¿Democracia con presos políticos? Peligra la vida de seis campesinos paraguayos

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Víctor Ego Ducrot*
 
Una decisión del Gobierno argentino es violatoria de los derechos humanos más elementales. Injustificada denegatoria de refugio político a detenidos en huelga de hambre. 

La Comisión por los Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires denunció que, el 9 de octubre pasado, el Gobierno argentino denegó el refugio político a los seis campesinos presos desde hace más de dos años en este país, en huelga de hambre -sus respectivos estados de salud son muy graves- y víctimas de una acusación injusta, ilegal y fraguada por parte del poder judicial paraguayo.

En tanto, Agustín Acosta, Basiliano Cardozo, Roque Rodríguez, Gustavo Lezcano, Arístides Vera y Simeón Bordón (los seis presos alojados en el penal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires) difundieron un comunicado en el que, ante la negativa del Gobierno argentino de concederles el refugio político, afirmaron lo siguiente:

“Repudiamos la actitud hipócrita de la presidenta Cristina Kirchner, que se presenta como defensora de los derechos humanos, pero violó flagrantemente nuestros derechos manteniéndonos en prisión por más de dos años sin ninguna causa”.

“La Sra. Kirchner, al negarnos el refugio político está rompiendo la larga tradición de la Argentina, como tierra de refugio de miles de perseguidos políticos de América Latina y del mundo. Ella quedará en la historia como la responsable de quebrantar esta humanitaria tradición que la Argentina mantuvo incólume. La presidenta no solo viola nuestros derechos, sino también ultraja una limpia tradición argentina”.

“Responsabilizamos también de nuestra suerte a la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, nefasta heredera de la dictadura de Strossner, responsable de la muerte y desaparición de miles de compatriotas, de ciudadanos argentinos, brasileños, chilenos y uruguayos a través del vergonzoso Operativo Cóndor".

“En Paraguay, a pesar de la caída del partido colorado, que se mantuvo en el poder por más de 61 años y legitimó durante 35 años las atrocidades de la dictadura stronista, siguen teniendo la misma Corte Suprema de Justicia, corrupta y servil a los intereses de la mafia que sigue controlando el país”.

“Agradecemos la solidaridad de organizaciones y personalidades argentinas, que durante nuestros años de cautiverio, nos acompañaron sin abandonarnos un solo día. El gobierno argentino es indigno de pueblo humanitario y generoso que posee”.

“Por último, responsabilizamos al gobierno argentino, que deberá hacerse cargo ante organismos internacionales del daño que nos ha causado. Cárcel de Marcos Paz, Argentina, 10 de octubre de 2008”.

Integrantes de movimientos sociales, académicos, intelectuales, artistas y dirigentes de organizaciones humanitarias y sindicales -de Argentina, América Latina y Europa- exigieron a la presidenta Cristina Fernández que disponga el refugio político y la inmediata libertad de los seis paraguayos.

La petición por escrito y avalada por cientos de firmas fue presentada el 8 de octubre pasado en la Casa Rosada (sede del Poder Ejecutivo). Un día después se supo que las autoridades nacionales habían denegado el refugio.

También se expresaron en forma solidaria con los seis presos políticos la Comisión de DD.HH. de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, el Movimiento Territorial Liberación, la central obrera C.T.A, el escritor Osvaldo Bayer, los dirigentes humanitarios Nora Cortiña, Adolfo Pérez Esquivel, Martín Almada, el Movimiento Agrario Popular de Paraguay, el Movimiento de Victimas de la Dictadura de ese mismo país, Betty Williams (Premio Nóbel de la Paz 1972), Rigoberto Menchú (Premio Nobel de la Paz, 1992) y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

Por su parte, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) informó que "en Paraguay, están acusados de un terrible delito que no cometieron, secuestro y asesinato de la hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau. El Juez de Garantías Pedro Mayor Martínez, les dictó falta de mérito en dos oportunidades. En la embajada argentina, les indicaron venir a la Argentina. Ingresan a este país con su abogada defensora, Raquel Talavera. Se dirigen primero al ministerio de Relaciones Exteriores y luego al CEPARE (entidad gubernamental encargada de evaluar las condiciones de todo pedido de refugio político) para acogerse al derecho pedir pertinente".

