Oct 1 2010
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OpiniónPolítica

Ecuador: otro golpe con olor a pelucones y petróleo

Aram Aharonian*

Hay quienes prefieren ver que es un intento de golpe para saldar cuentas internas pendientes; otros señalan que es otro capítulo del diseño estratégico para la región, con el financiamiento de las empresas petroleras y el silencioso –por ahora- apoyo de Estados Unidos. O sea, nuevamente, un golpe con olor a petróleo.

Mientras en el Golfo de México casi cinco millones de barriles de crudo salieron a la superficie de forma incontrolada, en el mayor derrame de petróleo de la historia, en Ecuador, el pasado 2 de agosto se firmó un fideicomiso entre el gobierno ecuatoriano y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD para dejar bajo tierra –sin posibilidad de escapes, de contaminación, de esclavizajes empresariales, sin oleoductos fragmentando territorios, sin chimeneas apuntando al corazón, etcétera– 850 millones de barriles de petróleo, recordaba hace Duch Guillot.

Ecuador renuncia a su petróleo si por parte de la comunidad internacional se contribuye con la mitad del valor monetario que supondría la extracción (3 mil 500 millones de dólares en 10 años) a modo de compensación por los ahorros en los costes ecológicos (globales) que tendríamos derivados de la quema de todo ese crudo (sólo en anhídrido carbónico el planeta se ahorra 410 millones de toneladas). Ese monto se justificaría también como "primer pago" para saldar la deuda ecológica que el norte rico tiene sobre países explotados ambientalmente como Ecuador, donde aún  grandes corporaciones se enriquecen con la exportación de langostinos a toda Europa, a costa de destruir muchas hectáreas de manglares.

Rivera Westerberg señala que los hechos conocidos —la cáscara de la podrida fruta que cayó en Ecuador hoy del árbol golpista esmeradamente sembrado en el continente— indican que son pocos los policías sublevados, que proceden, no obstante, con un plan perfectamente trazado y que muestra a muchos en las calles.

Los factores con más responsabilidad en este intento de golpe son la marina, vinculada al petróleo y con un gran financiamiento externo, y los sectores del ex presidente Lucio Gutiérrez, cuyos seguidores devinieron en bandas parapoliciales, encargadas de acallar las voces de los medios independientes y estatales. La policía nacional, de gran tamaño en Ecuador, está apareciendo como ejecutora directa y serán los que pagarán el pato.

El presidente Rafael Correa fue operado por tercera ocasión en el hospital del Seguro Social Ecuatoriano y por ello se encontraba imposibilitado de movilizarse por sus propios medios. Pero fue lo suficientemente temerario como para presentarse en el cuartel policial (el Regimiento Quito No 1) en donde había comenzado, a las ocho de la mañana, el amotinamiento policial, alentados por los medios masivos de comunicación comerciales (lo que el Presidente llama la peluconería mediática),que son financiados por las mismas transnacionales que han cometido genocidios para sumar ganancias.

En más de una ocasión, Correa ha denunciado que estos sectores golpistas tratan de salir de él por cualquier vía, incluido el asesinato, que, en poco tiempo, ha sido capaz de conducir seis procesos electorales y de ganarlos todos.

 La actitud policial fue respaldada en algunas ciudades del país (Cuenca, Guayaquil, Manabí). El esquema conspirativo quedó en claro cuando supuestas “fuerzas populares” (maestros, burócratas y estudiantes universitarios de derecha), alentados por el expresidente Lucio Gutiérrez,  comenzaron a salir a las calles demandando la sustitución de Correa por una “Junta Militar-Civil” a designarse.

que hasta hace poco estaban con la “revolución ciudadana” pero que torcieron a la derecha cuando el gobierno trató de rescatar el magisterio nacional, las universidades, hasta hace un par de años en manos de este grupo que se identifica como “marxista leninista”.

A ellos hay que agregar la dirigencia del movimiento indígena Pachakutic, alineado hoy en la derecha; y los sectores de la vieja política y de universitarios de la academia privada, a quienes la revolución ciudadana trata de obligarles a que, por lo menos, se orienten en el camino del desarrollo económico y social del país, y no como fuente de recursos económicos.

Pero no pierden la oportunidad de manifestarse  contra el modelo extractivista y la implantación de la minería a gran escala; la privatización y concentración del agua, la expiación de la frontera petrolera. “Demandamos del gobierno nacional a deponer toda actitud de concesiones a la derecha”, señala la CONAIE, que exige al gobierno que abandone “su actitud autoritaria contra los sectores populares, a no criminalizar la protesta social y la persecución a los dirigentes; ese tipo de políticas lo único que provoca es abrir espacios a la Derecha y crea escenarios de desestabilización”.

La mejor forma de defender la democracia es impulsar una verdadera revolución que resuelva las cuestiones más urgentes y estructurales en beneficio de las mayorías. En este camino la construcción efectiva de la plurinacionalidad y el inmediato inicio de un proceso de revolución agraria y desprivatización del agua.
 
EEUU, los militares, los policías

El Ministro de Defensa, Javier Ponce, un hombre de la izquierda, ha sido muy importante en la contención de los militares, pero a pesar de haberse reunido hace poco con el jefe del Pentágono Robert Gates, Washington sabe bien que ni Correa ni él dejarán pasar un diseño estratégico de la región, programado en Washington. Y como antecedente tiene el fin de la concesión de la Base estadounidense en Manta.

El sublevamiento de elementos golpistas confirma un informe alarmante sobre la infiltración de la policía ecuatoriana por los servicios de inteligencia norteamericanos difundido a fines de 2008 por Ponce, en el cual se precisaba que unidades de la Policía "mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones".

Jean-Guy Allard señala que Ponce, reveló cómo diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la policía y también a oficiales de la Fuerzas Armadas. "Nosotros trabajamos con el gobierno de Ecuador, con los militares, con la Policía, para fines muy importantes para la seguridad", declaró la embajadora estadounidense en Quito, Heather Hodges.

Sin embargo, la diplomática dijo a periodistas que no haría comentarios "sobre temas de inteligencia", en clara referencia a la participación de la CIA en una operación con Colombia que derivó en el ataque militar colombiano contra la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano del 1 de marzo de aquel año.

 

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