Evo desahucia los “innegociables e imposibles” pedidos de la VIII Marcha Indígena
En conferencia de prensa ofrecida el jueves en la ciudad de Cochabamba, Morales desahució cualquier posibilidad de diálogo o negociación en torno a la abrogación de normas referidas a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, o la modificación del trazo del tramo II de la carretera, la primera demanda del pliego.
El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Luis Sánchez dijo que aún no hay un diseño aprobado del trazo, y el jueves se fijó un año de plazo para estudiar siete posibles opciones, abriendo la posibilidad de modificar el tramo II. Sin embargo, el ministro Romero confesó que “técnicamente no es viable desviarel trazado de la carretera”, y Morales ratificó que no hay otra opción.
“¿Cuál otra alternativa? No hay otra alternativa, no hay otro tramo, es el único que tenemos”, dictaminó Evo y fustigó nuevamente a las ONGs por “hacer meter la pata” a la dirigencia indígena: “Decir que (la vía) vaya por Puerto San Francisco es meter camino a pantanales, bajíos y curichales. Algunos dicen que se vaya a dar una vuelta por arriba, tiene que pasar por Independencia, por Cocapata para bajar a Loreto, pasar por San Borja… son desubicados”. (Erbol)
Morales desestimó otras demandas del pliego, entre ellas las consultas previas a la construcción del túnel Aguaragüe y de las carreteras San Borja-Rurrenabaque y San Buenaventura-Ixiamas, y sobre todo la paralización de todas las actividades hidrocarburíferas en el Parque Nacional Aguaragüe de Tarija mientras no cuenten con la aprobación de los pueblos afectados.
“De Aguaragüe sale el 90 por ciento del gas que se exporta a Brasil y Argentina, la fuente de recursos para entregarlos a las regiones… Exigir la paralización de las actividades de exploración, explotación y exportación desde Aguaragüe provocaría una pérdida diaria de 11 millones de dólares… Significaría un atentado contra la economía nacional y los derechos de todos los bolivianos…”, señaló Evo.
Los marchistas indígenas también exigen el saneamiento de tierras en sus territorios, la expropiación de latifundios, una nueva Ley de Bosques y una Ley especial de áreas protegidas con participación indígena. Pero el Mandatario impugnó todos esos pedidos porque contradicen abiertamente su nuevo plan de tierras.
Según Morales, los indígenas quieren 18 millones de hectáreas adicionales a las 12 millones que ya poseen alrededor de 150 mil originarios, a razón de 80 hectáreas por persona, mucho más de lo tienen los campesinos e indígenas de tierras altas. Por ello, su gobierno propone recortar las TCOs indígenas “excesivas” y repartir las tierras como propiedades privadas entre los campesinos, cocaleros y colonizadores de su partido.
Morales advirtió que su gobierno no permitirá que los pueblos indígenas co administren las tierras fiscales con la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), y mucho menos autorizará que negocien con bonos de carbono en el marco del programa REDD y reciban directamente las compensaciones.
El Presidente no se refirió a otras demandas del pliego indígena, como por ejemplo la creación de ítems para médicos tradicionales y su inclusión en programas y sistemas de salud pública; la dotación de viviendas; el acceso a licencias y frecuencias directas y gratuitas para medios de comunicación indígenas; o la creación de la Universidad Indígena.
El Mandatario no explicó si, una vez cuantificada la población originaria en el censo nacional de 2012, se aumentará el número de escaños de diputados especiales indígenas en la ALP. Tampoco dijo nada del Fondo Indígena (FDPPIOyCC) que hasta ahora solo beneficia a la burocracia campesina de la CSUTCB y de la “Bartolinas”.
Evo aseguró que su gobierno respetará a la movilización indígena, pese a que “es injusta y perjudica al pueblo boliviano”, y sin embargo descalificó nuevamente a los marchistas que, en su criterio, “están haciendo turismo” con el financiamiento de ONGs, empresarios, madereros e inclusive de Naciones Unidas.
“Esta supuesta marcha sui géneris en un día avanza 40 a 50 kilómetros; que yo sepa es imposible, ni madrugando, lo real es que no se puede superar los 20 kilómetros. No parece una movilización de reivindicación social sino parece turismo: días que marchan, días que descansan, días que van en carros… ¿Es un viaje a pie o es un viaje a carro?”, se burló Evo y se mofó de las “facilidades con las que cuenta la marcha indígena… Tengo información que les sobra comida, (tienen) campamentos con lindas carpas, avanzadas que se los instalan las carpas…”.
El Presidente ?recordó que cuando él era dirigente cocalero “las marchas eran autofinanciadas e iban acompañadas sólo por la Asamblea de Derechos Humanos y en último caso de la Defensoría del Pueblo… Si hablamos de la forma de dormir en las marchas, cuántas veces yo sólo con una frazada envuelto y mi mochila era mi almohada… no conozco carpas, nunca he conocido…”.
Nota:
1. La Constitución reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas; y “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. La consulta previa es una obligación del Estado y también es un procedimiento de cumplimiento obligatorio que condiciona la explotación de recursos naturales no renovables. Antes de iniciar cualquier proyecto extractivo, el Estado debe convocar de buena fe y de manera concertada con la población interesada, a una consulta previa, libre, informada en el territorio habitado por los afectados, respetando sus normas y procedimientos propios.
El Estado Plurinacional de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria. La democracia directa y participativa se ejerce por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, las asambleas y cabildos deliberativos, y de la consulta previa a naciones y pueblos indígenas, establece el Artículo 11 de la CPE.
Son competencias exclusivas de las autonomías indígenas la administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción, y la gestión y administración de los recursos naturales renovables. (Art. 304) Son competencias compartidas de las autonomías indígenas el control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en su jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural. Una de sus competencias concurrentes es el control y monitoreo socioambiental a las actividades hidrocarburíferas y mineras que se desarrollan en su jurisdicción.
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