Sep 17 2008
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Sociedad

Después de Santiago, América Latina ingresa en una nueva etapa

Ernesto Carmona*

Con el contundente acuerdo de solidaridad y apoyo incluso material al gobierno legítimo de Evo Morales, aprobado el lunes en Santiago por la unanimidad de los doce países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Bolivia obtuvo un respiro para enfrentar mejor la crisis separatista desatada por los cinco prefectos de la llamada Medialuna.

Con el contundente acuerdo de solidaridad y apoyo incluso material al gobierno legítimo de Evo Morales, aprobado el lunes en Santiago por la unanimidad de los doce países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Bolivia obtuvo un respiro para enfrentar mejor la crisis separatista desatada por los cinco prefectos de la llamada Medialuna.

La gran prensa chilena no ocultó su hostilidad hacia el encuentro de jefas y jefes de Estado y al día siguiente las portadas noticiosas privilegiaron la nueva recaída en la crisis del capitalismo mundial desatada esta vez por la estrepitosa quiebra de Lehman Brothers, relegando a un segundo plano la cumbre de UNASUR. Y algo similar ocurrió en otras capitales latinoamericanas.

CNN le dio más importancia a la detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, llamado “el carnicero de Porvenir”, sindicado como autor intelectual de la matanza de 30 campesinos pobres de esa localidad… el 11 de septiembre de 2008. Para CNN fue una contradicción con los acuerdos de fomentar el diálogo, pero la reunión de Santiago también acordó investigar los crímenes para que no haya impunidad.

Esta reunión, celebrada apenas a cuatro días de la masacre de Porvenir, marca una nueva etapa para América Latina. Ostensiblemente, la región se aleja cada vez un poco más del imperio. Estados Unidos y la OEA han sido los grandes perdedores. La anfitriona, Michelle Bachelet, salió fortalecida como Presidenta pro tempore de la organización y comenzó a proyectar un cierto liderazgo más consistente en la arena internacional.

La reunión fue una prueba de fuego para la organización que nació en mayo 2008 en Brasilia, hace apenas cuatro meses, y que hasta ahora lucía como una entidad simbólica. Por primera vez los países latinoamericanos desafiaron la injerencia de EEUU, aunque sin mencionar al imperio en la declaración final.

Trascendió que la omisión fue defendida por el brasileño Inazio Lula Da Silva, cuyo país es el principal consumidor del gas de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, tres de las cinco prefecturas gobernadas por un fascismo racista y virulento.

La argentina Cristina Fernández, el venezolano Hugo Chávez y el ecuatoriano Rafael Correa, propusieron diferentes matices para aludir la injerencia de EEUU en la crisis boliviana en el texto final, pero el consenso acogió la postura de Lula, quien no fue aplaudido ni vitoreado por la multitud que saludó con banderas y pancartas el arribo de los mandatarios al Palacio de La Moneda por la Plaza de la Constitución.

Participaron nueve presidentes. Por el orden alfabético de los países: Cristina Fernández, de Argentina; Evo Morales, de Bolivia; Luis Inazio Da Silva, de Brasil; Álvaro Uribe, de Colombia (que fue el primero en retirarse, dijeron que rumbo a EEUU); Michelle Bachelet, de Chile; Rafael Correa, de Ecuador; Fernando Lugo, de Paraguay; Tabaré Vásquez, de Uruguay; y Hugo Chávez de Venezuela. No asistió Alan García, del Perú. Su canciller José Antonio García Belaunde aseguró que la premura de la convocatoria no dio tiempo a la autorización del Congreso para el viaje. Suriname y Guyana estuvieron representados por embajadores.

La reunión puso el primer sello a la partida de defunción de la OEA. Su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, también participó en la cumbre pero esa vez con un protagonismo más bien bajo. Cuando aterrizó en Santiago alertó que la crisis de Bolivia podría devenir en irreversible, echando más carbón al fuego encendido por los medios de comunicación locales, cuya mayoría defiende al fascismo, presentan las demandas separatistas como “legítimas expresiones de la voluntad popular regional manifestada democráticamente” en los referendos ilegales auto-convocados y hacen de Bolivia un país fatalizado históricamente por el desorden político. La burguesía chilena no disimula su desprecio por el pueblo boliviano.

