Juan Guahán - CLAE

El jueves salió el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre los cuestionamientos al tarifazo en materia de provisión del servicio de gas. Esa resolución del Supremo Tribunal de la Nación provocó un terremoto al interior del gobierno de Mauricio Macri. No esperaban un fallo muy favorable pero tampoco creían que serían maltratados del modo que aconteció, aunque pudo haber  sido mucho peor. Ahora atenderán, con mayores precauciones, la situación de las tarifas de agua y luz.

La resolución de la Corte contempla varios aspectos que van a corazón del macrismo, algunos de ellos consideran falencias del gobierno anterior que nunca había sido consideradas por la Corte.

Anula los incrementos, producidos a partir del 1° de abril, respecto a los consumidores domiciliarios; ordena realizar el debate previsto en las audiencias públicas que habían omitido; plantea la necesidad de una razonabilidad en la fijación del monto de las tarifas a los fines de asegurar un “trato equitativo y digno”, a cuyos efectos alaba los fundamentos para el mantenimiento de la tarifa social y cuestiona que, desde hace años, no se haya designado al Defensor del Pueblo, cargo que debe ocupar un miembro de la oposición y que se encuentra vacante desde hace 7 años, porque el Congreso no cumplió con dicha tarea. En síntesis, es un fallo que recoge los lineamientos de los seguidores locales del papa Francisco, en las antípodas del pensamiento macrista.

El gobierno respondió diciendo que acata lo resuelto por la Corte y anunció,  la convocatoria, para el próximo 12 de setiembre, de las audiencias ordenadas por la Corte. Dicho fallo también le dio una mayor fortaleza institucional a las “audiencias públicas” incorporadas a la Constitución por el Art. 42 de la Reforma de 1994. Dichas audiencias pasan a tener una vigencia que, hasta ahora, era casi desconocida. Es bueno recordar que en la mencionada Constituyente, realizada en Santa Fe, participaron Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, actuales miembros del Supremo Tribunal en su carácter de constituyentes electos por el Partido Justicialista.

El reciente fallo solo es aplicable a los consumidores domiciliarios, que implican a menos del 30% del consumo total. Esto es así porque la Corte considera que no todos ellos están en condiciones, sociales y económicas, de litigar de un modo individual. En cambio los consumidores de las pymes, sociedades y grandes empresas solo podrán acudir a una medida semejante mediante reclamos específicos, a través de los pertinentes recursos de amparo. Es probable que ahora se desate un aluvión de reclamos por parte de estos sectores.

Los efectos de este fallo, para el gobierno, tienen naturalezas muy distintas y obligan a respuestas diferentes.

Desde el punto de vista presupuestario significa un costo algo superior a los mil millones de dólares que el Estado dejará de percibir. Es una cifra importante pero manejable. Según el gobierno eso puede afectar algunas inversiones previstas en materia de infraestructura. Hay que recordar que, con las tarifas ahora anuladas, el Estado todavía mantenía un subsidio del 35% para el gas y del 65% para la energía eléctrica. Estos subsidios –en general- privilegiaban a las regiones y sectores más ricos y de mayores ingresos. Si bien el Estado no tiene porqué esperar ganancias con los servicios públicos, también es cierto que es difícil mantener el actual nivel de subsidios derivado del hecho que entre 2003 y 2015 la inflación aumentó el 1400% y la facturación eléctrica sólo el 40%. Esos subsidios sumaron, entre 2003 y 2015, más de 75 mil millones de dólares.

El fallo mencionado también afectará, más allá de la cifra ya indicada, en las futuras inversiones. Es una nueva causa para que los inversores frenen su ya demorada llegada. Por lo pronto los eventuales inversores en materia energética lo pensarán dos veces o pedirán otras ventajas.

El costado donde el gobierno acusa los dolores más grandes está referido al tema político. Se trata de la incapacidad de evitar que el tema llegue a la Corte, de la imposibilidad de lograr un resultado distinto y por si todo esto fuera poco, ni siquiera sabían el contenido del fallo unánime.

Este fallo termina por demoler el estilo macrista. Aquella inverosímil idea de ¡hago lo que se me da la gana!, inaugurada con la pretensión de meter dos miembros de la Corte por la ventana, ahora se estrelló contra la realidad. Los que no aceptaron dar marcha atrás “para que el Presidente no demostrara debilidad”, pueden ver en vivo y directo los efectos de su modo de considerar  la política y administración del Estado.

Tal como se veía venir, se está acabando esa idea de “superioridad”, ahora tendrán que comunicar un programa o plan de trabajo. El conocido y vacuo discurso, que apela a globos, citas y lugares comunes, ya no alcanza.

El Presidente Macri tendrá que entender el mensaje recibido o prepararse para padecer las “genialidades” de sus consejeros más cercanos. Un hecho menor demuestra la diferencia de “cintura política”, entre macrismo y peronismo. El bloque peronista, maltrecho y acosado por la corrupción, prefirió –en la interpelación a Juan José Aranguren- “esconderlo” a Julio de Vido para evitar que el interpelado lo use para descargar sobre el ex Ministro de Energía sus propias responsabilidades.

Otras novedades que tampoco alegran

 Dos noticias de los últimos días tampoco contribuyen a fortalecer el ánimo presidencial. Una está referida a las represas santacruceñas y la otra al Convenio que firmó la Federación que agrupa a sindicatos de la carne.

En el tema de las represas el gobierno estaba festejando que el convenio con los chinos para la construcción de las dos represas en la Provincia de Santa Cruz, se había cerrado con un ahorro de 1300 millones de dólares, reduciendo de 6 a 5 las turbinas de la “Néstor Kirchner” y de 5 a 3 las de la represa “Jorge Cepernic”, pero haciendo que su aporte energético sea constante y no solo para los horarios críticos. El inicio de las obras estaba previsto para setiembre u octubre. Pero ahora una asociación de abogados ambientalistas le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la suspensión de tales obras por motivos ambientales. Al mismo tiempo cuestiona la legalidad de las Audiencias Públicas realizadas a los fines legalmente previstos.

La Federación  Gremial del Personal de la Industria de la Carne y Derivados firmó un acuerdo salarial que contempla un incremento del 42%. La mitad sería retroactivo al mes de julio y la otra mitad se hará efectiva en marzo del año próximo. El gobierno aspiraba que los nuevos convenios no superaran el 30% y esta cifra evidentemente va contra sus planes. Desde los sectores empresariales de los carniceros, si bien hay dudas, estiman que ello repercutirá en un nuevo incremento de la carne al mostrador, éste rondaría el 5% de los valores actuales.