Ecuador: la reforma judical, una tarea pendiente

Alberto Maldonado S.*

Sin exageraciones: creo que en el Ecuador no hay una familia que no tenga una queja, una denuncia, algún pero a eso que los juristas llaman “función jurisdiccional” o que en lenguaje más comprensible, hasta no hace mucho, se hablaba del “poder judicial” como uno de los tres poderes del Estado, total y completamente autónomo, absoluto.

En la ya vieja teoría liberal del Estado, supuestamente, debía existir esta separación de poderes a fin de evitar al máximo que uno (especialmente el ejecutivo) ejerza “presiones indebidas” en los otros; o que uno (especialmente el judicial) deje de cumplir con sus deberes. Inclusive, desde la escuela, se pontificaba que la justicia era como una gran señora vendada los ojos, medio desnuda, que en una mano sostenía una balanza y en la otra la ley.

Pero, ¿alguna vez en algún país se ha aplicado este principio? Es probable que si; pero a medias. Por ejemplo, en Francia, después de la revolución francesa (como no podía ser de otra manera) se pretendía que eso era factible. Pero, a nivel mundial, no dejó de denunciarse casos ciertamente dramáticos, como el de Alfred Dreyfus en la propia Francia…

Estados Unidos ha pretendido hacernos creer que esa justicia ha sido siempre uno de los pilares que le ha permitido administrar una “justicia justa” y hasta se ha ensalzado su operatividad. Pero, ¿acaso los migrantes italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzzeti no fueron sentenciados a muerte solo por ser “peligrosos anarquistas” a pesar de que se demostró en el juicio que tuvieron nada que ver con el crimen del que les acusaron? Tanto, como que muchos años después (1967) la justicia norteamericana tuvo que reconocer “su error” y pedir el correspondiente perdón.

¿No es la misma justicia de ese país norteamericano la que mantiene en prisión, ya más de 10 años y con sentencias de cadena perpetua, a cinco cubanos por haber cometido el crimen de informar a su país (Cuba) respecto de los planes terroristas de la mafia cubano-americana de Miami?   ¿No es la misma justicia la que ha sentenciado a muerte a sospechosos de crímenes que, de acuerdo a modernas pruebas de ADN, eran inocentes de toda inocencia?

Desde luego, no es mi propósito insistir en estos y muchos más casos clamorosos de injusticia imperial; pero, pregunto: ¿no son esos hechos demostrativos de que jamás la justicia ha estado (o podía estar) por fuera del sistema económico, político y social imperante?

Pongamos el caso contrario: el juez español Garzón  está bajo sospecha de haber prevaricado por haber pretendido investigar los crímenes que cometió el franquismo durante 40 años. ¿No son estos síntomas claros de que la justicia no solo que es dependiente de la política prevaleciente en cada país, sino que, a través de los medios masivos de la desinformación, pretende imponer además normas de conducta a toda una región, al mundo?.

El prontuario judicial en Ecuador

Estas consideraciones solo para fundamentar que lo que está ocurriendo, desde siempre en mi país, en cuanto a la justicia, no es ni su exclusividad ni está desarticulado del sistema imperante. Es el resultado de un largo proceso que viene desde hace dos siglos y que hoy ha llegado a tal grado de corrupción y dependencia, que ya nadie cree en la justicia; ni si quiera sus propios actores, toda esa corte de jueces, fiscales, secretarios, amanuenses, conserjes, testigos, peritos, ministros jueces y más “servidores judiciales”.

Digo esto porque, a más de uno, en esas reuniones de amigos y amigas, les he escuchado contar, como grandes o pequeñas hazañas, cómo torcieron un juicio u olvidaron un trámite importante o desestimaron una acción, para favorecer a tal o cual actor. Por algo he escuchado que la función judicial en el Ecuador es “una cloaca pestilente”.

Recojo el criterio de un viejo abogado (no doy el nombre, vaya a ser que le enjuicien) que ha dejado de ejercer su profesión, no porque ya esté viejo e inútil, sino porque “en estos tiempos, ya no se litiga en derecho; ya es inútil discutir en doctrina o señalar hechos que han sentado jurisprudencia. Ahora, manda el que más paga o gana el juicio el que más aceite riega”.

El abogado agregaba: “El poder judicial en el Ecuador es de tal naturaleza  poderoso que no ha sido tocado en un siglo a pesar de que todo el mundo está consciente que debería ser parte importantísima de cualquier reforma o cambio. Pero la revolución ciudadana, hasta la fecha, ni siquiera ha intentado acometer este deber”

Como la gripe AH1N1 (o “gripe porcina”, nadie sabe en qué consiste pero muchos dicen haberla padecido) no necesariamente uno tiene que ser abogado para tener una idea de lo que es la función judicial y de la necesidad urgente de un cambio profundo en ese sector; un sector además muy importante en cualquier sociedad.

Hablando entre profanos (ya que los letrados se niegan a puntualizar vicios y probables soluciones) se puede ensayar una especie de prontuario de la justicia ecuatoriana:

– Leyes obsoletas, anticuadas, algunas de las cuales datan de fines del siglo XIX o comienzos del XX.

