Ecuador: el terrorismo de los medios y el golpe de Estado

Alberto Maldonado S.*

El informativo Televistazo del Canal 8 de Quito (Canal 2 – Guayaquil) que se supone el más serio y equilibrado de la televisión privada, dedicó la  parte más dramática y de denuncia de sus noticieros del 3 y 4 de febrero/2011, a una crónica sacada “sigilosa y periodísticamente” del mundo de la demanda de atención prioritaria en el viejo Hospital Guayaquil, de esa ciudad, y de una actitud poco menos que irresponsable de sus médicos de turno.

Una reportera joven y algo simpática (por lo joven) y un camarógrafo, también joven,  lograron “colarse” entre los numerosos pacientes que demandaban atención de urgencia del hospital público, por diferentes dolencias, en  horas de la noche. Por supuesto, la joven periodista y su camuflado camarógrafo, no perseguían una noticia que refleje este problema o que exija del Estado una eficaz y pronta atención.

Como fiscales mediáticos y como periodistas “independientes” de una prensa “más independiente aún”, lo que en realidad buscaban era demostrar que este nuevo servicio no es como lo pintan el gobierno-de Correa y su Ministerio de Salud Pública; y que en las salas de atención emergente reinan la desidia, el quemimportismo y hasta la deshumanización

No pudo haber sido una casualidad que la pareja detectivesca-periodística se haya  concretado, entre los muchos pacientes que esperaban atención urgente, en un anciano que yacía tendido e inconsciente en un camastro, afectado de un infarto cerebral, diagnóstico que los mismos investigadores dieron a conocer. La “exclusiva” del Canal (a día seguido) fue que, ni el médico de turno, ni las enfermeras, hicieron nada  por “salvarle la vida” al anciano, que falleció horas después, en el mismo hospital. Y al siguiente día, con ese dato y esa grabación en video, la diligente pareja sorprendió al director del hospital (un médico que había sido nombrado hace un par de semanas) con la “evidente” denuncia.

El pobre funcionario reaccionó iracundo ante tan contundente denuncia y ofreció mano dura contra los elementos que, esa noche, estaban de guardia.

Consultado un médico de urgencias respecto de si el anciano habría salvado la vida si recibía atención inmediata, dijo más o menos lo siguiente: “Si el paciente ya llevaba horas desde que la familia se dio cuenta que era un caso grave de infarto cerebral (hemorragia interna en el cerebro) y además era una persona mayor, las probabilidades de vida eran muy escasas, así le hubieran atendido inmediatamente y con los mejores recursos técnicos actuales. En el mejor de los casos, si la persona era joven, habría sobrevivido un tiempo, en la inconciencia, y quién sabe con qué secuelas.

"La mayor parte de este tipo de pacientes termina falleciendo días o semanas después, así se les atienda de inmediato; y si están en una clínica particular, a un alto costo (10.000, 15.000, 20.000 dólares, depende). Muchas veces, por cansancio de quienes le cuidan, la propia familia termina implorando que ‘taita Dios se lo lleve y pronto’".

Es decir, ¿así lo hubiesen atendido de inmediato, el caso era grave?

“Si y no. Tendría que revisar su hoja clínica, su diagnóstico, para poder decir si o no”

De todas maneras, la joven periodista, el camarógrafo y el propio canal, habían logrado una “primicia informativa” que Televistazo  la pasó a día seguido, como en las mejores entregas de suspenso de un periodismo de investigación.

Desde luego, quedó “demostrado” que el gran culpable de que el anciano infartado se haya muerto sin la debida atención, no podía ser otro que el Presidente de la República ya que ofrecía al pueblo-pueblo, atención eficaz, inmediata y gratuita. Este ofrecimiento, para el canal y  los autores de la primicia, demostraba que “nadie debe morirse en un hospital público” sin que el gran culpable sea el Jefe de Estado; y de paso, demostraban también que el Presidente Correa “miente y exagera” cuando habla de que al fin el pobre ya tiene un sistema de salud gratuito y eficiente. ¿Está claro?

