El comandante tuvo quien le escriba
Como organización directa y permanentemente afectada por la política represiva implementada durante la dictadura militar, no podemos dejar de manifestarle, que las opiniones por usted vertidas en los últimos días a través de los medios de comunicación, resultan no solo impropias de un Comandante en Jefe sino que agraviantes y preocupantes, para quienes creemos en el Estado de Derecho y el independiente funcionamiento de sus poderes.
Es evidente que cuando usted asumió la responsabilidad que ostenta tenía un discurso público muy diferente al actual. Nos referimos a que usted vulneró la prescindencia de opiniones con carácter político y por tanto quebrantó un deber básico de un Comandante en Jefe, cual es, callar ante temas que no son propios de su función.
Sus intervenciones respecto al tema de las violaciones a los derechos humanos, cometidas por personal de las instituciones armadas, hoy en servicio activo o en retiro, tienen la clara intención de incitar al Gobierno y los Tribunales, para que adopten medidas de impunidad y para que la sociedad se mienta a si misma con una versión errónea, distorsionada, mal intencionada y manipulada de los hechos que provocaron el Golpe de Estado y la política dictatorial.
Usted señala que no desea pasar el «sufrimiento del Ejército» a su sucesor. Extraña frase, por decir lo menos, porque si hablamos en serio y responsablemente de sufrimientos, no cabe la menor duda de que éste lo hemos vivido nosotros, quienes fuimos víctimas de un régimen de facto que vulneró sistemáticamente aquellos derechos individuales y colectivos propios de una convivencia democrática.
Si usted se refiere al «sufrimiento» de los procesados por cometer delitos de lesa humanidad, debemos reiterar que las personas -con o sin uniforme- que son capaces de torturar, asesinar, hacer desaparecer e imponer el terror a la sociedad por medio del uso del poder del Estado, sabían muy bien que sus actos son juzgables y condenables, independientemente del tiempo trascurrido o por transcurrir. No es por tanto, un buen argumento sustentar que los militares no pueden seguir desfilando por los Tribunales en razón del tiempo o el «sufrimiento». Si usted, por un segundo pudiera imaginarse el padecimiento de las víctimas cuando eran salvajemente torturadas, no podría volver a repetir tales términos, porque con ello agravia la conciencia de la humanidad y denota una parcialidad inexcusable.
Usted también dice que la institución es mirada con «ojos del pasado», pero no recuerda que esa misma institución quebrantó la democracia, bombardeó el Palacio de La Moneda, impuso el toque de queda, proscribió los partidos políticos y las organizaciones sociales, quemó vivos a dos jóvenes, degolló a tres profesionales, exilió a miles de chilenos, convirtió al país en un gran campo de concentración, mantuvo recintos clandestinos de tortura, muerte y desaparición y además tuvo la cobardía de exhumar los restos de nuestros familiares detenidos desaparecidos para hacerlos desaparecer por segunda vez, lanzándolos al mar entre otras formas de lograr tal objetivo.
Si hablamos de las responsabilidades de los civiles, también hay que ser fidedignos y claros, indicando los nombres y las actuaciones de los personeros de derecha que fueron parte sustancial de la dictadura. Hoy, algunos de ellos están en el Parlamento, lo que constituye una vergüenza; otros se mantienen bajo el amparo, protección y defensa de las instituciones armadas; otros concurren a los Tribunales para entregar declaraciones que no aportan en nada al esclarecimiento de la verdad, usando los procesos para exculparse y por lo tanto, extendiendo innecesariamente la duración de los juicios. Por tanto, si usted desea celeridad en los procesos, ordene a sus subalternos a que digan todo lo que saben ante los jueces, desarchive toda la información que sabemos ustedes poseen. En definitiva, enfrenten la justicia con el honor militar que dicen tener.
Debemos recordarle que en Chile existen oficialmente 1.197 detenidos desaparecidos. Ellos eran personas con familias, con esperanzas, con ideales, pero por sobre todo, con derecho a la vida. Hemos recuperado los restos de 182 de nuestros familiares y solo en dos causas hay condenas. Esta es la realidad que define la acción judicial como permanente hasta encontrarlos a todos y hasta que los culpables sean sancionados. Cuando decimos sancionados, nos estamos refiriendo a que un juez establezca responsabilidades y dicte condenas acordes con los delitos cometidos. No deseamos que ningún ser humano padezca lo que los nuestros tuvieron que vivir en manos de «sus valientes soldados». No, señor Cheyre, no queremos venganza, pero lucharemos hasta el último día de nuestras vidas por la verdad y la justicia. Es ahí donde radica nuestro espíritu democrático, ético y de futuro.
Usted asevera que todos somos responsables. Nosotros le preguntamos ¿De qué es responsable Carlos Patricio Fariña Oyarce, un niño de 13 años de edad, detenido por efectivos del Regimiento Yungay de San Felipe, asesinado y hecho desaparecer hasta el día en que lo encontramos con la evidencia de 13 impactos de balas de guerra? ¿De qué son responsables los hijos de nueve mujeres que estaban en el vientre de sus madres y sobre los cuales no conocemos su destino? ¿De qué es responsable el sacerdote Joan Alsina, asesinado en el Puente Bulnes por un conscripto a quien la víctima perdonó antes de recibir la ráfaga de balas?
Si la «responsabilidad» a la que usted se refiere -tan reiteradamente- nos incluye, le decimos que luchar por un país donde el crimen no sea aceptado como fórmula de resolución de conflictos; que luchar por el derecho inalienable a la vida e integridad de todas las personas; que luchar por la libertad y la democracia; que luchar contra la impunidad, es y será nuestra responsabilidad.
Por último, si su ofensiva comunicacional pretende influir en la decisión que debe adoptar la Corte Suprema, en relación al Decreto Ley de Amnistía, nos parece del todo inaceptable y repudiable. Si además pretende que el proyecto de ley presentado por el Gobierno -que busca premiar con rebajas de penas a los inculpados- contenga mayores grados de impunidad, dígalo claramente, sin eufemismos ni falaces justificaciones, aunque en estricto rigor, a usted no le corresponde seguir opinando, porque como todos sabemos las Fuerzas Armadas no pueden ni deben inmiscuirse en asuntos que son propios de los poderes del Estado y de la sociedad civil. Es más, usted debiera ser amonestado por intervenir pública e improcedentemente en asuntos jurídicos y políticos que no le son propios ni concordantes con su condición.
Santiago, 23 de septiembre 2004.
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La edificación que ilustra el documento corresponde a Villa Grimaldi, dentro de detención y tortura desde el que desaparecieron detenidos.