– Reformas y contrarreformas que “magistrados y políticos” a lo largo de los decenios han aprobado, unas veces para reparar alguna barbaridad jurídica; otras, (la mayor parte) para llevar el agua al molino de cada quien.

– Contradicciones al granel en todos los cuerpos legales, reglamentarios, normativos, de suerte que el fiscal o el juez o el ministro juez siempre encuentran el artículo o el inciso que le permite “dictar sentencia” (es decir justicia) en tal o cual sentido. Muchas veces, esa sentencia es exactamente lo contrario de la que el mismo juez dictó la semana anterior.

– El cuento de que los trámites judiciales son gratuitos. Desde que uno entra a un juzgado, a una sala, del conserje al juez tienen en los ojos el signo dólares; y al pobre usuario, desde que entra, le ven con cara “verdosa”. Por supuesto, si alguien pretende una investigación con miras a acciones anticorrupción, todos son honrados a carta cabal y si alguien les “ofende con alguna insinuación perversa”, los “agraviados” le amenazan con los siete infiernos.

– El fenómeno de la movilidad o inmovilidad de los juicios. Nadie explica, por ejemplo, cómo es que juicios que recién se inician tienen tal celeridad que salen en corto tiempo mientras el juez, el secretario, el fiscal, aducen que no pueden despachar los juicios acumulados durante años. Uno de esos sociólogos de ocasión, explica el fenómeno mediante esta inobjetable argumentación: “lo mismo que con las prostitutas, hay que pagar para que  los juicios se muevan en nuestros juzgados”.

Con la misma óptica del empirismo parroquial, puedo señalar unas cuantas acciones que se pueden implementar a fin de “ir mejorando” esta función. Desde luego, hay quienes —con clara tendencia nazi uribista— dicen que todo debería comenzar con el fusilamiento ipso facto de todo elemento judicial. Una idea que, desde luego, nosotros rechazamos de plano y la condenamos. Por ello, vayan estas sugerencias, que a lo mejor merecen el calificativo de ingenuidades cuando no de torpezas jurídicas:

– Una revisión y actualización de todos los cuerpos en vigencia, de manera que sean claros, precisos, concretos y sin contradicciones. ¿Es posible aquello entre abogados? Si se dice que dos abogados tienen tres criterios, sobre un mismo tema.

– Un estricto cumplimiento de los plazos previstos en las  propias leyes, especialmente las de procedimiento. Los abogados litigantes dicen que eso es como querer que las damas sean puntuales o lleguen a tiempo a una reunión social. Pero si se establecen sanciones (pecuniarias y penales, según sean los casos) a lo mejor se logra cierta disciplina al respecto.

– Una suerte de auditorías judiciales al azar, hechas sin previo aviso por un organismo de control y superior. De esta manera, se detectarían muchas de las triquiñuelas que son muy comunes en los juzgados del país. Y sanciones para sus responsables (los secretarios, los fiscales,, los jueces, los peritos, etc.). Las sanciones no solo deben ser la separación o cambio del responsable sino la posibilidad de que pague los perjuicios que pueda haber ocasionado.

– Cierta movilidad administrativa en los distintos niveles judiciales. Un juez de tránsito debería pasar por distintos juzgados de tránsito, en una especie de rotación de funciones. Un fiscal de “misceláneos” a otras fiscalías afines; un secretario y hasta los amanuenses, que igualmente roten. Esto evitaría que el elemento judicial considere “suyo” un juzgado o una función; y también desarticularía cualquier “entendimiento” que ya se haya dado con a, b, c empleados o funcionarios judiciales.

– Una disposición legal que permita que un buen porcentaje de “amanuenses, peritos” provenga de egresados y recién graduados, en escuelas y facultades universitarias de Derecho. Estos administrativos, en ningún caso, podrían estar más de dos años en una misma judicatura y hasta podrían aportar con datos y observaciones que puedan percibir en su corto paso por la judicatura.

– La exoneración de culpas y sanciones para los “coimadores” que confiesen o destapen, con pruebas irrefutables o por lo menos indicios ciertos, de que tales o cuales funcionarios judiciales fueron coimados o procedieron con falta de ética y moral.

– La elección, mediante papeletas, de los magistrados de la hoy llamada Corte Nacional de Justicia, el fiscal general y el organismo de control a crearse. Habría que suprimir el hoy llamado Consejo de la Judicatura por su inoperancia y por su evidente actitud de “espíritu de cuerpo” para con subalternos.

De conformidad con la llamada técnica jurídica —o el sentido común (que es el menos común de los sentidos)— es seguro que habrá otras ideas más pertinentes que las enunciadas. Pero, lo que se impone en el país es que la nueva Asamblea Nacional (que reemplazó al antiguo y desprestigiado congreso) tome el asunto en su verdadera dimensión y comience un proceso de remodelación y saneamiento de esta función del Estado que ha permanecido incólume durante tanto tiempo, que nunca le ha rendido cuentas a nadie y que a ojos vistos está que derrama excrementos por todo lado.

Basta ya de que se pretenda presentar como “reformas” esos cambios —evidentemente políticos y circunstanciales— que cada cierto tiempo se presentan en el país. Eso no sirve sino para el escándalo político y para que los casos grandes queden en la impunidad.

* Periodista.