Allí, continúa el documento de la LADH, narran la persecución a su partido político en Paraguay (Patria Libre organización legal que se presentó a elecciones en el año 2003) y en particular a ellos, y les extienden un certificado provisorio de reclamantes de refugio.

El CEPARE violando la confidencialidad de dicho trámite, informa al gobierno paraguayo (del entonces presidente Nicanor Duarte Frutos), quien presiona a la Cámara para solicitar la extradición.

Sin aguardar los pasos procesales correspondientes, el 28 de abril de 2006 ese tribunal dicta la prisión preventiva de los militantes sociales perseguidos, y solicita al gobierno argentino que sean extraditados.

En Buenos Aires, en tanto, "el CEPARE cita para el día 2 de mayo a dos de los solicitantes de asilo, quienes concurrieron acompañados por otro compañero. Ingresa la policía con una orden de INTERPOL y arrestan a los tres ciudadanos paraguayos, dentro de la misma sede gubernamental", subraya el comunicado de la LADH.

"A otros dos los detienen en una humilde casa particular, en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires). Con golpes e insultos, teniéndolos más de dos horas en el piso a patada va patada viene. Al sexto lo arrestan cerca de su lugar de trabajo, a cientos de kilómetros, en una operación sobreactuada, con helicópteros y presencia del canal noticiero Crónica TV. Fueron remitidos a la cárcel de Villa Devoto. Pocos meses después fueron alojados en el meses la cárcel de Marcos Paz (provincia de Buenos Aires)", añade el mismo comunicado.

El 26 de septiembre último se había pronunciado la Asociación Americana de Juristas (AAJ) – organización no gubernamental con estatuto Consultivo en Naciones Unidas (ONU)-, a través del siguiente comunicado.

“La Asamblea General de la AAJ, reunida en Buenos Aires con la asistencia de delegados de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, y Venezuela ha emitido la siguiente resolución.

“Visto y Considerando: Que seis campesinos paraguayos (Agustín Acosta González, Basiliano Cardozo Giménez, Simeón Bordón Salinas, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Vera Silguero) fueron acusados en Paraguay del secuestro y asesinato de la hija del ex presidente de ese país Raúl Cubas Grau, en septiembre de 2004”.

“Que la acusación está basada en los dichos de un testigo que habría sido comprado y que tendría conexiones con la mafia. Se comprobó que Cecilia Cubas había muerto con anterioridad a la fecha que dio el testigo, y como se caía la acusación, en una parodia de juicio, cambiaron la fecha de la muerte, por eso decimos que allá no tienen ninguna garantía de un juicio imparcial. Ese testigo afirmó que Patria Libre, la agrupación a la que pertenecen algunos de los detenidos, tenía vínculos con las FARC, y detalló una reunión en la que habrían decidido el destino de la joven Cubas”.

“Que la Justicia de primera instancia paraguaya rechazó reiteradamente los pedidos de procesamiento y se negó a encarcelarlos, pero bajo la presión política del gobierno del ex presidente Duarte Frutos, la Cámara de Apelaciones en Paraguay cambió la carátula y dictó la prisión preventiva”.

“Que ante la falta de garantías de un juicio imparcial y el riesgo de vida que implicaba ser encarcelados en su país, donde hay antecedentes de sicarios que matan a presos por encargo, viajaron a la Argentina, donde ingresaron legalmente, y pidieron asilo político. Mientras lo gestionaban en el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), fueron arrestados por INTERPOL y tres días después les notificaron en el penal de Devoto del rechazo del pedido de refugio, con el argumento de que Paraguay es un país democrático donde rige el estado de derecho”.

“Que en el juicio de extradición, el juez Ariel Lijo no los consideró perseguidos políticos y resolvió que la extradición es procedente, a pesar de la intervención del Dr. Martín Almada, miembro del Comité Ejecutivo de la AAJ, en calidad de amicus curiae, figura jurídica que permite a quienes no son parte de una causa, presentarse al tribunal para aportar informaciones. Apelada la resolución, la Corte Suprema decidió no pronunciarse hasta tanto el Poder Ejecutivo resolviera si les concede el status de refugiados”.

“Que la Secretaría de Derechos Humanos que había dictaminado a favor de los seis paraguayos, modificó su decisión, según manifestó su Subsecretario "por orden del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos" y en este momento la resolución está en manos del Ministro del Interior”.

