El final de la farsa: Italia procesa al criminal chileno Alfonso Podlech

PMM*

Cuando el 11 de septiembre de 1973 un eufórico Alfondo Podlech Michaud –vistiendo su uniforme de oficial del ejército chileno– llegó hasta la cárcel de Temuco para liberar a sus compinches de Patria y Libertad, jamás se hubiera imaginado que 36 años más tarde llegaría, de civil y esposado, hasta un tribunal romano para ser juzgado por los delitos de “masacre, homicidio con agravantes y secuestro con el fin de extorsión”, como se lee en los documentos judiciales.

En caso de ser declarado culpable “el Podlech” (según el frío lenguaje legal italiano), sería condenado a cadena perpetua. Arrestado el 29 de julio del año pasado en España gracias a una orden de captura internacional en el ámbito de la Operación Cóndor y luego conducido a la romana cárcel de Rebibbia, está acusado de haber firmado un documento en el que se establecía que el profesor ítalo chileno Omar Venturelli Leonelli, arrestado en 1973, había sido dejado en libertad, aunque desde la detención se perdieron sus huellas.

En la audiencia preliminar, donde el juez para las investigaciones preliminares (GIP) debía evaluar si las pruebas presentadas por el fiscal romano eran tales como para permitir el enjuiciamiento, el abogado de Podlech usó todas las artimañas legales para evitar el proceso: desde la incompetencia territorial de Italia, alegando que Venturelli no era italiano, hasta enfermedad mental, aunque el ex fiscal de Temuco se veía vigilante y astuto, a pesar de sus 74 años y del periodo pasado en la cárcel.

La jueza Romina Inciutti rechazó de plano la solicitud de la defensa que pedía arresto domiciliario, alegando que su defendido era un “pobre anciano que entendía poco y razonaba menos”, cuestión que molestó a la magistrado que advirtió el evidente cambio de estrategia: desde un Podlech alerta y muy despierto en la primera parte de la audiencia, cuando se discutía sobre la extraterritorialidad, hasta el ancianito incoherente de la segunda parte que repetía frases ya dichas e incluso se contradecía.

Tampoco le gustó a la jueza la mímica del remilgado abogado chileno de Podlech, Luis Valentín Ferrada, que indicaba con el índice en la sien la presunta locura del acusado.

Alfonso Podlech Michaud es el primer chileno juzgado en el extranjero por delitos contra los derechos humanos en un proceso que pretende enjuiciar a ciento cuarenta militares de diversos países latinoamericanos. Entre los acusados hay otros 22 chilenos –civiles y militares– considerados responsables de los asesinatos de Juan Bosco Maino Canales, Juan José Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño.

El sumario se abrió a partir de la denuncia, en 1998, de algunos familiares de desaparecidos, y como a la denuncia original se fueron agregando otras, se investigaron también muchos otros episodios. Durante estos años el fiscal Giacarlo Capaldo no solamente ha recogido centenares de testimonios de víctimas de la represión en los países latinoamericanos señalados en el sumario (Chile, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia), sino también ha estudiado el material de los diferentes procesos que se han realizado en otros países tanto latinoamericanos (Chile, Argentina, Uruguay), como europeos (Italia, Francia y España).

En numerosas entrevistas, el fiscal ha aclarado que las responsabilidades comprobadas se refieren a los militares encargados de tomar las decisiones, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, por ejemplo los responsables de los centros de detención clandestina, es decir las personas que de un modo u otro podían decidir el destino final de los prisioneros, y también quienes participaron personalmente en las operaciones de represión.

Dicha responsabilidad, y éste sería el caso de Podlech, abogado y fiscal en Temuco, no deriva solamente del rol que estos miembros de las Fuerzas Armadas tenían al interior de los aparatos de seguridad del régimen militar, sino de las responsabilidades específicas demostradas gracias a declaraciones de torturados que se salvaron y pudieron rendir importantes testimonios.

El juez Capaldo está convencido de que el “sistema”, como denomina a la Operación Cóndor, se creó en 1974, y se estructuró definitivamente en 1975 cuando se realizó la primera reunión propiamente tal, que tuvo lugar justamente en Chile. Según las pesquisas realizadas en diversos países latinoamericanos, dicho “sistema” se habría desarrollado prácticamente sin interrupciones, aunque en modo diverso y con estrategias diferentes hasta la segunda mitad de la década de los ochentas.

Era palpable la emoción que recorría entre las personas presentes en el aula que iba a decidir sobre el destino de Alfonso Podlech: a muchas de ellas le recordó en cierta medida el juicio en Nüremberg, con los jerarcas nazis impávidos y desafiantes, jamás arrepentidos.

* Periodista, especial desde Roma para Surysur.
Más informaciòn sobre el enjuiciamiento del criminal en este portal:

– Alfonso Podlech: el asesino es objeto de una batalla en Italia
– Ernesto Carmona /…Chile, Argentina y Uruguay una gran prisión de “extraditables”.