Denuncian militarización de zona mapuche
Un brutal allanamiento policial afectó el pasado 16 de octubre a miembros de la comunidad Nicolás Calbullanca, comuna de Tirúa. Según se informó en un primer momento a la prensa, la acción policial, que incluyó un inusitado despliegue de decenas de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, agentes de inteligencia, tanquetas y carros lanza aguas, búscaba esclarecer delitos de abigeato (robo de animales) ocurridos en la zona y denunciados con anterioridad ante el Ministerio Público por particulares.
Sin embargo, tras finalizar el violento operativo, el prefecto Jorge Walden de la 17 Prefectura Policial de Arauco en la Tercera Comisaría de Cañete, reconoció que la acción obedeció más bien a la búsqueda de «cinco prófugos de la justicia», dirigentes mapuche de la zona. Y si bien al final de la jornada tres personas resultaron detenidas, entre ellas dos menores de edad acusados de «agredir a carabineros», ninguno de los detenidos aparecen con orden de búsqueda y captura», según aclaró más tarde el Fiscal de Cañete, Eduardo Elgueta.
A juicio de la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, el proceder de la policía uniformada chilena solo obedecería a la clara desición del gobierno de «militarizar» dicha zona. «La militarización del sector de Lleu Lleu, donde se encuentran distintas comunidades que están desarrollando procesos de recuperación de tierras, nos indica que, así, el estado de Chile, responderá a las demandas de nuestro pueblo, “aplicando control militar”, señalaron a través de un comunicado de prensa.
En tal sentido, para la organización no es casualidad que luego de una denuncia por robo de ganado, precisamente un día domingo, «se haya desplazado tal contingente acompañado del fiscal y de un alto jefe policial de la zona, para allanar viviendas de la comunidad Nicolás Calbullanca en la búsqueda de los supuestos autores del robo, justo un día antes del anuncio oficial del Ministerio Público de militarizar la zona del Lleu Lleu, instalando en el lago una dotación permanente de la Armada de Chile».
Según denuncia la organización mapuche, en la VIII región se estaría redituando el mismo escenario de persecución contra dirigentes mapuches ya existente en La Araucanía, señalando como ejemplo que el reciente allanamiento a la comunidad Nicolás Calbullanca,se realizó solo semanas después de otro violento operativo encabezado, esta vez en la IX región, por el fiscal Alberto Chiffele en las comunidades mapuche de Tres Cerros, comuna de Vilcún.
«Todo lo anterior no hace más que demostrar explícitamente la política xenofóbica del actual gobierno de reprimir y penalizar la justa demanda del pueblo Mapuche: mientras; los candidatos a la presidencia de Chile, tanto; del oficialismo como los de extrema derecha, propagan la seudo democracia, el terrorismo de estado continua con el apoyo del gobierno, sus fuerzas armadas, amparando el poder capital de las forestales y haciendo desaparecer un Pueblo», finalizan.
MOVILIZACIONES EN CAUTÍN
En la región de La Arucanía, en tanto, dos ocupaciones de tierras por parte de comunidades mapuches se registraron esta mañana en la provincia de Cautín, en el marco de la reivindicación de tierras que reclaman comuneros de la zona. 25 personas pertenecientes a las comunidades Rucapangue Grande, Rucapangue Chico y Dollilco ocupan desde temprano el Fundo Rucapangue ubicado en la comuna de Chol Chol.
El predio, que fue propiedad de Ricardo Suárez, fue adquirido este año por la Corporación Nacional Indígena (CONADI) en el marco del programa de entrega de tierras de la institución para ser destinado a la comunidad Pascual Painemilla de Puerto Saavedra. Esta situación habría provocado la molestia y posterior toma del recinto por parte de los mapuches del sector de Chol Chol, encabezados por Roberto Chihuilaf, quienes argumentan que desde hace un tiempo solicitaban la designación de estos mismos terrenos.
Debido a que aún no se ha emanado una orden de desalojo la policía mantiene discreta vigilancia en el sector, mientras que el Alcalde de la Comuna de Chol Chol, Luis Huirilef, viajó a la Dirección Nacional de CONADI para intentar mediar ante esta situación. Una situación similar se produjo en el sector de Vilcún donde alrededor de 50 personas, entre hombres, mujeres y niños de distinta edad, ocupan desde temprano un terreno de la empresa de Ferrocarriles del Estado el cual reclaman formaría parte de las 205 hectáreas que el estado les entregó a título de merced en 1908.
Los integrantes de la ocupación, pertenecientes a la comunidad Segundo Levio, señalaron que la ubicación de la actual estación de trenes, está emplazada en una hectárea de terreno, la que sería parte de esta donación del gobierno.
————————————
* Periódico mapuche Azkintuwe (www.nodo50.org/azkintuwe).