Nov 12 2009
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Opinión

El conflicto de clases es mundial

Vicenç Navarro.*

Uno de los argumentos más utilizados en círculos progresistas para explicar la pobreza en el mundo ha sido el que la presenta en los países mal llamados pobres como resultado de la explotación que sufren por parte de los países ricos. Las poblaciones de los primeros están siendo explotadas por las poblaciones de los segundos. En tal argumento, se considera que el mayor conflicto en el mundo es el existente hoy entre los países del Norte (ricos) y los del Sur (pobres).

Tal postura olvida, sin embargo, que tanto en los países del Norte como en los del Sur hay clases sociales que tienen intereses distintos e incluso contrapuestos. Ignorar esta realidad conduce a una interpretación errónea de la situación en el mundo. Por ejemplo, el golpe militar del general Pinochet en Chile se interpretó, en amplios sectores de la comunidad progresista internacional, como la imposición de una dictadura militar a Chile por parte de EEUU con el fin de evitar la existencia de un gobierno de izquierdas (que incluía al Partido Comunista) que podía caer en la órbita de la Unión Soviética, adversaria de EEUU.

El problema con esta explicación es que no se corresponde con lo que en realidad ocurrió en aquel país. Yo estaba en Chile durante aquella época. Tuve el enorme privilegio de asesorar al Gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, y pude ver de primera mano lo que estaba pasando en aquel país. Los que realizaron y apoyaron el golpe militar fueron, todos ellos, chilenos. La burguesía chilena, la banca chilena, los terratenientes chilenos, la patronal chilena, la Iglesia chilena, los colegios profesionales chilenos y el ejército chileno, todos ellos componentes de la clase dominante chilena. Se opusieron al gobierno de Allende porque sus reformas estaban afectando a sus intereses y privilegios.

Por otra parte, quien apoyó el golpe militar no fue Estados Unidos. Muchos pensadores progresistas olvidan con excesiva frecuencia que EEUU no es un país de 302 millones de “imperialistas”. Conozco bien EEUU (donde he vivido más de 40 años) y hay que ser conscientes de que en aquel país hay clases sociales que están en conflicto. Hay una lucha de clases (además de razas) de enorme intensidad y crueldad –la esperanza de vida de un trabajador no cualificado es menor que la de una persona de la clase media alta en Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo–. No fue EEUU, sino el gobierno de Richard Nixon, quien apoyó activamente el golpe militar, en un momento, por cierto, en el que el presidente Nixon no podía visitar barrios obreros por su enorme impopularidad –acababa de enviar el Ejército a Appalachia, la cuenca minera de EEUU, paralizada por una huelga que había afectado la distribución de la energía en todo el este del país).

Tiene que entenderse, pues, que una cosa es el gobierno de un país, y otra cosa es la población que vive en él. No puede asumirse automáticamente que el gobierno representa los intereses o los deseos de la mayoría de la población. En EEUU, el 68% de la población no cree, por ejemplo, que el congreso  o el gobierno federal represente sus intereses. Cree que representa los intereses del mundo empresarial –llamado Corporate Class (CBS, 05-06-08).

Cuando la Administración Nixon apoyó el golpe militar en Chile, la mayoría de la ciudadanía no creyó que Nixon representara sus intereses. Esta distinción entre gobierno y población, sin embargo, raramente se hace en los medios. Así, en otro momento histórico, los medios internacionales hablaron de que “España apoyaba a EEUU en su invasión a Iraq”. Esto se escribía en el mismo momento en que millones de españoles estaban en la calle manifestándose en contra de la decisión del gobierno de José María Aznar de apoyar la invasión en aquel país por parte del ejército estadounidense y a la vez que las encuestas señalaban que la mayoría de la población española se oponía a tal invasión.

Esta falta de distinción entre gobierno y deseo popular no ocurre al azar. Es parte de un proyecto de intentar legitimar los sistemas llamados democráticos, presentándolos como portavoces del sentir popular, aún cuando, en gran número de sistemas democráticos, el porcentaje de la población que ha votado al partido gobernante no es la mayoría de la población. Este es el caso de EEUU. No puede asumirse, por lo tanto, que lo que hace y decide el gobierno federal es lo que la mayoría de la ciudadanía estadounidense desea.

Ahora bien, soy consciente del argumento de que la clase trabajadora de los países ricos se beneficia de las políticas exteriores de sus gobiernos. En EEUU, por ejemplo, la gasolina es relativamente barata, y ello parecería dar la razón a aquellas voces que hablan de la complicidad de las clases populares en aquella política exterior basada en la explotación de los recursos –como el petróleo– adquiridos por medios violentos y no democráticos en otros países.

Pero tal argumento también ignora varios hechos importantes. Uno de ellos es que si a las clases populares de EEUU se les pregunta (como se ha hecho en encuestas) si preferirían desplazarse al trabajo utilizando transporte público o utilizando su propio coche, la gran mayoría prefiere lo primero sobre lo segundo. Pero el hecho de que no pueda utilizarlo es consecuencia de que la industria del automóvil, en alianza con la industria del petróleo, han destruido el transporte público, realidad claramente documentada (ver Howard Zinn, People’s History of the US). De ahí que el dominio de tales intereses económicos en el diseño de la política exterior e interior ha dañado enormemente los intereses de las clases populares, no sólo en los países del Sur, sino también en el Norte.

Lo que hemos estado viendo en los últimos 40 años es la alianza de las clases dominantes del Norte y del Sur en contra de los intereses de las clases populares del Sur y del Norte.

* Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The John Hopkins University.
La caricatura pertenece a Mikel Casal.

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