Ene 1 2009
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Sociedad

Detenidos-desaparecidos en Chile: Declaración Pública de la CECT

2008 cerró con un escándalo que se pretendió sacar de proporciones: personeros y personeras de la derecha política manifestaron haber descubierto –o tener información– de que un determinado número de personas que se creía habían sido desaparecidas durante la dictadura militar-cívica en realidad gozaban de buena salud, habían muerto por otras causas o sus familias cobraron las magras "reparaciones" del  Estado. Se aducen menos de seis casos…

 

La Comisión Ética Contra la Tortura, ante las diversas informaciones que dan cuenta de errores en los listados de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura pinochetista que gobernó nuestro país, señala su rechazo ante los partidos políticos de derecha que enjuician la validez de los espacios de verdad logrados a la fecha. Así también, la CECT reitera su condena al silencio de los Tribunales de Justicia que, por años, no se han hecho cargo de las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas en Chile y que le costaron la vida a miles de personas, desde la más humilde hasta presidentes de la República y troncharon el futuro de otros cientos de miles al someter por la fuerza a todo un país.

Los partidos de derecha fueron la base de apoyo de Pinochet y, por tanto, carecen de autoridad moral para referirse a temas que obviaron cuando tenían todo el poder.

En estas circunstancias, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) afirma lo siguiente:

 1. La desaparición forzada de personas, la ejecución sumaria de prisioneros y la práctica sistemática de la tortura fueron crímenes de lesa humanidad que se planificaron y ejecutaron directamente desde el Estado, con equipos especializados, entrenados y formados para su realización.  Todas estas violaciones contaron con el silencio cómplice de la derecha política y sus medios de comunicación, así como también de los magistrados que integraban los tribunales de justicia.  Estos crímenes dejaron una secuela de horror y muerte que aún pesan sobre la sociedad chilena.

2. Los espacios de verdad logrados hoy, dan cuenta de las operaciones realizadas por los equipos de la policía política, las FFAA y  la policía que nos gobernó por más de 17 años. Las operaciones Colombo, Albania, Caravana de la Muerte, Cóndor; las fosas de Pisagua, los Hornos de Lonquén, del Fuerte Arteaga entre otros; los montajes comunicacionales, los falsos enfrentamientos para cubrir ejecuciones de prisioneros, el ocultamiento de los cuerpos, la inhumación ilegal, la tortura sistemática y masiva practicada en nuestro país, los más de 1.000 centros de tortura y exterminio que funcionaron a los largo del territorio nacional, son parte del historial represivo que sustentó a una dictadura  que gobernó con la actual derecha política, la apatía del poder judicial y la concomitancia de los medios de comunicación que ellos controlan.

 3. La verdad que se ha logrado construir en estos años post dictadura, la debemos a la lucha de los familiares, a los organismos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales y a los sobrevivientes de tortura; todos ellos que siguen clamando por VERDAD, JUSTICIA  y  DIGNIDAD.

4. Los Gobiernos de la Concertación han constituido Comisiones de Verdad, como una forma de asumir la responsabilidad política ante el terrorismo de Estado. Por ello, se han constituido la Comisión Rettig, la Mesa de Diálogo y la Comisión Valech.  En ese sentido, los errores recientemente habidos, tienen su origen en la llamada "política de los consensos",  y de justicia parcial, en la "medida de lo posible" como la llamara el Presidente Aylwin a comienzos de los años 90 y que hoy  sólo muestra su agotamiento.

6. Llegó el momento de exigir al Poder Judicial que asuma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile; que asuma su silencio ante  los miles de recursos de amparo que no investigó y los más de 500 recursos de protección que negó; que asuma el rol que le cabe ante la comunidad internacional de investigación de los crímenes; de llevar a cabo juicios y procesos a los responsables intelectuales y materiales de los atropellos a los derechos humanos en nuestro país, según  estipula la legislación nacional e internacional, garantizando para las futuras generaciones, el NUNCA MAS tan anhelado.

7.  El principio de oficialidad significa que los tribunales, sin necesidad de requerimiento alguno, cuando toman conocimiento de hechos que puedan revestir caracteres de delito, deben instruir el sumario correspondiente.  El Poder Judicial chileno carga, además, con esta irregularidad. Hoy desea hacerse parte ante los "casos falsos", pero le sería más propio que se hiciese parte, d una buena vez, de todos los casos que son ciertos de desaparición forzada de personas, de ejecución sumaria y de torturas, rompiendo con los 50 años de silencio que pesa sobre el nombre de los torturadores.

8.  No es posible que las autoridades continúen soslayando la Verdad y la Justicia, porque nada justifica los delitos que el mundo entero conoce y que repugnan a toda conciencia digna.

 
Comisión Ética Contra la Tortura
Santiago, 29 de diciembre de 2008.

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