Hay que anotar que, en el Ecuador, este tipo de casa asistencial se ha visto desbordada por el número de dolientes que demanda atención inmediata, en todos los servicios y órdenes, ya que el Gobierno – Correa ha dispuesto que la atención sea gratuita para cualquier persona que lo solicite; y que, además, se les entregue medicamentos, también gratuitos.

Se comprenderá que, si hasta hace poco tiempo, este tipo de asistencia no existía o era muy deficiente; y que las clínicas y hospitales privados ofrecían atención pero pagada (¡y a qué costos!) era inevitable que se dé una sobre demanda de estos servicios, en los viejos y anticuados hospitales y dispensarios públicos. Y si a esta  demanda agregamos que los responsables de esta nueva política social, no pudieron o no previeron semejante crecimiento, pues, lo obvio es que se produzcan aglomeraciones de pacientes, en busca de esta atención totalmente gratuita. O que, en una noche cualquiera, se den casos “de desatención criminal” como descubrieron los jóvenes pesquisidores.

Denuncias políticas o la política de las denuncias

La denuncia del canal sipiano (de la SIP-CIA) viene de la mano con una política empresarial mediática, que, desde hace años, a través de la llamada “gran prensa” continental, actúa contra los gobiernos que pintan —en el discurso y/o en los hechos— como gobiernos progresistas, que tratan de cambiar la dura, inequitativa y terrible situación en la que han sobrevivido los pueblos latinoamericanos.

Digo esto porque no hay día en que, por ejemplo, El Comercio de Quito o el Universo de Guayaquil (dos de los principales diarios sipianos) no arrojen dardos contra el Gobierno-Correa, igual que contra Hugo Chávez, de Venezuela, o Morales, de Bolivia; y hasta la pobre viuda de la Cristina Fernández, por haber tratado de eliminar el monopolio que, del papel, tenían dos diarios (La Nación y Clarín, muy ligados a la terrible dictadura militar de Argentina).

Y no hay que olvidar que la prensa impresa, en nuestros países,  sigue teniendo enorme vigencia en medios audiovisuales, ya que, por comodidad o por falta de presupuesto, sus informativos siguen leyéndolos, como si fueran propios..

Grandes temas, grandes mentiras

En el caso de Ecuador, amén de que hay temas de todos los días que se prestan para la manipulación, el manoseo y, con frecuencia, la mentira, pura y simple,  hay informaciones en las que se  insiste, una y otra vez, a sabiendas de que lo que se desea es descalificar al gobierno, quién sabe si hasta lograr su destitución o derrocamiento, para sustituirlo con otro pero que sea “más leal” a los intereses económicos, políticos y sociales de la clase derrocadora.

Uno de estos temas es el del hermano Fabricio de quien, hace unos dos años, escribí un ensayo titulado “Con esos hermanos, para qué enemigos” Un periodista descubrió (o le dieron descubriendo) que este hermano del presidente Rafael Correa había firmado contratos con diferentes entidades del sector público, por unos 80 millones de dólares.

Esta denuncia motivó que el propio presidente se viera obligado a declarar que no había conocido que su hermano mayor andaba en estos logros, de una indudable falta de ética elemental, por decir lo menos, y que pedía que el nuevo  poder del Estado (el Consejo de Participación Ciudadana) encargue a una veeduría una investigación exhaustiva de la denuncia, especialmente en dos planos: que si él como Presidente de la República había conocido, peor patrocinado, semejante favoritismo; o si se había causado algún perjuicio al Estado, mediante estos contratos.

Hay que recordar que este episodio dio lugar a que aparezca en el escenario de la política doméstica ecuatoriana, este hermano Fabricio, con ínfulas de padrino del  presidente, de su hacedor y de su consejero de confianza. Al parecer, la denuncia se cerró con la versión de que el presidente ni había prohijado ni recomendado a su hermano ni este había perjudicado en las obras contratadas al Estado, de ninguna manera.

