Ecuador: la «democracia» pelucona juega a la manipulación

Alberto Maldonado S.*

Sin sonrojarse, el editorialista del diario El Comercio de Quito (el principal diario sipiano del país) exclamó en su editorial de fondo (edición del jueves 19 de enero/2011) que la consulta popular propuesta por el Presidente de la República (Rafael Correa Delgado) posterga “lo fundamental: la inseguridad social” e insinúa que el presidente trata de “concentrar el poder del Ejecutivo” y de postergar las reformas judiciales.

La oposición a la “revolución ciudadana”, al mismo tiempo que los periódicos sipianos decían lo suyo, comenzaron también a “sonar insistentemente la alarma” ya que según ellos, la parte del referendo propuesta por el Presidente no es otra cosa que una invasión del Ejecutivo al Judicial, en especial porque propone reemplazar al ineficiente Consejo de la Judicatura, con una comisión tripartita (ejecutivo, legislativo y judicial) a fin de que este nuevo organismo, en un plazo de 18 meses (año y medio) lleve adelante una reforma integral  de esta función del estado, de la cual todo el mundo (incluidos los opositores) se quejan.

Dice Noam Chomsky (académico y político estadounidense) que una de las estrategias de la prensa sipiana (impresa, radial, televisada) es tratar a sus públicos como si fueran criaturas de 8 años o menos. ¿El propósito?:llegar a sus perceptores con facilidad, de manera que, mediante un lenguaje, unos signos y unas actitudes poco menos que para “retrasados mentales”  convencer a sus públicos que lo que dicen, muestran y aseveran, es la única verdad en la que hay que creer.

En este sentido, el principal editorial de El Comercio repite lo que se dice y se asegura sin descanso: que para combatir la inseguridad social “solo hay que endurecer las leyes penales”; y que el único culpable de que haya llegado a los extremos actuales, la delincuencia, organizada o no, es el gobierno tal y cual. Argumentan que la disposición constitucional de que si a un detenido, por cualquier delito,  no le dictan sentencia, en un año calendario, pues este sindicado tiene derecho a salir en libertad inmediatamente es una puerta de salida de la delincuencia a seguir cometiendo fechorías.

Y vaya que, durante la vigencia de esta disposición legal (que fue dictada hace años, porque era clamoroso el caso de detenidos que estaban en la cárcel no solo meses sino años, aunque podía tratarse de inocentes) los abogados defensores, los fiscales y los jueces, mediante dilatorias y argucias, permitieron que sindicados de delitos mayores o menores, salgan, por miles, de la cárcel; y se burlen así de la justicia y de la sana razón.

En otras palabras; el remedio fue peor que la enfermedad. Por defender un derecho ciudadano (el de la libertad, mientras no haya sentencia en firme) se vulneró otro derecho aún más sensible: el de que las víctimas o la familia de las víctimas o la sociedad en su conjunto, vean salir en libertad a los acusados de un asesinato, un asalto, una violación, etc.

Sin duda, la inseguridad social que se vive en estos tiempos se ha incrementado y “se ha perfeccionado” en la medida en que ha aumentado proporcionalmente la desocupación, la insalubridad,  los sueldos de hambre, las inequidades, la pobreza cuando no la miseria,  la corrupción. Y nadie duda que en esta materia (de la corrupción) los sectores judiciales baten todos los records, al punto que todos dudan de todos; aunque si se les pregunta que, si alguna vez han cogido alguna coima o se han prestado para alguna corruptela, todos dirán que nunca y que son honrados a carta cabal. Pregunten ustedes a los detenidos de un centro de detención si son inocentes o víctimas; y todos, dirán que si, que están ahí porque el fiscal hijo de tal no creyó en su inocencia o porque no tuvieron plata para pagar al juez y/o al amanuense.

¿Entonces? Hace rato largo también que desde distintos sectores sociales se viene exigiendo a los poderes públicos que se vaya a una reforma de fondo del poder judicial; y al decir reforma de fondo, se está comprendiendo una actualización y simplificación de las leyes vigentes de manera que ni un fiscal ni un juez puedan interpretarlas a su antojo; una suerte de auditorías imprevistas a los fiscales y jueces, una penalización mas rigurosa contra fiscales y jueces que se encuentren culpables de actos dolosos o inmorales; una legislación penal ciertamente rehabilitadora del delincuente, etc. Es decir, un cambio total del sistema y no un parche para pasar el mal momento. Y este cambio no puede ser de la noche a la mañana sino un proceso de años. Solo entonces, tendrá sentido la llamada autonomía de la función judicial.

 Para la prensa sipiana, lo único que hace falta es endurecer las penas (la pena máxima en el Ecuador es de 25 años; hasta hace poco, era de 16; y no hay acumulación de penas) y reformar la disposición constitucional de la libertad, si no hay sentencia en un año. ¿No es eso tratar a los públicos perceptores como niños de escuela? Desde luego, los sectores que así lo pregonan saben muy bien que no es así. Pero, consigna es consigna; y si pueden endosarle al gobierno una supuesta falta de acción para por lo menos “atenuar” la inseguridad ciudadana, qué mejor.

En cuanto a que el gobierno de Correa solo busca abarcar todo el poder del Estado para reinar a su antojo en el país, pues también tiene sus bemoles.

