El asilo político que desató la discordia: Bolivia y Perú al borde del quiebre diplomático

La turbulencia entre los países presididos por Evo Morales y Alan García, surgió a raíz de un anuncio dado por Lima sobre el otorgamiento de asilo a Jorge Torres, ex ministro de Desarrollo Económico en el segundo mandato del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada.

Luego fueron Mirtha Quevedo ex ministra de Participación Popular, y actual líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Javier Torres Goitia, ex ministro de Deportes y Salud, los que lograron conseguir el status de “asilados”. En ese sentido, el canciller de Perú, José Antonio García Belaúnde declaró el martes 12 de este mes que correspondía tanto asilo como refugio, por lo que el gobierno entendió que no había razón para rechazar las solicitudes.

Este acontecimiento, que desató el enojo de las máximas autoridades bolivianas, ocurrió una semana antes de la primera sesión del juicio oral a Sánchez de Lozada y todo su gabinete ministerial por la masacre del llamado “Octubre Negro”.

En aquella protesta social ocurrida entre septiembre y octubre de 2003, en las ciudades bolivianas de El Alto y La Paz, murieron al menos 65 personas y hubo un centenar de heridos. La responsabilidad recae sobre 17 personas que hoy se encuentran procesadas.

El juicio de responsabilidades ingresó en la Corte Suprema de Justicia hace tres años aproximadamente y la Fiscalía ha recabado pruebas suficientes para sustentar la acusación por genocidio que recae sobre el ultraliberal Sánchez de Lozada y sus ministros.

Algunos de los acusados se han fugado a Estados Unidos como por ejemplo Sánchez de Lozada. Además, el país del norte al otorgar el asilo político, imposibilita la extradición solicitada, porque el refugio concedido por la administración estadounidense está por encima de cualquier solicitud de ese tipo.

En relación al asilo que Perú dio a los imputados por delitos graves, el lunes pasado el presidente Evo Morales se mostró molesto y se refirió al país presidido por Alan García como un “centro de delincuentes”, y consideró que la actitud del gobierno peruano es de “abierta provocación".

Como era lógico esperar, dicha declaración inquietó y molestó a los funcionarios peruanos que inmediatamente citaron al embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano.

Ante el pedido del gobierno de Morales de “devolver” a los culpables al país de origen, Marco Rasguido, asesor legal en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señaló que "la Convención del 51 -en su artículo 53- establece el principio de no devolución al país donde esté sufriendo persecución (el sujeto refugiado)”.

Por su parte el embajador Solano descartó por completo que en Bolivia exista persecución política, y argumentó que si bien hay diferencias ideológicas y políticas no por eso se los persigue. Y agregó que es necesario "diferenciar entre un asilo político y lo que es cobijar a una persona procesada por delitos de lesa humanidad".

A todo esto, el enojo del mandatario boliviano se evidenció cuando declaró que “el comportamiento del presidente Alan García es totalmente opuesto a las actitudes solidarias, a la defensa de la vida", y recordó que la política de asilo era aplicada para proteger derechos humanos, en cambio ahora García la usa para albergar a delincuentes.

Un dato importante a tener en cuenta es que en las últimas semanas Perú también dio asilo a un ex alcalde venezolano y prófugo de la Justicia venezolana, Manuel Rosales. Por ese motivo el embajador boliviano en Venezuela, Jorge Alvarado, manifestó su preocupación de que el país hermano se convierta en “refugio de prófugos de la Justicia de Bolivia y de Latinoamérica”.

 El canciller boliviano, David Choquehuanca, señaló que su país hará todo lo posible para que el gobierno peruano reconsidere su decisión de otorgar asilo a tres ex ministros del gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Para ello, enviará a las autoridades peruanas toda la información recabada y relacionada al proceso judicial en el cual se encuentran inmersos. Pero también harán llegar esa información al ACNUR, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales y a las misiones diplomáticas acreditas en Bolivia, porque “el mundo debe saber que se trata de una demanda de justicia y respeto a los derechos humanos”, sentenció Choquehuanca.

Por último vale decir que si bien las relaciones entre Bolivia y Perú se han ido desgastando por diferencias ideológicas, desde que Evo llegó al poder, el nivel más alto de tensión se está viviendo en este momento. Las cartas ya están en la mesa, Bolivia advirtió lo que puede suceder, por lo que si Perú no cambia de actitud y no expulsa a los acusados, no se descarta una ruptura de relaciones diplomáticas.