La oposición, sin embargo, le tenía reservada al Presidente Correa una sorpresa; una sorpresa que apareció justo cuando propuso una consulta popular y un referéndum, a la Corte Constitucional, que es el organismo que debe calificar, según la nueva Constitución, este tipo de recursos constitucionales. Un señor Pablo Chambers, a nombre de la veeduría pedida por el presidente, sacaba a la luz un informe mediante el cual aseguraba que el monto de los contratos dados a Fabricio Correa ascendía a 700 millones de dólares (casi 10 veces la cifra inicial) y, sobre todo, que el presidente sí conocía de estos contratos.

Poco importa que los medios sipianos insistan e insistan en esta nueva versión sobre este caso, sin tomar en cuenta o desestimar, en textos escondidos o disimulados, que nunca la veeduría en pleno conoció de este informe o lo aprobó; y que el propio Consejo de Participación Ciudadana tampoco lo hizo; y que el informador, solo por un supuesto, afirma que Correa si conocía de los contratos de su hermano, como quien dice que destapaba una olla maloliente que por poco se guardaba para siempre.

Por supuesto, para el objetivo sipiano, el objetivo está logrado y de nada vale que el presidente haya desafiado al veedor a que le demuestre en qué se basa para afirmar que si conocía de este tinglado; o que  el señor Chambers se haya tomado el nombre de una Comisión que nunca conoció —peor aprobó— el manipulado informe, o que este señor haya sido un hombre de confianza del gobierno de Lucio Gutiérrez (uno de los opositores más beligerantes de Rafael Correa).

Ya el mal está hecho; la versión ha sido recogida, analizada y difundida, por doquier; y, seguramente en el ánimo de mucha gente, ha vuelto a calar aquello de que el  gobierno de Correa está manchado de corrupción y de que no se diferencia de los anteriores regímenes.

Desde luego, es muy posible que en este gobierno haya una secuela de aquello que fue norma en los gobiernos neoliberales; es decir, que los pelucones en el poder se dieron modos para el enriquecimiento ilícito; enriquecimiento que, en los pocos casos en que fueron denunciados (especialmente por ser demasiado evidentes o por la torpeza de los actores) quedaron en escándalos; y los que no (caso de los Isaias de Filanbanco o de Alberto Dahik y otros) “alcanzaron” a ponerse a buen recaudo, huyendo del país, especialmente a Miami, que al parecer es el paraíso de los desfalcadores y ladrones del mundo; pero de alta alcurnia y prosapia.

Yo pienso que se haría un gran favor, a este gobierno de la revolución ciudadana, que tanto cuida su ética y moralidad, si las acusaciones de corrupción se dieran con todos los agravantes del caso y con los nombres y circunstancias de sus beneficiarios.  Porque, de lo contrario, todo queda en generalidades; y, las generalidades hieren mucho más a aquellos que no están inmersos en el delito que a los propios incursos, que se ríen de la denuncia.

Esto me recuerda también que, hace años, alguien que estuvo muy cerca del ya fallecido Presidente Carlos Julio Arosemena (1961-1963) contaba en televisión que le habían acusado de alguna “indelicadeza” pero con el ánimo de calumniarle. Y, muy suelto de huesos, el aludido remataba: “Y como de la calumnia algo queda, a mi me quedó una finquita (una propiedad) aquí, cerca de Quito”.

Estoy seguro que contra el Gobierno de Rafael Correa, la SIP-CIA, el Grupo de Diarios de América (GDA) la NED, el Coro, y tantos otros membretes que han aparecido en los últimos tiempos, una vez que ha quedado descartada la posibilidad de vencerlo en elecciones libres y democráticas y que tampoco les dio resultado el golpe del 30 de septiembre/2010, pues hay que aplicarle la fórmula del “desprestigio” el descrédito, la desconfianza. Que a lo mejor, a corto o mediano plazos, da mejores resultados.

Al fin y al cabo, no hay derecho para que del 30-S solo hayan sido llevados a la picota (enjuiciados y detenidos) solo los pobres policías. ¿Y los demás?

* Periodista.