Cuba y el periodismo: omitir el contexto y los hechos claves en la información
Saul Landau y Nelson Valdés.*
El periodismo impreso comercial, cuyos más grandes y conocidos medios se asocian a poderosos conglomerados económicos de conformación y peso internacional, parece querer hundirse —porque se hunde: basta una revisión somera a los índices de lectoría de los periódicos prácticamente en todos los países del mundo— y desaparecer con una gran hoguera de "fuegos mediáticos" cuyo combustible es la inexactitud, el prejuicio y la mentira. Veamos.
El ocho de Julio, el artículo central de The Washington Post ("Cuba pondrá en libertad a 52 presos políticos, dice la Iglesia Católica”) reportó que Cuba había liberado a cinco prisioneros políticos y había asegurado que liberaría a cuarenta y siete más en el futuro cercano. El presidente cubano Raúl Castro dijo que en breve todos los presos políticos serían puestos en libertad. El 16 de julio, otro grupo dejó la prisión.
El artículo del Post y su editorial del nueve de julio acerca del “gesto marginal de Cuba” omitieron hechos que los lectores necesitarían a fin de entender la significación de la liberación de los presos.
Ambos artículos presentan la imagen de un “prisionero político” que está dedicado a expresar opiniones no aceptadas —quizás un poeta o alguien que denuncia la corrupción—. Pero estas personas estaban en la cárcel por haber cometido delitos que los hubieran puesto tras las rejas si se hicieran en Estados Unidos, incluyendo trabajar para un gobierno extranjero sin inscribirse y además cometiendo actos violentos.
Por ejemplo, Orlando Zapara, el huelguista de hambre que murió en marzo, fue condenado por agresión con agravantes —le cortó una oreja a un hombre con un machete porque la víctima intervino para detener una pelea en la calle. Obtuvo su reputación como “disidente” mientras cumplía su condena en prisión.
Se ha informadpço que cuando James Cason llegó a La Habana en 2003 para encabezar la misión diplomática de EEUU. el Departamento de Estado le había ordenado que adoptara el papel del “norteamericano feo”; interferir descaradamente en los asuntos internos de Cuba. Roger Noriega, que por entonces era el secretario asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, explicó recientemente en un programa de comentarios en la radio de Miami que el motivo era para inducir a Cuba a que lo expulsara, lo cual daría a la Administración Bush un pretexto para terminar los contactos formales con la isla.
Para lograr ese objetivo, Cason organizó y pagó abiertamente a los “disidentes” cubanos. Sin embargo, en vez de expulsar al titiritero, Cuba arrestó a los títeres que Cason había utilizado como instrumentos humanos para sus maquinaciones. (1º de julio Qué Pasa, Miami, en referencia a una entrevista el 20 de mayo en WQBA Miami [Univisión], "Lo que otros no dicen").
El editorial también olvidó el hecho de que Estados Unidos tiene más presos políticos en Cuba (Base de Guantánamo) que el gobierno cubano. De los 181 prisioneros restantes en Guantánamo, una Fuerza de Tarea Obama recomendó que 48 fueran puestos en libertad de inmediato, ya que se sabe que no han cometido actos criminales.
La mayor parte de estas personas fueron secuestradas. No se emitió ninguna orden de arresto. (9 de julio, Financial Times). El gobierno norteamericano justificó tales “arrestos” posteriores al 11/9 porque los norteamericanos se consideraban bajo ataque de terroristas. Por tanto, debemos simpatizar con los cubanos que al menos emitieron órdenes de arresto contra personas que reciben en secreto dinero del enemigo jurado de Cuba.
Documentos desclasificados de la CIA dan fe de miles de ataques terroristas contra Cuba, apoyados por la CIA, desde inicios de la década de 1961/70. Más cubanos han muerto a consecuencia de estos ataques que los que perecieron en los horrores del 11/9. Cuba también sufrió sustanciales daños a la propiedad debido al sabotaje apoyado por la CIA a fábricas y campos de cultivo.
En cuanto a las libertades civiles, Cuba al menos celebró juicios formales a los disidentes y los declaró culpables de organizar acciones a petición de funcionarios de EEUU, así como discutir otras para el futuro y aceptar dinero, artículos o servicios de manos de diplomáticos de EE.UU.
No fueron acusados de tener ideas contrarias —aunque la expresión de ideas opuestas puede haber motivado los arrestos—. El editorial del Post, así como un sermón similar en The Los Angeles Times (10 de julio), parece haber realizado un juicio usando una doble moral.
Los medios norteamericanos también han presentado a Guillermo Fariñas, el otro ayunador de conciencia, con atributos como los de Gandhi que pueden ser atemperados por el hecho de su arresto en 1995 por haber dado una golpiza a la directora de un hospital. En 2002 atacó a otra mujer que luego necesitó cirugía.
Quizás Zapata y Fariñas puedan ser considerados opositores políticos legítimos, pero ¿habría hablado el editorial acerca de George Jackson y otros ex Panteras Negras sin mencionar sus antecedentes penales?
En ningún caso se evidencia más dramáticamente la doble moral aplicada a Cuba que en el tema del terrorismo. Actualmente, Estados Unidos ha dado refugio a individuos acusados de horribles actos de terrorismo —el sabotaje de un avión cubano de pasajeros en el que murieron 73 personas y una racha de ataques con bombas a instalaciones turísticas cubanas, por lo que murió un italiano y muchos resultaron heridos.
En vez de procesar o extraditar a Luis Posada Carriles y Orlando Bosch por terrorismo internacional —cables de la CIA y el FBI señalan su papel en el sabotaje al avión sobre Barbados en 1976, matando a todos a bordo— Wáshington los ha protegido. El Departamento de Justicia acusó a Posada de fraude inmigratorio, una acusación menor, y ha permitido que el caso se prolongue por seis años.
La doble moral y la ironía abundan. España y Estados Unidos dan clases de libertad a Cuba después mantener la isla como una colonia formal e informal, respectivamente, durante 450 años. De alguna forma, ambos parecen reivindicar un derecho perenne a dictar a Cuba un comportamiento gubernamental.
* Saul Landau es profesor emérito de la Universidad del Estado de California, y miembro del Instituto para Estudios de Política. Nelson P. Valdés es profesor emérito del Departamento de Sociología de la Universidad de Nuevo México.
En www.progresosemanal.com