Dic 23 2008
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Política

El laberinto colombiano

Juan Diego García*

La sucesión de escándalos que sacuden Colombia en los últimos meses ha contribuido no solo a un desgaste ya inocultable de su presidente, Uribe Vélez, sino al deterioro de la misma imagen del país como una democracia ejemplar.

 

 Ni el señor Uribe es un demócrata de pro a juzgar por sus múltiples vínculos con todos y cada uno de los escándalos en curso, ni la violencia que azota a Colombia desde hace décadas puede explicarse sin considerar el cuadro de profundas desigualdades económicas y sociales que soportan las amplias mayorías de la población.

El país está muy lejos de ser una democracia medianamente aceptable y se parece cada vez más a una dictadura civil en toda regla. Además, considerando que pobreza y desigualdad también se registran en otros países (y probablemente en mayor grado) sin que necesariamente aparezca una violencia tan cruda y permanente se concluye que la naturaleza cerrada y excluyen del sistema político y el recursos habitual de la clase dirigente a los métodos violentos casi como única respuesta a toda manifestación de descontento popular están en la base del conflicto armado.

A estas alturas parece tan solo una excusa sin fundamento la posición de Uribe negando la misma existencia del conflicto, algo que él reduce a un simple problema de delincuencia común sin contendido político alguno. Es obvio que, además de descalificar al oponente armado, Uribe expresa con ello la decisión de la clase dominante criolla de no negociar nada que no sea la rendición de las guerrillas al menor precio posible. Esa ha sido la estrategia de siempre -con éste y con los anteriores gobernantes- y nada indica que vaya a cambiar. En tales condiciones, si la guerrilla no es vencida (aunque sea golpeada) ni está dispuesta a deponer las armas a cambio de nada, la guerra continuará. Si el levantamiento campesino tiene justificaciones sobradas, si la cuestión de la tierra aparece como uno de los elementos centrales del conflicto y la clase dominante ni siquiera considera la necesidad de hacer una reforma agraria es igualmente obvio que la mayor responsabilidad (si no la única) de esta guerra interminable la debe asumir la burguesía criolla.

La cuestión adquiere además dimensiones mayores si se considera el entorno regional y mundial. En efecto, Estados Unidos –pero también Europa- asignan a Colombia un rol especial en su estrategia continental. El país andino es visto como un agente clave de los proyectos económicos del nuevo librecambio que busca reforzar la dependencia y sobre todo impedir cualquier proyecto nacionalista en la región. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) no son simples acuerdos comerciales. Incluyen muchos más aspectos y afectan a la misma soberanía nacional, de suerte que no debe extrañar la función asignada a Colombia como potencia militar regional para defender los intereses del capitalismo internacional.

Con un pie de fuerza espectacular (se dice que está por encima de medio millón de hombres) y un armamento igualmente desproporcionado para su población y recursos no extraña que muchos vean aquí un “Israel andino” destinado a convertirse en el recurso bélico de políticas imperialistas, en brazo armado de los intereses de Europa y Estados Unidos. Un país altamente militarizado y con gobernantes obedientes en extremo a los designios de Wáshington es un instrumento útil para amenazar procesos nacionalistas, asegurar controles geoestratégico al imperialismo y en última instancia estar en capacidad de intervenciones armadas bajo la dirección técnica y financiera de Wáshington y la Unión Europea, bastante más comprometida en esta guerra de lo que suele reconocerse.

La intervención permanente de paramilitares y servicios de inteligencia colombianos en Venezuela, y sobre todo la abierta agresión a Ecuador han sido tan solo ensayos de lo que podría ser en el futuro una política permanente. Un papel semejante se asigna a México, utilizando también la excusa de la lucha contra el narcotráfico.

En tal contexto Uribe Vélez y su gobierno, sometidos a escándalos diarios y desprestigio internacional, pueden convertirse en elementos disonantes que, de muy útiles hasta ahora, se convierten en obstáculo a eliminar. Uribe debería recordar que “Estados Unidos no tiene amigos sino intereses” y también que la nueva administración estadounidense necesita lavar la cara al proyecto colombiano que no solo tiene ya muy mala prensa sino que resulta poco satisfactorio en relación a los ingentes recursos que se le han entregado. Sin contar las guerras en Afganistán e Irak, Colombia es el tercer receptor de ayuda militar de los Estrados Unidos después tan solo de Israel y Egipto. Sin embargo, los resultados son muy magros.

Efectivamente, como demuestran sin ningún genero de dudas las estadísticas de la ONU y de las autoridades estadounidenses, la producción de estupefacientes no solo no disminuye sino que aumenta y las sonadas victorias del gobierno sobre las FARC son eso, muy sonadas y útiles para la propaganda pero no convencen a los entendidos. Esa guerrilla ha estado sometida a golpes aún mayores y se ha recuperado; la seguridad alcanzada en algunas zonas solo se debe a un repliegue táctico de los insurgentes. Por todo ello y ante la evidencia de una imposible victoria militar sobre la insurgencia ya se multiplican las voces que llaman a la sensatez y a la amplitud de miras y propician la negociación política del conflicto.

El precio de la guerra resulta ya asfixiante. El gasto militar es enorme y si hasta ayer parecía imposible sostenerlo (mucho menos ampliarlo), en la perspectiva de una crisis económica generalizada que ya golpea al país esas posibilidades son aún menores. Sencillamente, Colombia no está en capacidad de sostener ese conflicto por más tiempo; una salida pacífica y negociada parece lo más prudente.

El coste social y político no es menor. Hasta sectores que apoyan a Uribe (aquellos que no están contaminados del militarismo y el fanatismo de la propaganda oficial) se escandalizan por los vínculos oscuros del gobierno (y del propio Uribe) con prácticas de corrupción, nepotismo, manipulación y mentiras. La decepción en las propias filas aumenta cuando se comprueba la responsabilidad ya innegable en la trama paramilitar (a su vez estrechamente unida al narcotráfico) y en los asesinatos de civiles inocentes presentados por el ejército como “guerrilleros” dados de baja para cobrar recompensas monetarias, una práctica que con macabro eufemismo los militares denominan “falsos positivos”.

Estos crímenes presentados inicialmente como conductas excepcionales de alguna “manzana podrida” de la impoluta cesta de las fuerzas armadas se comprueban luego como una política de vieja data para animar a la tropa, como práctica generalizada propia de instituciones en franca descomposición.

Pero sería erróneo pensar que Uribe ha perdido todo margen de juego. De manera inesperada, esta misma semana ha ordenado al Congreso continuar sesiones para conseguir la aprobación de su reelección en 2010.

El presidente colombiano sabe que al menos por ahora no tiene en frente a ningún candidato que puede hacer peligrar su proyecto y tiene la firme convicción de que mientras las cosas sigan así, ni la vieja oligarquía colombiana ni menos aún los Estados Unidos están para arriesgarse. Él sigue siendo “el hombre de Wáshington” –por ahora– y confía en no tener la misma suerte desgraciada de otros gobernantes autoritarios y belicosos que en mala hora se creyeron imprescindibles.

* Un despacho de www.argenpress.info

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