Ecuador: Medir los riesgos de un acuerdo de libre comercio con la UE

Fander Falconí* y Julio Oleas**
Un acuerdo de libre comercio entre Ecuador y la Unión Europea (UE) sería letal para la estrategia de desarrollo endógena y para una inserción inteligente en el sistema internacional, perseguida por el gobierno ecuatoriano. La Constitución ecuatoriana y los documentos programáticos enfatizan la opción de un desarrollo propio.

El TLC con la UE (que no otra cosa es el llamado acuerdo “multipartes”) implicaría un cambio radical de estrategia que dejaría al Ecuador a merced de las transnacionales europeas y de los especuladores globales.

Desde hace pocos días, el Ecuador sufre una abrumadora presión mediática dirigida por las grandes cámaras de la producción y comercio, secundadas por varios medios de comunicación que actúan como caja de resonancia. El objetivo es convencernos de que no existe política comercial y que un TLC con Europa solucionaría el déficit de la cuenta corriente y atraería la inversión extranjera directa (IED). Cualquier persona con una pizca de intuición se dará cuenta de que si se liberan las aduanas de dos espacios económicos el ganador será el de mayor productividad, o sea, el déficit de cuenta corriente se agravará, poniendo en peligro la dolarización. Y más IED no es garantía de más desarrollo, más todavía si el objetivo son economías de enclave como la minería o actividades monopolísticas que irían a parar al control extranjero.

Los sectores que presionan por el TLC con la UE omiten que los TLC son mucho más que tratados de comercio, pues implican sumisiones geopolíticas y disciplinas sociales que sólo competen a cada país de manera soberana, no a una potencia extranjera y menos a un orden internacional moldeado por los intereses de las empresas transnacionales. Olvidan que la IED, bajo las condiciones que quieren imponer los europeos, es uno de los mecanismos del desarrollo dependientes que permite que "recirculen" los excedentes de capital del centro de los países ricos bajo condiciones privilegiadas.

Enfrentar la agresión que constituyen los TLC es una tarea constante de la práctica política. Lo fue antes de 2007 y lo es ahora, porque esos grupos de poder quieren hacer un by pass a la Constitución de la República aprobada por amplia mayoría ciudadana en 2008. Son los mismos grupos que ya intentaron imponer, sin beneficio de inventario, el TLC con EEUU. Esa negociación se inició en el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), fue un proceso carente de legitimidad, conducido de forma vertical por un puñado de sectores empresariales que saldrían favorecidos.

México es un espejo de las consecuencias de los TLC. Una vez suscrito el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), con EEUU y Canadá, su agricultura campesina se deterioró de tal manera que hoy debe importar maíz de EEUU. México, la cuna ancestral del maíz, tiene que importar el grano para satisfacer su consumo interno.

En 2008, la Unión Europea (UE), propuso a la Comunidad Andina (CAN) un Acuerdo de Asociación, con los pilares de diálogo político, cooperación para el desarrollo y comercial. En Bruselas se definió la arquitectura que tendría el acuerdo: la negociación comercial debía conducirse en el marco de la OMC, con el objetivo de alcanzar un acuerdo “OMC-plus,” pero con la suficiente flexibilidad para no adquirir compromisos -o adquirirlos de forma limitada- en algunos campos. Dicho de otra forma, un esquema casi idéntico al fracasado TLC con EEUU, salvo por los pilares político y de desarrollo. Pero con una diferencia fundamental para el caso ecuatoriano: mientras que EEUU importa –con o sin TLC– más del 50% del petróleo exportado por Ecuador, la UE no tiene ningún interés en el pesado petróleo ecuatoriano.

La negociación entre la UE y la CAN empezó como un encuentro entre dos bloques en busca de un acuerdo de asociación (comercial, política y de cooperación para el desarrollo). Bolivia la abandonó por considerar que el componente comercial no era más que un típicoTLC que debilitaría su opción por un desarrollo propio.

Ante la fractura de la CAN, en diciembre de 2008, la UE sugirió modificar la modalidad de negociación: si los cuatro países andinos lo decidieren, bloque a bloque el diálogo político y la cooperación; y, de forma bilateral, con los países que lo desearan, la negociación comercial. Esta forma de negociación se etiquetó como un “acuerdo multipartes”, es decir un convenio bilateral entre la UE y tres países andinos (Perú, Ecuador y Colombia). Una suerte de negociación bilateral a tres bandas que restó fuerza a las ya debilitadas posiciones andinas, pues se limitó a lo comercial y se olvidó los temas políticos y de cooperación.