Ningún partido político ni medio de comunicación chileno aceptaría, por ejemplo, que la región de Antofagasta, donde se concentra la mayor riqueza minera del país, auto convocara a un referendo “autonómico” para quedarse localmente con los ingresos del cobre y otros metales, que –por cierto– pertenecieron a Bolivia hasta que Chile se apoderó de esos territorios en una guerra librada en 1879. Sin embargo, la derecha, los diarios de Agustín Edwards y Álvaro Saieh, más ciertos “analistas” de televisión centraron la discusión en una pretendida legitimidad separatista que llaman “autonomía democrática” y, a la vez, trataron de evadir el problema de fondo, que es la amenaza de golpe inspirada y financiada por EEUU.

Lideres de la derecha, los grandes diarios, ciertas radioemisoras, la televisión, es decir, la gran mayoría de los medios de Chile, se esforzaron en llamar la atención sobre pretendidos ángulos “periodísticamente novedosos”, como que “Morales llegó en un avión venezolano”, o que Chávez se adelantó a Bachelet al anunciar la reunión antes que ella, o que el gobierno del Perú estaría “ofendido” porque Morales habló de “sicarios peruanos” como autores de crímenes, o las dudas de Lula sobre la utilidad del encuentro y otras cuestiones banalizadoras de la reunión de presidentes.

No se supo que partido político chileno alguno defendiera ostensiblemente al gobierno de Bolivia, excepto el partido Radical, que sacó una declaración formal haciendo “un ferviente llamado a todas las fuerzas políticas para apoyar y respaldar al presidente Evo Morales y a la democracia boliviana.  Al mismo tiempo, condena todo intento de subvertir o alterar el orden constitucional del vecino país a través del uso de la violencia y la violación de los derechos humanos”.

Los acuerdos de Santiago

 Las jefas y jefes de Estado adoptaron nueve acuerdos substanciales. Textualmente:

1.- Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum.

2.- Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometan la integridad territorial de la República de Bolivia.

3.- Consecuente con lo anterior, y en consideración a la grave situación que afecta a la hermana República de Bolivia, condenan el ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la democracia boliviana, exigiendo la pronta devolución de esas instalaciones como condición para el inicio de un proceso de diálogo.

4.- A la vez, hacen un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a que tomen las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, intimidación y desacato a la institucionalidad democrática y al orden jurídico establecido.

5.- En este contexto, expresan su más firme condena a la masacre que se vivió en el Departamento de Pando y respaldan el llamado realizado por el Gobierno boliviano para que una Comisión de Unasur pueda constituirse en ese hermano país para realizar una investigación imparcial que permita esclarecer, a la brevedad, este lamentable suceso y formular recomendaciones de tal manera de garantizar que el mismo no quede en la impunidad.

6.- Instan a todos los miembros de la sociedad boliviana a preservar la unidad nacional y la integridad territorial de ese país, fundamentos básicos de todo Estado y a rechazar cualquier intento de socavar estos principios.

7.- Hacen un llamado al diálogo para establecer las condiciones que permitan superar la actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del pleno respeto al estado de derecho y al orden legal vigente.

8.- En ese sentido, los presidentes de Unasur acuerdan crear una Comisión abierta a todos sus miembros, coordinada por la Presidencia Pro-Tempore, para acompañar los trabajos de una mesa de diálogo conducida por el legítimo Gobierno de Bolivia.

9.- Crean una Comisión de apoyo y asistencia al Gobierno de Bolivia en función de sus requerimientos, incluyendo recursos humanos especializados.

De regreso en Caracas, Chávez anunció que una subcomisión logística** se ocupará de abastecer a Bolivia de combustibles y alimentos si se produce una escasez como la que hubo en Chile al derrocar a Salvador Allende o el desabastecimiento creado en Venezuela por la huelga patronal durante el golpe de 2002.

Todos estos acuerdos se debatieron, simbólicamente, en el mismo palacio destruido por la aviación 35 años y 4 días antes, el 11 de septiembre de 1973. Los países sudamericanos están defendiendo unidos la gobernabilidad de Bolivia y a un Presidente que ganó con el 53% en 2005 y fue ratificado con el 67% en 2008. Este acuerdo tampoco puede leerse como una identidad política absoluta respecto a los profundos cambios que impulsan algunos de los países miembros en sus respectivas sociedades.

* Periodista.

** Ver, en este periódico, Se impuso la dignidad, lo demás es cosa de tiempo.

 

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