“Que después de dos años y tres meses en prisión, los presos paraguayos iniciaron una huelga de hambre, en la que ya llevan 45 días, con grave riesgo para sus vidas”.

“Que el Estado paraguayo está siendo investigado en la CIDH por el caso de secuestro y tortura de dirigentes de Patria Libre, -el partido al cual pertenecen los presos en la Argentina tiene plena vigencia legal en Paraguay-, actualmente refugiados en Brasil; Aunque el nuevo gobierno del obispo Lugo es de signo muy distinto al del Partido Colorado, las estructuras judicial, policial y penitenciarias no se reconvirtieron, y la eventual extradición puede significar el asesinato de los huelguistas”. “Que resulta inconcebible que el gobierno argentino que se considera líder en América Latina en la Defensa de los Derechos Humanos, se demore en la solución de este problema, asumiendo la responsabilidad de un eventual resultado trágico”.

“Por todo ello, la Asociación Americana de Juristas demanda la inmediata intervención de la presidenta de la República Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner para que se les otorgue refugio a los seis campesinos injustamente presos en la cárcel de Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina”. Firman esa documento Vanessa Ramos (presidenta AAJ Continental) y Beinusz Szmukler (presidente Consejo Consultivo de la AAJ).

El estado de salud de los seis luchadores paraguayos presos es alarmante, según se desprende del informe médico divulgado el 8 de octubre último por la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh y emitido por profesionales de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Ello son los doctores/as Gonzalo Moyano (MN 58427), Liliana Deusch (MN 88417), Diana Luján (MN 94137), Rafael Gamarnik (MN 22674) y Mercedes Alifano (MN 77150).

“Visitamos en tres ocasiones (25/09/08, 27/09/08 y 07/10/08) a dichos presos, constatando lo siguiente”, dijeron los médicos.

“Gustavo Lezcano: paciente de 38 años de edad, que presenta 14 Kg. de pérdida de peso, mareos, cefaleas, y trastornos del sueño y de la concentración. Hipotensión leve, bradipsiquia y signos leves de deshidratación”.

“Roque Rodríguez: paciente de 55 años de edad, que presenta 12 Kg. de pérdida de peso, piel algo seca con palidez cetrina, panículo adiposo disminuido, así como disminución de fuerza muscular en hemicuerpo izquierdo, bradipsiquia, calambres y parestesias”.

“Agustín Acosta: paciente de 36 años de edad, que presenta 14 Kg. de pérdida de peso, dolor lumbar y en articulaciones, palidez cetrina, dolor a la puño percusión, bradipsiquia, hipotensión, calambres y parestesias”.

“Arístides Vera: paciente de 45 años, que presenta 14,5 Kg. de pérdida de peso, dolores en región precordial y en articulaciones, mareos, trastornos del sueño, palidez cetrina, saliva espesa, bradipsiquia, calambres, parestesias y signos leves de deshidratación”.

“Basiliano Cardozo: paciente de 38 años de edad, que presenta 14 Kg. de pérdida de peso, decaimiento, dificultad para leer y concentrarse, tensión arterial de 160/90 para una hipertensión clasificada como moderada. Edemas palpebrales, parestesias, calambres y bradipsiquia”.

“Simeón Bordón Salinas: paciente de 39 años de edad, que presenta 15 Kg. de pérdida de peso, dolores articulares, piel pálida y mucosas ligeramente secas. Bradipsiquia, calambres y parestesias”.

Los profesionales de la Liga Argentina por los Derechos de Hombre concluyeron que: “se trata de pacientes con pérdida de peso importantes, cuyos antecedentes de trabajar en el campo y estar expuestos a agrotóxicos, aumentan el riesgo de descompensación de su medio interno, ya que estos suelen afectar selectivamente a la función renal. La dieta líquida y sin nutrientes y electrolitos necesarios en el medio interno, favorecen dichas complicaciones. Presentan sintomatología y signos clínicos de complicaciones de instalación lenta, en algunos casos irreversibles, que podrían derivar en insuficiencias renales y paros cardiorrespiratorios por trastornos de su medio interno. Se recomienda su traslado URGENTE a una institución médica asistencial con condiciones para mantener control estricto de signos vitales, medio interno y función renal”.

*Publicado en APM.

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