económico con recuperación del empleo, más allá del nivel de los salarios y las condiciones precarias de contratación, creció el consumo de carne en un marco descendente de la producción debido a otras opciones asumidas por los productores, privilegiando la extensión de la siembra, especialmente de soja. Existe presión de los productores y exportadores para eliminar las restricciones a la exportación y percibir en el mercado interno el precio pleno del mercado mundial. Presionan con la amenaza de la importación para abastecer el mercado interno. Más que importar carne, la Argentina tiene que discutir el modelo productivo que viene privilegiando la soja y el feed lot (producción a corral) con fortísima dependencia del capital externo en el manejo de los insumos y los montos de inversión necesarios para operar a gran escala. Con el trigo ocurre algo similar. Es parte del mismo problema. La siembra ha sido menor que la extensión record de los últimos años y eso se refleja en menores niveles de producción que afectan el abastecimiento del mercado interno.

Lo que se discute es el modelo productivo en el sector agrario e industrial, es decir, quién decide que producir, que exportar y como se abastece las necesidades del mercado local. Es lo que reclama el conflicto social para recuperar la capacidad de compra del salario, o por mejorar las condiciones de trabajo. Se discute la soberanía alimentaria de la población y su integración al sistema mundial. Están quienes presionan para recibir los beneficios del crecimiento de los precios internacionales, nuevamente en alza aunque no tengan el techo que alcanzaron durante el 2008 y pretenden apropiarlo privadamente. Distinto es lo que se sugiere en la creciente cooperación venezolana y Argentina, tal como resulta de los acuerdos suscriptos la semana pasada entre los presidentes de ambos países, donde instituciones de prestigio como el INTI y el INTA acrecientan la cooperación con la necesaria diversificación productiva de Venezuela. Aunque no sea parte del debate corriente en la campaña electoral, son asuntos que la sociedad necesita instalar en la agenda de discusión sobre el orden económico en la Argentina.

* Profesor titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.