EEUU en la ruta de Orwell

Como consecuencia del 11/9, a principios de 2002 la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP, en inglés), decidió organizar -con ayuda del departamento [ministerio] de Justicia- una reunión para debatir un solo tema: «Compartir inteligencia criminal: Superar barreras para optimizar la seguridad doméstica». El cónclave reunió a un selecto grupo de 100 «expertos en inteligencia criminal» y personajes importantes de las cúpulas locales y estadales del sector, más representantes de las agencias federales -incluyendo militares- para formular lo qué llegó a conocerse como el «Plan compartido de inteligencia criminal nacional» (National Criminal Intelligence Sharing Plan, NCISP).

El informe de la cumbre de la IACP llamó a crear un Consejo coordinador de inteligencia criminal (CICC) y un Grupo de trabajo en inteligencia Global comenzó a operar a fines de 2002 como la primera encarnación del CICC, bajo el paraguas del departamento de Justicia en manos de John Ashcroft.

Aunque la convocatoria invocó el terror del 11/ 9, según sus documentos relacionados, el NCISP no efectuó ningún debate acerca de cómo pudo haber prevenirdo esos hechos
una mejor inteligencia compartida entre los responsables de la aplicación de la ley federales y locales/estadales. El informe de la cumbre de la IACP simplemente afirmó que «mientras el 11 de septiembre destaca la urgencia de mejorar la capacidad de las agencias encargadas de la aplicación de la ley, de compartir datos relevantes de inteligencia de terrorismo, la verdadera necesidad es compartirlo todo, no únicamente lo relacionado con terrorismo e inteligencia criminal».

La información sería compartida, sin embargo, fuera de todos los canales normales de funcionamiento de las agencias. Cada estado y sus servicios locales actuarían como socios participando en la recolección de inteligencia, en su análisis y difusión y, por último, compartiendo los resultados de la infiltración policial implementada para recoger inteligencia criminal.

Varios departamentos de policía incrementaron la vigilancia para recolectar inteligencia en actividades contra ciudadanos inocentes que ejercen su derecho constitucional de participar en protestas religiosas y sociales.

La policía de Denver -estado de Colorado-, por ejemplo, recogió datos de inteligencia criminal entre los ciudadanos estadounidenses que participaron en «reuniones políticas, religiosas y sociales». Su departamento de inteligencia dirigió la infiltración y el espionaje hacia el interior de grupos como American Friends Service Committee (Comité de servicios de amigos americanos), Citizens for Peace in Space (Ciudadanos por la paz en el espacio) y Pikes Peak Justice and Peace Commission (Comisión para mayor paz y justicia). Los prontuarios de los participantes en estas actividades fueron archivados y compartidos entre los agentes secretos de la policía de Denver y las agencias nacionales. La Unión americana de las libertades civiles (ACLU) inició un juicio contra la alcaldía de Denver, cuya policía admitió tener fichas o prontuarios de 3.200 individuos y 208 organizaciones.

En Fresno, California, el grupo local pro paz y justicia descubrió que había sido infiltrado internamente por un agente secreto y activo en el «servicio de la ley». El «sheriff» (comisario) Aaron Kilner, de Fresno, conocido en el grupo local pro paz como Aaron Stokes, participó en varias reuniones por la paz y en vigilias pacifistas. La Organización Paz Fresno descubrió la infiltración cuando un obituario local divulgó la muerte del oficial Kilner en un accidente de motocicleta. En la reseña necrológica, se informó que el oficial Kilner trabajaba en el Equipo unidos contra el terrorismo (Joint Terrorism Task Force).

El mismo día en que fue capturado Saddam Hussein, el presidente Bush firmó la Ley de autorización de inteligencia para 2004 (Intelligence Authorization Act for 2004), que esencialmente amplía la Ley patriótica (Patriot Act) permitiendo que el gobierno solicite información personal sobre una amplia gama de ciudadanos, que va desde corredores de la bolsa, distribuidores de automóviles, empleados de compañías de tarjetas de crédito y cualquier otro negocio donde ocurran transacciones en efectivo.

Ampliando la definición de instituciones financieras, el gobierno de Bush acrecentó la 2001 USA Patriot Act. El FBI no tiene que recurrir antes a un juez, ni demostrar «causa probable». Por otra parte, un decreto -nacional- de Seguridad (Security Letter) añadió una orden-mordaza para evitar que los negocios informen a sus clientes que sus expedientes han sido entregado al FBI.

Las intenciones de la actual inteligencia que investiga esas actividades tiene muy poco que ver con una eficaz prevención de ataques terrorista y tienen mucho más que ver con la reconstrucción de las agencias locales, estadales, federales y agencias privadas para poner en marcha el acceso sin restricción a los expedientes del ciudadano común.

Actualización

La historia periodística sobre el Global Intelligence Working Group (Grupo de trabajo en inteligencia global) es mucho más importante ahora que cuando fue publicada por vez primera, porque se ha puesto en marcha gran parte de su Plan compartido de inteligencia criminal nacional, NCISP. Esto tuvo una ráfaga de atención en los grandes medios de información el 14 de mayo de 2004, con motivo de la ceremonia de firma de la ley y una rueda de prensa en el departamento de Justicia. Desafortunadamente, la cobertura fue pequeña, si es que la hubo, y el análisis de la mayoría de los artículos apenas regurgitó el comunicado de prensa de ese ministerio.

