El indulto de la justa discordia
El Partido Radical de Chile convocó a un acto para honrar la memoria de Tucapel Jiménez (foto apertura), el líder sindical asesinado en febrero de 1982, y a todos los mártires de esa tienda política, informó Pelayo Fuentes Riquelme, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Social y Organismos Comunitarios de esa organización, ue la medida de Lagos causó “estupor” entre los militantes..
La mayoría de los radicales se siente herida por el indulto que otorgó el Presidente Ricardo Lagos al suboficial Manuel Contreras Donaire, uno de los principales asesinos del presidente de la poderosa Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). La reunión se efectuó el martes 30 en la sede partidaria de Miraflores 495, piso 1.
Tucapel Jiménez Fuentes, hijo del líder asesinado, expresó claramente su molestia por la decisión presidencial. En Chile muchos temen temen que el indulto sea el primer paso de un “punto final” por la vía de “conmutar penas” de altos oficiales condenados por crímenes ocurridos durante la dictadura militar, en una suerte de versión local del “perdonazo” otorgado por la panameña Mireya Moscoso a los terroristas liderados por Luis Posada Carriles poco antes de expirar su período presidencial.
Lagos ha sido criticado por contradecir su doctrina “hay que dejar que las instituciones funcionen”, incluso por aliados como el presidente de la Cámara de Diputados, el DC Gabriel Ascensio, quien recordó que en el sistema democrático chileno las políticas de indulto constituyen una facultad del Congreso Nacional. Otros sectores señalaron que el presidente interfirió las atribuciones del Poder Judicial, que ya había sentenciado a Contreras Donaire, impidiendo “que las instituciones funcionen”.
EL EJÉRCITO CALLARÁ INFORMACIÓN, PERO NO OLVIDA
La elite de generales y altos oficiales en retiro que acompañó 17 años al dictador Augusto Pinochet utilizó el entierro del general Carlos Forestier –suegro del comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre– para pedir que se aceleren los juicios contra los altos oficiales que cometieron crímenes de lesa humanidad, aduciendo que actuaron por “obediencia debida” o acatando a los llamados “consejos de guerra”.
La autodenominada “familia militar”, que asegura tener unos 500.000 adeptos, se propone organizar una “coordinadora que agrupará a todas las corporaciones en retiro de las fuerzas armadas con el objetivo de ‘actuar masivamente cuando sea necesario’”, dijo el ex general Guillermo Toro según el diario La Nación de Santiago.
Forrestier murió antes que terminara el proceso por la desaparición y fusilamiento de diez partidarios de Salvador Allende en Pisagua, en el norte del país. El consejo de guerra “autorizó” el fusilamiento, pero los militares hicieron desaparecer para siempre los cuerpos de las víctimas.
———————–
Periodista.