Doctrina del shock amenaza a la economía chilena

Paul Walder*
El financiamiento del plan de reconstrucción que deberá diseñar el gobierno de Sebastián Piñera ya comienza a instalarse en el debate público. No sólo se expresa en el Parlamento sino al interior del propio gobierno y sus partidos aliados.

El financiamiento de un plan -que por lo bajo costará al Fisco unos diez mil millones de dólares, y al país unos treinta mil millones- ya ha alineado a las tradicionales y poderosas fuerzas oficiantes del libre mercado, que observan las consecuencias de la catástrofe como una nueva oportunidad para entregarle las soluciones al mercado. Otras voces, procedentes de la Concertación, han levantado más por oportunismo que por verdadera convicción propuestas propias de un Estado de bienestar keynesiano, aquel que se hace cargo activa y directamente de las decisiones económicas y del curso que ha de seguir la economía.

Una tercera voz parece radicadar un poco aislada en el ministro de Hacienda, el economista de Harvard Felipe Larraín. A través de numerosas declaraciones mantiene una posición levemente alejada de la ortodoxia neoliberal. A pocos días de asumir su cargo, y tras una reunión con los representantes de los principales grupos económicos del país, los Matte, Luksic, Said, y algunos otros, Larraín dijo que la reconstrucción podría -y enfatizó esta idea-, financiarse en parte con un alza tributaria. A las pocas horas precisó más sus palabras, para descartar que el aumento tributario tocara a las personas o a las pymes. La mayor carga impositiva, esbozó, podría aportarla la venturosa e intocable gran minería.

Con los días se ha añadido un nuevo y más amplio argumento para este debate. Lo puso en la agenda el ex presidente Lagos, a través de un documento público que concitó a las pocas horas numerosas entrevistas de prensa. En ellas precisó y ahondó su planteamiento. Si bien es necesario, dijo, hacer todos los esfuerzos por reconstruir el país, es también importante darle un sentido a este proyecto.

En suma, Lagos se preguntaba qué tipo de país se desea reconstruir, y citó planes históricos tras grandes terremotos, como la Corfo, en 1939, o el DFL-2 para las viviendas, tras la catástrofe de 1960, iniciativas con enormes proyecciones en el desarrollo futuro del país. Lo que Lagos ha puesto en el debate es la aprensión frente a las fórmulas que pondrá en marcha el gobierno de Piñera para reconstruir el país, las que recaerían en gran parte en el sector privado. El Chile que surgiría sería un país doblemente dependiente de las fuerzas del libre mercado.

Propaganda neoliberal
En un país cuya prensa escrita está controlada por los grandes capitales y aquellos sectores afines al fundamentalismo del mercado, la propuesta del ministro Larraín ha sido interpretada y difundida como un sacrilegio. Los propios aliados del gobierno -la gran empresa y representantes de la UDI-, han levantado una campaña pública para hacer desistir a Hacienda de sus intenciones de impulsar un alza directa de impuestos o un royalty a la minería y a las grandes corporaciones. Argumentos como un freno al crecimiento económico derivado de la mayor carga tributaria, una huída de la inversión extranjera, falta a los compromisos ya contraídos con las empresas e, incluso, un daño a la imagen del país, han sido levantados como una campaña del terror en un país aún en estado de shock.

El gobierno de Piñera cifró los daños del terremoto y el maremoto en 29.662 millones de dólares. En la presentación que los ministerios de Hacienda e Interior hicieron ante el Senado, se segmentó esta cifra entre daños que corresponden al sector público -infraestructura vial, de riego, pesquera, salud y educación, principalmente, que ascienden a unos diez mil millones de dólares-, y los privados, que es el resto del total calculado. Un dato adicional es el impacto en la economía, que como efecto de la menor producción derivada de los daños dejará de producir 7.600 millones de dólares.

Esta suma, sin embargo, ha sido puesta en duda por el sector privado y sus representantes políticos, que buscan disminuir en lo posible la intervención del Estado en la economía. En una entrevista concedida a El Mercurio por el senador UDI Jovino Novoa, queda expresada con claridad la postura de este partido, que ha sido también reforzada por la senadora Evelyn Matthei. Novoa estima que las pérdidas a cargo del Fisco, que suman además de la infraestructura las medidas de emergencia, viviendas y subsidios de cesantía, se elevarán a unos doce mil millones de dólares; sin embargo, sugiere que parte de este monto “lo puede financiar el sector privado por la vía de la concesión de carreteras, construcción de hospitales, cárceles, escuelas, etc.”. La catástrofe, para este conspicuo representante de la UDI, puede convertirse en una gran oportunidad de negocios para el sector privado, fórmula que, por cierto, gusta bastante en Hacienda.

Novoa es claro en expresar la más clásica visión neoliberal: “El alza de impuestos producirá mucho más problemas que los que originará usar los ahorros de doce mil millones, o endeudarse. Tenemos los recursos, y un excelente equipo económico que tiene que resolver cómo hacer el gasto afectando lo menos posible a la economía”. Y si no quiere gastarlos, dice, “que se endeude, entonces. Tiene capacidad por 20 ó 30 mil millones de dólares. También puede vender activos. Si frente a un terremoto no podemos hablar de venderle un 20 por ciento de Codelco a las AFP, significa que no podemos hablar de nada”.

El rechazo a un alza tributaria para financiar la reconstrucción es simplemente un problema de intereses políticos ligados con las grandes mineras. En rigor, aumentarles los impuestos a las mineras -que ganarán este año, con un precio estimado del cobre de 3,4 dólares, unos ¡25 mil millones de dólares! según cálculos del economista Manuel Riesco- no sólo es puro pragmatismo económico, como el que plantea cada vez con menos convicción Felipe Larraín, sino una manera de cambiar un poco la tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza. Una catástrofe de esta magnitud, que nos ha revelado las verdaderas condiciones de nuestros habitantes, sería una buena forma de hacer verdadera política. Pero el horno parece no estar, ni en esta emergencia, para bollos.

Donaciones, nuevas concesiones al sector privado. Si la reconstrucción toma esta muy probable vía, muchas de las aprensiones de las organizaciones ciudadanas y de la prensa independiente en relación a los vínculos del presidente con empresas inmobiliarias, podrían convertirse en una realidad. La catástrofe y la posterior reconstrucción del país pasarían a ser un gran negocio para las inmobiliarias cercanas al gobierno. O, algunas de ellas, al interior del gobierno. Un reportaje de Ciperchile elaborado por Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa reveló estos vínculos, que conforman una larga lista “que encabeza el recién nombrado intendente metropolitano Fernando Echeverría. También aparecen vinculados de distintas formas a las constructoras e inmobiliarias involucradas, el intendente del Maule, Rodrigo Galilea; el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; y sus amigos Carlos Alberto Délano, Andrés Navarro, Ricardo Bachelet y José Cox”.

Pero en la lista aparece el propio Piñera, que ha tenido negocios ligados a este sector. Y aun cuando se haya desprendido de ellos, las relaciones, los vínculos, la amistad con sus antiguos socios, permanece. Es lo que algún día el economista Joseph Stiglitz denominó “capitalismo de los compadres”. Así como George W. Bush favoreció durante su gobierno a sus antiguos socios petroleros y a la poderosa banca, con los fatales resultados para la economía estadounidense y para el mundo, ¿por qué no en Chile el presidente, que es un líder de la Bolsa y de todo tipo de inversiones, no favorecería también a sus entrañables amigos? La doctrina del shock parece avanzar a plena marcha.

*Periodista de Punto Final