EJERCER EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Un explícito llamado a los periodistas y medios de comunicación a que ejerzan el derecho de acceso a la información realizó el presidente de Pro Acceso, Juan Pablo Olmedo, en la presentación del II Barómetro de la información, la opinión de periodistas, realizado por el Centro de Investigaciones de periodismo y Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Olmedo recordó que hasta el momento ningún medio nacional ha hecho uso de las herramientas legales que la ley confiere a los ciudadanos para reclamar cuando las autoridades le niegan una información, siendo que –tal como revela el estudio presentado- las instituciones sistemáticamente ponen trabas al flujo de los documentos.

Destacó que el artículo 8º de la Constitución, incorporado dentro de las reformas, reconoce la publicidad de los actos del Estado, pero subrayó que ello no equivale a que se esté reconociendo constitucionalmente el Derecho de Acceso a la Información.

Por lo mismo, precisó que es fundamental incorporar al proyecto de ley que se tramita en el Congreso dos modificaciones. La primera de ellas se refiere a avanzar en una ley de archivos, «porque es muy difícil que un funcionario entregue información si no existe la obligación de que ésta se guarde, o no se pueda encontrar porque no está archivada correctamente».

Lo segundo es fomentar una institucionalidad autónoma y un rol activo del aparato estatal en la promoción del derecho de acceso a la información.

Finalmente, explicó que Pro Acceso ha apostado por avanzar en una estrategia de litigio en contra de los bloqueos institucionales al flujo de información. En ese contexto se enmarca la demanda de nulidad en contra del Decreto Supremo nº 26 de la Secretaría General de la Presidencia, que es el que autorizaba a los jefes de cada servicio a determinar discrecionalmente qué materias serían consideradas secretas o reservadas.

Aunque se supone que esta norma quedó tácitamente derogada con la promulgación de las reformas constitucionales, se han dictado al menos tres resoluciones de secreto y reserva inspiradas en el DS 26 con posterioridad a la entrada en vigencia de las modificaciones a la Carta Magna.

Evaluación del estudio

Pro Acceso calificó como lamentable el hecho de que los profesionales de los medios señalen a las propias instituciones como las principales responsables de dificultar el acceso la información –por su poca disposición a entregarla, según el 60% de los encuestados–. Esta situación se torna más grave en el caso del poder judicial (80% de las menciones) y de las grandes empresas privadas que prestan servicios públicos (67%), mejorando un poco en el caso de las empresas públicas (47%). Las cifras citadas demuestran que la falta de transparencia es un tema cultural muy arraigado en Chile.

La realidad reflejada en el estudio, al igual que otros informes anteriores, confirman la necesidad de contar con un organismo autónomo que vele por el acceso a la información, encargado de hacer respetar la ley y de educar a la ciudadanía y a los funcionarios para vivir en una cultura de mayor transparencia.

Dos de las dificultades identificadas con mayor frecuencia: la no respuesta a los llamados telefónicos (54,5%) y la entrega de informaciones «off the record» (53,7%), son consecuencia directa de la preferencia de caminos informales para obtener las informaciones (83%), muchas veces obligados por los tiempos periodísticos.

El uso de estas vías para obtener información puede ser muy riesgosa en el largo plazo. Al utilizar estos canales se le está entregando un poder inmenso a esas fuentes anónimas. En el fondo, esos funcionarios serán los que deciden qué debe o no saber el público, dando a conocer aquello que les interesa difundir, pero escondiendo lo que no les conviene.

Rol social del periodismo

Pro Acceso es conciente de que hacer una solicitud escrita y esperar la respuesta, trámite que por ley tarda casi una semana, es incompatible con la actividad periodística del día a día, pero perfectamente compatible con investigaciones de larga preparación y advirtió que en el mediano plazo puede ser mucho más positivo el uso de las vías formales.

Nada obliga a una autoridad, e incluso a un mando medio, a responder el llamado de un periodista. En cambio, una petición de información pública están obligados a responderla. Si no lo hacen, están infringiendo la ley y eso también puede ser un hecho noticioso.

El rol que cumplen los periodistas, en constante contacto con las fuentes públicas, les ofrece una oportunidad invaluable para promover un cambio en la forma en que se entrega información en Chile. Haciendo más solicitudes formales, los profesionales de los medios estarán ayudando a que se cree una costumbre de entrega de información en la administración pública que beneficiará directamente a los ciudadanos.

Es destacable el hecho de que los periodistas sientan que la situación en materia de acceso a la información ha mejorado en los últimos cinco años (61% de los encuestados lo cree así). Entre los mejor evaluados se encuentran el Senado y la Cámara de Diputados, el BancoEstado y el Banco Central, lo cual es consistente con los esfuerzos que han realizado estas instituciones en el último tiempo.

Sería recomendable que los organismos públicos que salieron mal evaluados que estudien detenidamente el trabajo en materia de acceso a la información realizado por estos cuatro ejemplos, instándolos a imitar sus buenas prácticas.

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* Pro Acceso es una organización ciudadana que persigue liquidar el secretismo y el ocultamiento de la información pública (www.proacceso.cl).