La dimensión de la “sospecha” sipiana tiene que ver con un hecho histórico cierto: que desde la revolución francesa (o liberal) no ha habido país en el mundo que observe, ciento por ciento, la famosa división de poderes. Solo señalaremos que los países de régimen parlamentario (la mayoría de los europeos) de hecho y de derecho, establecen que el poder legislativo está sobre el ejecutivo; y entre los dos, gobiernan y disponen de la función judicial. ¿No es cierto? Entonces, de qué división de poderes hablan si aquello nunca funcionó a cabalidad.

En cuanto a que se persigue una acumulación de poderes, pues francamente tampoco entiendo. Los sipianos y sus seguidores (que los hay) dicen y sostienen que el único poder democrático es el que proviene de las urnas. En ninguna parte de la doctrina se establece que, para que haya el tal balance de poderes, si un gobierno es conservador, automáticamente, la legislatura debe ser de mayoría liberal; o que conservadores y liberales deben delegar en el espíritu santo la necesidad de nombrar jueces y de regular la función judicial. ¿No es verdad que si el PSOE gana unas elecciones en España, tiene derecho a gobernar y a nombrar jueces y ver por la calidad de vida de todos los españoles así sean del PP (franquistas) o de la Izquierda Unida? (antiguo partido comunista)

Si en Venezuela, el ahora Partido Socialista Unificado, cuyo líder máximo es Hugo Chávez Frías, gana y gana elecciones democráticas y representativas, tiene derecho a gobernar Venezuela, con esa orientación, así le disguste al Tío Sam y a las hijastras, las hermanas teresas latinoamericanas. Si un líder socialcristiano o demócrata cristiano habría logrado ganar limpiamente el ejecutivo y el legislativo, ¿no es cierto que aquello se habría considerado muy democrático?

Al expresidente Rodrigo Borja Cevallos (social demócrata) se le critica porque en la primeros dos años de su gobierno (1988-1992) en que tenía mayoría parlamentaria, no impuso su programa de gobierno, en especial, la transformación integral del poder judicial  y del régimen penitenciario. ¿Y no fue un gobierno evidentemente autócrata (el de León Febreros Cordero) el que impidió a sangre y fuego que se posesione una corte jurisdiccional nombrada por el Congreso de mayoría oposicionista?

Lo que no recuerdan los ideólogos de la oposición es que la tarea de reformar a fondo el poder judicial ha estado, desde hace años, en manos del llamado Consejo de Judicatura, un organismo constitucional que hizo nada por cambiar la podrida estructura judicial. Quedó comprobado y demostrado que encargar una transformación completa de un organismo a los mismos actores de una tragedia es como pedirle peras al olmo  Simple y llanamente, eso no es posible. Solo un proceso revolucionario y un poder honesto y fuerte es capaz de cambiar a fondo lo que haya que cambiar; y a mandar a la casa o a la cárcel, a quienes “hayan hecho méritos” para ello.

Pero la reforma judicial es una tarea pendiente de los poderes públicos y privados; una exigencia nacional, no de ahora sino de ayer, de anteayer. Y si el Consejo de la Judicatura no pudo cumplir, en años,  con  esta tarea; entonces ¡quién carajo hace tal reforma! Podía sugerirse que el pueblo cristiano, siguiendo las enseñanzas de su maestro, vaya a los juzgados y a las cortes y saque a patadas a todos los judiciales, sean o no corruptos. Por suerte para ellos, al  Presidente Correa  y su movimiento Alianza País, se les ha ocurrido plantear una alternativa civilizada: que lo que no ha podido hacer el Consejo de la Judicatura lo haga, en 18 meses, una comisión tripartita (un delegado del ejecutivo, otro del legislativo y un tercero del propio judicial); y sea esta comisión la que inicie la añorada y motivada reforma, como un proceso que ya no admite postergaciones y que puede durar mucho tiempo.

 En un estado de derecho, o de izquierdo, si un organismo no cumple con sus funciones esenciales y acusa un avanzado estado de postración y .de parálisis, lo lógico e impositivo es que hay que buscar alternativas para que pueda darse esta transformación judicial. Y si esta posibilidad es sometida al pronunciamiento ciudadano, mediante una consulta popular-referéndum, lo elemental es que se espere ese pronunciamiento. Lo contrario es totalmente antidemocrático ¿o no?

¿Por qué la oposición sipiana y sus ideólogos se adelantan al pronunciamiento ciudadano y acusan al presidente Correa de afanes “autocráticos, antidemocráticos” si aún los y las ciudadanas no se pronuncian? ¿No es antidemocrático y hasta insolente anticiparse a ese criterio? Ya que es sabido en el mundo entero que el único soberano es el ciudadano y las ciudadanas; y que de su voluntad depende el que una disposición legal o constitucional sea ratificada, reformada o anulada.

Yo dudo que los sipianos opositores ignoren este y otros principios universales. Lo que si dudo es que ahora, que hemos caminado una década del siglo 21, los públicos perceptores de la gran prensa (impresa, radial y televisiva) les crean y voten nulo o por los nos respectivos. Es que, según lo dijo hace siglos el filósofo de esquina: se puede engañar a un pueblo, una vez; se puede engañarlo diez, cien veces; pero nunca toda la vida.

* Periodista.