Un extracto de ese comunicado:

El secretario de Justicia (o fiscal general, Attorney General) John Ashcroft anunció hoy el lanzamiento de una iniciativa (NCISP) diseñada para ligar los esfuerzos federales, de los estados y de las agencias locales en la aplicación de la ley, de modo que puedan compartir información de inteligencia para prevenir el terrorismo y el crimen. En la ceremonia fue acompañado por Roberto Mueller, director del FBI; Deborah Daniels, asistente del Attorney General para la Oficina de programas de justicia; el general Frank Libutti, subsecretario para análisis de información y protección de la infraestructura del departamento de Seguridad de la patria (Homeland Security); el jefe Joe Polisar, presidente de la Asociación internacional de jefes de policía; Melvin Carraway, superintendente de policía del estado de Indiana y presidente del grupo de trabajo de inteligencia global; y Carl Peed, director de la Oficina de la comunidad orientada a la limpieza de servicios. El NCISP se construyó alrededor de tres ideas centrales de reforma: jerarquización de prioridades, con énfasis en la prevención; movilización de recursos, y coordinación e integración de reuniones de inteligencia.

«(NCIS) es el primero de su tipo en la nación, uniendo a las agencias que aplican la ley, cualquiera que sea su tamaño y localización geográfica, en un esfuerzo verdaderamente nacional por prevenir el terrorismo y la actividad criminal», dijo John Ashcroft. «Este grandioso esfuerzo consolidará las capacidades de la comunidad de la justicia para detectar amenazas y proteger vidas y libertades americanas, levantando la cooperación y la comunicación entre los locales, estadales y federales a un nivel sin precedentes».

La puesta en marcha anunciada en mayo por Ashcroft se diferencia de varias maneras de las iniciativas anteriores, pero no disminuyó las amenazas más significativas para las libertades ciudadanas de los estadounidenses y de los extranjeros residentes. Las protecciones a la forma republicana de gobierno y las salvaguardias inadecuadas erigidas durante los años 70 y los años 80 se han debilitado todavía más, a fondo, sin que se conozca ninguna noticia sobre la oposición de políticos o de los medios de comunicación.

La Unión americana para las libertades civiles (ACLU) hizo sonar las alarmas el año pasado cuando el departamento de Justicia propuso cambiar el 28 CFR 23, Políticas de funcionamiento de los sistemas de inteligencia criminal. Más allá de eso, sin embargo, la ACLU y otras organizaciones por las libertades ciudadanas parecen no tener conciencia de las amenazas a estas libertades que entrañan los cambios federales y estadales y los nuevos poderes de las policías locales, que ahora pueden espiar y compartir la información. Los activistas deben levantar la voz de alarma y entrar en contacto con la ACLU, el gremio nacional de abogados y otros grupos por las libertades ciudadanas.

Una versión levemente más reciente del artículo original apareció en el sitio web de Political Research Associates, en www.publiceye.org/liberty/repression/big-broth-kin.html

La Federation of American Scientists Intelligence Resource Program (Federación de científicos americanos en programas de recusos de inteligencia) ha puesto algunos documentos relevantes en su sección de noticias: www.fas.org/irp/news/index.html
Se recomiendan también sus Noticias del Secreto (Secrecy News): www.fas.org/sgp/news/secrecy/index.html

El sitio del GIWG del departamento de Justicia (http://it.ojp.gov/topic.jsp?topic_id=56) es una fuente importante de información, aunque parece que han quitado algunos archivos del sitio web.

Fuentes:

Agenda, Julio-Agosto 2003

Título: El ‘Big Brother’ se hace más grande — Espionaje doméstico y grupo operacional de inteligencia global
Autor: Michelle J. Kinnucan

Community Alliance, abril 2003

Título: La Policía infiltra agrupaciones locales

Autor: Mark Schlosberg

CovertAction [Acción Encubierta] Trimestral, fines de 2003

Título: La policía de Denver ficha a las agrupaciones por la paz

Autor: Loring Wirbel

SF Indymedia, 4 de octubre 2003

http://sfbay.indymedia.org/news/2003/10/1650550.php (primera publicación del artículo de Rhodes)

Título: Agrupación local por la paz infiltrada por agentes del gobierno
Autor: Mike Rhodes

Reimpreso: Community Alliance, noviembre 2003
www.fresnoalliance.com/home/magazine/2003/200índex.htm

North Bay Progressive, Volumen 2 # 8, octubre 2003
Título: Agrupación por la paz de Fresno infiltrada por agentes gubernamentales

Autor: Mike Rhodes

World Socialist, www.wsws.org, 1/10/04
Título: La administración Bush amplía las facultades de espionaje de la policía
Autor: Kate Randall

Evaluador de la facultad: Andrew Botterell
Estudiante investigador: Joni Wallent

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* Traducción de Ernesto Carmona.
Sobre Proyecto Censurado puede leerse: www.pieldeleopardo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=559.