Ecuador suspendió la negociación del multipartes el 17 de julio de 2009, debido a su escaso avance, para presionar por la solución del diferendo del banano 2 y, sobre todo, como respuesta a la necesidad de redefinir el campo de negociación, con el afán de conseguir un acuerdo de comercio favorable para la mayoría de productores nacionales, no para unos pocos exportadores y menos aún para las transnacionales europeas.

La interpelación a las normas tradicionales de la negociación desigual asumió formas concretas, como la suspensión de la participación ecuatoriana en el multipartes, mientras la UE no acate los fallos a favor del Ecuador en la OMC, a propósito del aberrante arancel cobrado por las comunidades europeas al banano producido en la zona latinoamericana. También se planteó la necesidad de negociar un verdadero acuerdo de asociación, con sus componentes de diálogo político y cooperación, a los que debía añadirse una negociación específica sobre movilidad humana y migración, y no solo un TLC.

Una vez que con el liderazgo ecuatoriano los productores latinoamericanos de banano –incluido Panamá– pudieron presentar un frente unificado, la UE se vio urgida a acatar el fallo de la OMC. En esta ocasión, como en muy pocas, un país latinoamericano cuestionó con éxito la doble moral de un mundo industrializado que, por un lado, pregona el libre comercio extendiendo su dominio por el mundo a base de trampas como el acuerdo multipartes, mientras por otro mantiene por décadas mecanismos aberrantes de discriminación comercial (como aranceles por volumen y contingentes para el banano).

Esto corrobora la hipocresía de la UE frente a los postulados del libre comercio, que los usa para mantener la condición primaria exportadora de países que hace 200 años fueron sus colonias. Evidencia, además, una estrategia premeditada contra las opciones de desarrollo basada en las fuerzas internas, propuestas por Ecuador y Bolivia, países que buscan una nueva forma de inserción en la economía global.

En todo caso, y pese al innegable doble fondo de la posición europea, en enero de 2010 el gobierno ecuatoriano retomó la negociación con la UE. Esta decisión coloca una vez más en la palestra la forma de inserción del país en el sistema internacional. Los riesgos concretos del TLC con la UE son evidentes al menos en tres campos:

    *Propiedad intelectual y soberanía alimentaria: son necesarios los detalles técnicos de los productos comprometidos y sus cadenas, y garantías mínimas para no comprometer la soberanía alimentaria.
    *Compras públicas: es necesario establecer umbrales razonables para proteger a las pymes y a las unidades productivas de la economía popular y solidaria.
    *Servicios y establecimiento: Ecuador no puede pignorar su derecho a administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos; la inversión nacional tiene prioridad sobre la extranjera, que tiene un rol complementario, no afecta el trato nacional a esta última.

En la medida en que los TLC se concibieron para fortalecer el juego de mercados globalizados, es fundamental contar con la aprobación de la ciudadanía, para que decida plenamente informada. Como sociedad debemos estar atentos a esta negociación y a sus potenciales secuelas. Y para ello se requieren estudios de impacto y modelos de simulación que permitan anticipar si realmente se mejorará el déficit comercial.

Frente a la “arrinconada” a la que nos pretenden llevar los grupos de poder insistiendo en la firma de un TLC con la UE, la respuesta debe ser diversificar los productos y el destino de las exportaciones, pues la canasta actual demuestra por todos lados su vulnerabilidad y su debilidad para promover una inserción inteligente del país en el contexto internacional. Extraña visión de futuro la de los grupos de poder: atar una canasta de productos primarios a una región debilitada y en crisis, ávida por expandir su producción, restando espacios de mercado a norteamericanos, chinos, asiáticos y latinoamericanos.

1 Se refiere a la demanda presentada por el Ecuador ante la OMC, por el alto arancel que debía pagar la fruta latinoamericana para ingresar en el mercado común europeo. El litigio, como se detalla más adelante, se resolvió 5 meses más tarde.

*Ex Ministro de Relaciones Exteriores Comercio e Integración entre diciembre de 2008 y enero de 2010.** Ex Viceministro de Comercio. de Ecuador